Francisca Palma Schiller

Continuan los coletazos de la decisión del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) de cerrar el aula escolar del hospital psiquiátrico del Salvador, ya que, junto con presentar recursos de protección e incluso llegar hasta La Moneda para solicitar apoyo y así evitar esta determinación, esta semana se sumó una nueva acción.

Con el respaldo de la municipalidad de Valparaíso y parlamentarios, la comunidad denunciará a la Defensoría de la Niñez.

Lo anterior se decidió luego de un transversal encuentro desarrollado este miércoles en el edificio consistorial porteño, lugar donde el alcalde Jorge Sharp, en compañía del diputado Hernán Palma, autor del Proyecto de Ley sobre pedagogía hospitalaria, recibió y entregó apoyo a los afectados.

"La decisión por parte del SSVSA es completamente repudiable y arbitraria. Nosotros exigimos, como municipio, que esta medida quede sin efecto para que los 14 niños y niñas que reciben una atención educativa especial, por sus particulares condiciones, la puedan seguir teniendo", indicó Sharp.

Entre las acciones que se tomarán como respaldo, el edil abordará la problemática en el Concejo Municipal y escalará esta denuncia a los ministros de Estado correspondientes, junto con oficiar al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) para conocer si tienen la capacidad de recibir a este grupo de estudiantes o no.

Defensoría y slep

A estas acciones, se suma la denuncia que se hará a la Defensoría de la Niñez.

Así lo explicó Carla Meyer, directora de Desarrollo Comunitario, quien detalló que "interpondremos una medida de protección para que se investigue desde los tribunales de familia la condición de vulneración de derechos".

Además, "vamos a coordinar acciones con la Defensoría de la Niñez para ponerla en antecedentes, cuestión de que puedan tomar las medidas correspondientes".

En lo que se refiere al Servicio Local, Meyer señaló que se le solicitará al SLEP que "nos pueda entregar información, si han tenido alguna solicitud desde el SSVSA de poder incorporar a los niños y niñas que son atendidas en estas aulas hospitalarias a sus establecimientos", una de las grandes incertidumbres de los apoderados.

"efecto dominó"

Temiendo un posible "efecto dominó" en el caso de que el cierre se concrete, el parlamentario Hernán Palma aseguró que el hecho es inconstitucional.

"Si se concretara el cierre de esta obra vía desalojo, lo que me parece agresivo y violento, sería un muy mal precedente porque podría producir un efecto dominó y que otros se arrogaran el mismo derecho. Esto es, de partida, inconstitucional, porque es vulnerar los derechos de la infancia", comentó.

Finalmente, en esa misma línea, Evelyn Buzeta, madre de uno de los niños que recibe su educación en el lugar, transparentó sus inquietudes.

"Esperamos que el tema no proceda más, porque nosotros estamos preocupados, ya que hay padres y niños que no tienen más opción que esa escuelita; es el único paso para que reciban educación", expresó la apoderada.

Consultados sobre la denuncia, desde la Defensoría informaron escuetamente que recibieron el oficio, por lo que ya están trabajando en la situación.

7 de diciembre se emitió la resolución del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio sobre el término del convenio.

A propósito del conflicto que se ha levantado por los ruidos molestos que genera el Parque Don Elías, la diputada Camila Flores, quien presentó un proyecto para que estos ruidos se sancionen en el Código Penal, se reunió con los afectados, quienes le explicaron de qué forma esta situación los está afectando.

Junto a ella estuvieron también presentes el consejero regional Percy Marín; la administradora del Club de Campo, Marcela Figueroa; y la concejala Marianela Antonucci.

"Tenemos un ejemplo práctico de cómo los ruidos molestos pueden alterar y destruir la vida de una persona", afirmó la parlamentaria Flores.

En este contexto, la diputada ofició a la municipalidad de Valparaíso para investigar posibles irregularidades en la concesión de permisos para eventos en el lugar.

"Creemos que los permisos para este tipo de eventos deben ser otorgados por la Delegación Presidencial, porque no son eventos menores, son fiestas y conciertos masivos que perturban la tranquilidad de vecinos que solo quieren poder descansar y dormir en paz", precisó al respecto el core Marín.

De igual forma, la concejala Antonucci indicó que el oficio busca que el alcalde Jorge Sharp "pueda poner a disposición los permisos solicitados por parte del Club de Campo relacionados a los eventos masivos realizados en dicho recinto", ya que las actuales patentes que posee "no permiten la realización de eventos, menos aún masivos".