Francisca Palma Schiller

Una opinión muy crítica han asumido organizaciones que velan por la protección de la infancia que examinaron la sentencia emitida esta semana por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de las vulneraciones que sufrieron 271 jóvenes por parte del Sename.

Mientras el Ministerio de Justicia asegura que se ha ido avanzando en mejoras y en la reparación, la ONG Paicabí de Viña del Mar y la Red de Sobrevivientes de Chile discrepan. A juicio de sus voceros, la deuda "crece todos los años, porque cada día que pasa en la vida de una víctima sin justicia, es un nuevo martirio".

"Esta es una prueba más de lo que venimos diciendo organismos de derechos humanos chilenos y extranjeros hace años: el Estado de Chile tiene una deuda gigantesca de justicia, verdad y reparación para con las infancias vulneradas en entornos institucionales", comentó el periodista Eneas Espinoza, fundador y coordinador de la Red de Sobrevivientes de Abusos en entornos institucionales.

"punta del iceberg"

Sobre los casos que señala la Corte en este fallo, tales como el de Puerto Montt -centro donde fallecieron en un incendio diez jóvenes que se encontraban bajo cuidado del Estado-, según señala Espinoza, "son apenas la punta del iceberg".

"La absurda cantidad de años que toma y los poquitos casos que pueden llegar a una Corte Internacional hablan de nuevo de las falencias del Estado: quienes tienen la posibilidad de litigar contra el Estado en una Corte así son muy pocos; la gran mayoría ni siquiera denuncia en primera instancia, porque sabe lo que tiene por delante, la impunidad de los que cometen estos crímenes. Morir en un incendio es apenas la punta del iceberg de la cantidad de vulneraciones que suceden en los entornos institucionalizados", comentó.

A esta crítica, el fundador de la Red también lanzó dardos a la Comisión Asesora creada por el Presidente Gabriel Boric en el mes de diciembre, la que busca establecer verdad en relación a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de vulneraciones de sus derechos humanos bajo la custodia del Estado. "Creó una comisión recortada y sin capacidad real de atender este problema. El Estado de Chile debe crear una comisión que sí tenga las capacidades legales, recursos suficientes y personas idóneas", dijo Espinoza.

Desprotección

Para la ONG Paicabí, corporación que trabaja en la promoción y defensa de los derechos de la infancia, la opinión es similar. Así lo dejó en evidencia su director ejecutivo, Iván Zamora.

"Es una señal inequívoca de un Estado que históricamente no ha logrado garantizar los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lo que tiene como resultado un continuo de desprotección y vulneraciones reiteradas", reflexionó.

A lo anterior, agregó que "es relevante señalar que la condena llega después de 18 años desde su presentación, lo que es indicativo de la falta de celeridad para responder oportunamente".

Examinando el rol del Ejecutivo, sobre todo en lo que respecta al sustento de este tipo de sistema, Zamora critica el "paradigma de la caridad", como también el frívolo, a su parecer, modelo de licitaciones.

"Con la visita que realizó el Comité Internacional de los Derechos de los Niños el año 2018, a propósito de todas las denuncias realizadas por tratos crueles y muertes de niños en Sename, entre las conclusiones se señala que el sistema de protección se sostiene desde el paradigma de la caridad, lo que implica que el Estado no asume la responsabilidad de garantizar los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para prevenir y reparar a las víctimas de vulneraciones a sus derechos", revela.

Otro elemento "que se profundiza en el sistema de protección", recalcó el director de Paicabí, "es el modelo de licitaciones para la atención de los niños y niñas", lo que a juicio de la ONG es "deshumanizador y coloca en el mercado las vulneraciones de la infancia maltratada, así como se coloca en licitación un puente, un camino, la construcción de viviendas, etc.".

18 años después llega la sentencia luego de su presentación. Expertos acusan además falta de celeridad.

Con nueve votos a favor, incluyendo el de la alcaldesa Macarena Ripamonti (Frente Amplio), y una abstención (José Tomás Bartolucci, UDI), el concejo municipal de Viña del Mar aprobó el trato directo para que Cosemar ejecute el servicio de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos domiciliarios. Este contrato será por un períodos de ocho meses, previo al inicio de la licitación también aprobada a la empresa.

Según informaron desde el municipio, la nueva licitación busca incentivar la implementación de tecnologías de optimización de la gestión de residuos, como sistemas de detección de llenado, optimización de rutas en tiempo real que permitan mejorar la eficiencia y transparencia del servicio.

La maquinaria que incluye la licitación considera camiones recolectores tradicionales y laterales, camiones lavadores, ampliroll, cajas open top, camiones aljibes, pluma 3/4 y camionetas doble cabina.

En relación a los contenedores, estos deben ser de color gris en cumplimiento de la Norma Chilena NCh3322, y tener adhesivos informativos sobre horarios de recolección.

De acuerdo a las bases de licitación, el adjudicatario se compromete a efectuar, entre otars cosas, una redistribución de los sectores concesionados en función del principio de eficiencia de las rutas, un aumento de frecuencias tanto en recolección lateral como en el retiro de voluminoso, implementación del programa Servicio Integral de Limpieza (SIL), incorporación de nueva tecnología y mecanismos de incentivo, aumento de contenedores y mejoras laborales para su trabajadores.

La alcaldesa Ripamonti reconoció que se se trata de "un contrato urgente que requería mayor capacidad para la eficiencia de nuestro servicio de recolección".

Pese a que la mayoría de los concejales aprobó la propuesta, varios coincidieron en la necesidad de efectuar una evaluación al cabo de un año de vigencia del contrato producto de la licitación. "Me sumo con gran ímpetu a la solicitud de la concejala Antonella (Pecchenino), al concejal Alejandro (Aguilera), de que en un año más analicemos esta situación, pero no solamente la analicemos, sino que veamos cómo se ha fiscalizado que este proceso ha funcionado bien", planteó el edil Andrés Solar (Partido Republicano).

8 meses, trabajará Cosemar en el marco del trato directo, previo al inicio de nueva licitación también aprobada.