Guillermo Ávila Nieves - La Estrella de Valparaíso

En mayo de 2020, el empresario Alejandro Correa fue asesinado en Concón luego de que se viera enfrentado con quienes ocupaban de forma ilegal un terreno de su propiedad en la comuna de Quilpué.

Un caso que gatilló en tribunales y que por sus ribetes impactó a la opinión pública nacional. Y es que la expansión al alza de las ocupaciones ilegales e irregulares en el país, en propiedad fiscal y privada, se da en medio de un déficit de viviendas y loteos bajo la tutela de bandas que comercializan terrenos, en donde, precisamente, no cuentan con atribución legal para estos fines.

De acuerdo a información publicada por El Mercurio, el ministerio de Bienes Nacionales entregó un informe en la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso donde reconoce que no pueden fiscalizar los terrenos donde se producen los asentamientos ilegales.

No es todo: solo disponen de 55 fiscalizadores y 16 drones para esta labor. Incluso admiten "imposibilidad de realizar todas las fiscalizaciones requeridas por falta de recursos". El documento detalla que el Fisco figura además como propietario del 54,75% del territorio del país, equivalentes a 41.397.778 hectáreas, de las cuales 25.124.526 están a título de esa cartera.

Mano dura y blanda

Para Manuel Millones, vicepresidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional, para enfrentar esta temática "hay que tener una mano dura contra los que lucran con los loteos irregulares y abusan de los más humildes, vendiendo terrenos que no son de ellos". No obstante, el core aclara que a las familias que viven en esos sitios tomados y que son primera vivienda "hay que tener una mano blanda y apoyarlos a regularizar su situación vía programas formales del Serviu y del Gobierno Regional bajo el alero del convenio de programación que tenemos para dotar de agua y alcantarillado a los campamentos factibles de regularizar".

Ahora, sobre el desalojo en terrenos fiscales, Millones apunta a que los tribunales ya fijaron un criterio que es el respeto al derecho a la propiedad. "Allí hay dos caminos para recuperar esos terrenos: de corto plazo, cuando son bienes fiscales se puede proceder un desalojo vía administrativa y/o judicial, depende del uso del suelo usurpado. Distinto es el caso si se trata de terrenos privados, allí el camino no es otro que la vía judicial".

En el mismo documento se señala que a nivel país, entre enero y marzo de este año, la cifra de nuevas ocupaciones ilegales e irregulares identificadas en propiedad fiscal era de 256, cuyo registro subió en 445 en período abril-junio, hasta totalizar 701 al primer semestre de 2024.

Para el core Percy Marín, la situación se ha incrementado "gracias a la negligencia". A su juicio, tiene que ver "con la nula falta de voluntad política para erradicar las usurpaciones, ya que en muchos casos, han sido promovidas por el sector político que gobierna".

Marín agrega que dentro del propio ministerio le señalaron que la problemática no pasaría por la falta de fiscalización, "ya que el ministerio conoce casi la totalidad de inmuebles fiscales usurpados, el problema es la falta de una política de recuperación de inmuebles fiscales, como se hacía antiguamente y donde se involucraba de manera activa al Consejo de Defensa del Estado (CDE)".

Problema de Estado

El diputado Andrés Celis expresa que la situación en la Región de Valparaíso "es crítica". Para el parlamentario RN, lo más grave, "es que en comunas como Viña del Mar o San Antonio, vemos como incluso se incentivan estas ocupaciones irregulares. No podemos permitir que esta falta de fiscalización y el abandono del Estado sigan deteriorándolas. Gobierno debe destinar recursos".

A su vez, la legisladora PPD Carolina Marzán señala que "nos hemos topado con el mismo problema: la falta de personal para una efectiva fiscalización, algo que también se manifestaba en administraciones anteriores. Pasa a ser un problema de Estado".

Desde el 2018, acota la diputada, ha solicitado más recursos. "Hasta el momento, ha sido complejo y es una urgencia que en el Congreso debamos discutirlo". Marzán añade: "Hay una tremenda problemática con una toma que es de las más grandes de Chile, en San Antonio o la del terreno de la familia Correa, las dos primeras en proceso de desalojo, que si bien está dentro de la ley, genera una crisis habitacional y, peor una crisis familiar y emocional".

Finalmente, el diputado Republicano Luis Sánchez lanza dardo a la actual administración. "Es algo sabido que la mitad del país es propiedad del Estado, y que no se tienen capacidades suficientes para fiscalizar todo, pero en lo que va de este Gobierno no han hecho nada para corregir esta situación". Y enfatizó: "No ha habido aumentos de presupuesto y para peor, solo se han concentrado en la situación de predios privados traspasando las responsabilidades a sus dueños".