Francisca Palma Schiller

Preocupado se encuentra el consejero regional, Manuel Millones, ya que, según denunció, en medio de una crisis de inseguridad latente, la Subsecretaría de Prevención del Delito, no habría proporcionado los recursos suficientes para mantener el plan de televigilancia que hoy posee el Gran Valparaíso a través de drones.

Según explicó, de los cinco aparatos que contaba la región para vigilar la zona hasta julio, hoy funcionarán solo tres, afectando con ello también las horas diarias de supervisión.

"Es incomprensible que la Subsecretaría no tenga los recursos suficientes para renovar el plan de cinco drones y los reduzca a tres y de cinco horas diarias de vigilancia aérea, solo se dispondrá de 2.5 diarias", detalló la autoridad local.

Además, señaló que, "se despidieron a siete funcionarios y entre ellos a los operadores de los drones mediante la empresa Ignous contratada para cumplir estas funciones".

En ese contexto, reflexionó Millones, "es insólito que el organismo público que tiene por ley la misión de prevenir los delitos no tenga plata y más aún cuando este programa fue diseñado por la misma Subsecretaría (…). Seamos claros: la autoridad tiene un discurso público frente a la delincuencia, pero en los hechos actúa sin convicción y pasan estas situaciones insólitas" y, frente a un déficit de 1.200 Carabineros, precisó, "la presencia de drones es una ayuda y por eso que la medida es irracional y muy particularmente cuando hay niveles de violencia y delincuencia que obligan a priorizar todos los recursos que sean necesarios para combatir el crimen".

Inyección de recursos

Respondiendo a los hechos, Oscar Balcarce, coordinador regional de Seguridad Pública aseguró la inyección de recursos por parte de la cartera y por ende, la continuidad del plan.

"La Subsecretaría de Prevención del Delito ha inyectado otros 85 millones de pesos en julio para mantener los equipos y drones operativos, a la espera de la ejecución del convenio con el Gobierno Regional de Valparaíso que ampliará la capacidad de vigilancia a ocho drones y una nueva sala espejo", declaró Balcarce.

"El convenio ya está firmado y estamos a la espera de la toma de razón de la Contraloría", añadió.

Tras tomar conocimiento de un hecho de connotación sexual en el Colegio Rubén Castro de Viña del Mar, la Superintendencia de Educación ingresó una denuncia de oficio, con el objetivo de revisar si el establecimiento procedió conforme a la normativa educacional y si aplicó los protocolos correspondientes.

En ese contexto, cabe informar que a partir de esta denuncia, según explicaron desde el organismo, "se realizó un proceso de fiscalización, en el que se pudo constatar que el establecimiento efectuó una serie de acciones pertinentes frente a este caso", como llevar adelante un proceso de investigación de los hechos denunciados, mantener una "comunicación fluida con los/las involucrados/as y sus familias", coordinar "la entrega de apoyo psicológico" y "presentar una denuncia ante el Tribunal de Familia y la Fiscalía, además de desvincular a la docente involucrada".

Asimismo, se pudo constatar que el colegio efectivamente contaba "con un 'Protocolo ante sospecha de abuso sexual y actos de connotación sexual' en su Reglamento Interno -como establece la normativa-, aunque carecía de algunos contenidos mínimos exigidos".

Sin perjuicio de lo anterior, "luego de las observaciones que realizó la Superintendencia en la primera fiscalización", el recinto "subsanó esta falta -que se considera leve en la normativa-".

Considerando todos estos antecedentes, "la Superintendencia determinó que no amerita iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del sostenedor, ya que veló por el adecuado cumplimiento de la normativa educacional", esto "sin perjuicio de las demás acciones judiciales o legales que se están llevando a cabo por este caso y que competen a otras instituciones".