Mirian Mondaca Herrera

Disconforme confesó sentirse la parte querellante luego de que el Juzgado de Garantía de Valparaíso decretara ayer el arraigo nacional para el capitán de Carabineros Gino Arias, tras ser formalizado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. Lo anterior, tras ser acusado de lanzar una bomba lacrimógena que le provocó una lesión ocular al joven de 26 años, Matías Orellana, en Valparaíso, el 1 de enero de 2020.

En la audiencia realizada este lunes, el tribunal porteño además estableció la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y de manipular armas de fuego. Desde la parte querellante, por parte de la familia del joven y de la municipalidad de Valparaíso, ya anunciaron que presentarán recurso de apelación, ya que habían solicitado la medida cautelar más gravosa.

Finalizada la audiencia, Gianni Fenelli, abogado querellante por parte de Juan Carlos Orellana, padre de la víctima, "teníamos muchas ansias de que este día llegara, en que dadas las investigaciones realizadas por la Fiscalía y una serie de pericias y de antecedentes que tenemos aportados a la carpeta investigativa, dan cuenta de la participación del imputado, de manera indubitada. Sin perjuicio de ello, lo más importante para nosotros es el inicio de esta causa en términos más formales ya, una investigación formalizada y, no obstante aquello, las medidas cautelares son discusiones que quizás a veces uno quisiera que sean más intensas como las que nosotros pedíamos, que es la prisión preventiva (...) a nosotros nos parece pertinente poder preparar un recurso de apelación (...)".

En tanto, Nicolás Guzmán, director de Asesoría Jurídica de la municipalidad de Valparaíso, remarcó que "quedamos disconformes porque desde la municipalidad de Valparaíso habíamos solicitado la medida cautelar de prisión preventiva y, en nuestra opinión, se acreditaban todos los supuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal, incluida la necesidad de cautela, debido a la peligrosidad del imputado (...)".

Cabe señalar que como querellante también actuó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Mezcla de emociones

La víctima en esta causa, Matías Orellana, calificó las sensaciones que tuvo tras la formalización como "una mezcla de emociones". Asimismo, planteó que han sido cuatro largos años para llegar a este día. "En lo personal, tenía mucha ansiedad de que esto ocurriera, de que se lograra formalizar e individualizar a una persona (...) Cuesta igual entender qué es lo que tiene que ocurrir para que una persona tenga que tener prisión preventiva. Es decir, a mí me quitaron un ojo de por vida, desfiguraron mi cara de por vida, una persona en el ejercicio de sus funciones".

Este lunes comenzó el juicio oral que se desarrolla en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso por el incendio con resultado de destrucción del Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua, ilícito registrado el 29 de enero del 2019.

Cabe recordar que los hechos se suscitaron tras la formalización de un hombre -que luego terminó siendo condenado- de iniciales J.N.H, acusado de asesinar a un sujeto de 34 años, situación que generó que una multitud de alrededor de 50 personas, procediera a linchar al imputado mientras este era trasladado al juzgado de Rapa Nui, lugar que finalmente terminó siniestrado por la turba.

Ya durante la jornada de ayer, se completó la etapa de alegatos de apertura respecto de los diez acusados por diversos delitos, entre ellos: daños a PDI, desórdenes públicos y amenazas, daños a (gendarmería) y lesiones leves (a gendarmes), daños (a tribunal) y lesiones menos graves, incendio, impedir auxilio de bomberos y daños (a notaría y conservador), lesiones a carabineros en servicio y daños calificados, y homicidio calificado frustrado.

La audiencia iniciada este lunes se realiza de manera híbrida. Su duración se estima en 40 días y con 60 testigos. En presencial acuden al juicio magistrados, fiscal y querellantes. Defensores y acusados asisten de forma remota desde territorio insular, conectados vía Zoom en sala habilitada en Centro Cultural Tongariki.

A su vez, el fiscal a cargo de la investigación, Osvaldo Ossandón Sermeño, dirige sus pesquisas en torno a lo que calificó de "atentado" a la comunidad de la isla. Y también de una afectación patrimonial a su historia a raíz de la destrucción total del inmueble que albergaba al Tribunal de Garantía, la notaría y el conservador.

En los hechos, en el incendio al Juzgado de Rapa Nui, al momento de la formalización del sujeto de iniciales J.N.H, la turba forzó la puerta del despacho, además de realizar un forado al techo, momento en que aprovecharon el combustible para encender elementos vegetales que arrojaron dentro del Tribunal. Eso mientras rompían ventanas y barrotes en la notaría del edificio, para luego lanzar adentro hoja de palma encendida y combustible.

29 enero de 2019, fecha en que una multitud procedió a incendiar el Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua.