Mirian Mondaca Herrera

Los fuertes y reiterados golpes que los ahora exguardias municipales de Seguridad Pública de Viña del Mar propinaron a un hombre en situación de calle durante este jueves 27 de marzo, terminaron por costarles la libertad, ya que tras ser formalizados, ayer el Juzgado de Garantía de la comuna resolvió dejarlos con la medida cautelar de prisión preventiva. De esta forma, a los tres acusados se les formalizó por el delito de torturas y fueron derivados al Complejo Penitenciario de Valparaíso, donde permanecerán por los 80 días de investigación que se fijaron como plazo.

De acuerdo a los antecedentes expuestos durante la audiencia por la fiscal Paola Rojas, los imputados llegaron hasta el lugar de los hechos -un sector de rucos a la orilla del estero Marga Marga Marga- tras haber sido alertados de un supuesto robo que habría cometido la víctima en un local comercial de la ciudad. No obstante, la persecutora cuestionó que el actuar de los sujetos se haya ajustado a un procedimiento de este tipo. En este caso, la supuesta víctima de la sustracción habría sido un familiar -aparentemente madre- de un miembro del equipo de Seguridad Municipal, lo cual está siendo investigado en el marco de esta causa.

En ese sentido, Rojas sostuvo sobre estos hechos ocurridos alrededor de las 11:25 horas del jueves, que los imputados golpearon al hombre haciendo uso de bastones de madera provistos por la municipalidad para el ejercicio de las labores preventivas de seguridad que desempeñan. Aquello, "además de emplear como arma de castigo un tablón de madera de 1,63 metros de largo con 90 centímetros de ancho aproximadamente, causando a la víctima dolor y grave padecimiento físico y psíquico (...) a pesar de actuar bajo la excusa de una detención por flagrancia, los imputados una vez terminada la golpiza, dejaron abandonada a la víctima (...)", indicó la fiscal.

Rojas añadió también que las múltiples lesiones provocadas a la víctima, principalmente en su cabeza, espalda, hombros, brazos y muñecas, tuvieron a la víctima en riesgo vital durante las horas posteriores. Hasta el cierre de esta edición, el afectado de 26 años se mantenía internado con pronóstico reservado en el Hospital Gustavo Fricke.

Para acceder a la solicitud del Ministerio Público de formalizar a los imputados por el delito de torturas, petición a la cual se sumó la abogada querellante del INDH Valparaíso, Diana Valdés, el juez Francisco Cabezas planteó que se tomó en consideración que actuaron "con especial saña y con especial insidia" contra una persona que no se encontraba en capacidad de defenderse.

Lo anterior, "con armas de servicio que le fueron proporcionadas por la municipalidad y extralimitándose más bien de las funciones de seguridad que les son propios conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades".

En esa consideración, agregó el juez que se accedió a la solicitud "teniendo suficientemente acreditado el delito (...) también por la cautela de los bienes jurídicos, en el sentido (...) que el bien jurídico cautelado en el delito de torturas no es solamente la integridad de la personas, sino que también el Estado democrático de derecho y el ejercicio de la fuerza por aquellos agentes estatales que están autorizados a ejercerla, cuyo no es el caso de los funcionarios municipales, y además debiendo ser ejercida con reglas especiales por la naturaleza de la intervención estatal que reviste esa fuerza; y en atención a la falta absoluta de proporcionalidad de los hechos en que se ha incurrido (...)".

Tanto Claudio Uribe, abogado que representa a uno de los imputados, como Rodrigo Garrido, defensor penal público de los otros dos, cuestionaron que se les haya formalizado por torturas. "En general todos los representados no tienen entre sus funciones el uso de la fuerza, por lo tanto si alguna figura penal correspondía era, a nuestro juicio, el delito de lesiones. Creemos además que en ese sentido se ha hecho una interpretación demasiado amplia de la figura de tortura y de lo que es un funcionario público (...)", señaló Uribe. En tanto, Garrido indicó que "eventualmente se podría calificar como un delito de lesiones, se tendrá que ver la actividad de la lesión en este caso".

Ayer el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Valparaíso, presentó una querella criminal por el delito de torturas contra los tres guardias municipales formalizados por golpear brutalmente a un hombre en situación de calle. La víctima , de nacionalidad venezolana, fue abordada en un sector de rucos a un costado del estero Marga Marga en Viña del Mar, a la altura de calle Etchevers.

Con la presentación de esta acción, el INDH figura como querellante en esta causa, por lo que en su representación la abogada Diana Valdés se hizo parte en el control de detención y formalización efectuado en el Juzgado de Garantía viñamarino. En la instancia, la jurista se sumó a la solicitud de prisión preventiva para los imputados hecha por el Ministerio Publico, lo que finalmente fue concedido por el magistrado Francisco Cabezas.

En relación a la querella presentada, el director el INDH Valparaíso, Fernando Martínez, detalló que "hemos presentado querella por tortura en base a lo dispuesto en el artículo 150A del Código Penal (...) El INDH solicitó la detención en flagrancia de estos guardias municipales que excedieron todo tipo de atribuciones e incurrieron, a nuestro juicio, en este delito de tortura".

Asimismo, desde el INDH Valparaíso oficiaron a la municipalidad para solicitar que se instruyeran las respectivas investigaciones administrativas.