En cuanto al debate que se ha generado por las fiscalizaciones a los médicos que emiten licencias médicas, resulta valioso profundizar en los problemas de fondo relativos al uso fraudulento que se hace de este importante instrumento sanitario.

En primer lugar, es importante recordar que, si bien la emisión de una licencia sin fundamento constituye una falta para el emisor, lo es también el uso de este instrumento por parte del receptor. En efecto, los datos indican que las personas normalizan la utilización de este permiso para resolver un variado tipo de conflictos personales, laborales o sociales. A ello contribuye la generosidad del subsidio asociado, el que este sea renovable casi indefinidamente, que no haya una supervisión o involucramiento mayor de los empleadores y que las normas no consideran sanciones o consecuencias que permitan desincentivar estos comportamientos.

Asimismo, la evidencia muestra que los trabajadores que no tienen días de carencia ni tope en el monto recibido (sector público), así como menor fiscalización (Fonasa) hacen un mayor uso de este instrumento, sin que existan razones sanitarias.

Por todo lo anterior, urge avanzar en medidas como: i) instalar una primera revisión en Fonasa, considerada en un proyecto de ley en discusión, ii) definir "temporal", dado que el subsidio está asociado a incapacidades temporales, iii) revisar los montos subsidiados, para incentivar el retorno al trabajo y desincentivar su uso para resolver otros problemas, considerando una reducción gradual, como ocurre en la mayoría de los países.

Abordar el creciente gasto en subsidios por licencias médicas, especialmente en contextos de estrechez financiera, es esencial, pero requiere una mirada integral. Existen varias propuestas sobre la mesa que deben ser consideradas e incorporadas en las reformas en discusión.

Dr. Jorge Acosta - Director Ejecutivo

Carolina Velasco - Directora de Estudios

IPSUSS - Universidad San Sebastián

La consultora Colliers reveló que, durante 2024, unas 500 mil viviendas de clase media estaban pagando contribuciones equivalentes al 2 % del ingreso familiar. Estamos hablando de entre 56 mil y 1,1 millones de pesos anuales, dinero que podría destinarse a mejorar las condiciones de vida de las familias, la educación de sus hijos, la salud o el ahorro. Este impuesto, aplicado sobre el avalúo fiscal del bien raíz, está vinculado a la plusvalía del sector: mientras mejor es tu barrio, más dinero deberás pagar. Si, después de saldar el préstamo hipotecario con el banco, aún debes seguir pagando al Estado, ¿realmente puedes considerar tu casa completamente tuya?

Con todos los impuestos que ya afectan la vida cotidiana de las personas, el Estado no deja de crecer y sus arcas no dejan de llenarse, mientras nuestras condiciones de vida como ciudadanos no mejoran. Dada esta ineficiencia, sería mucho mejor que se dejaran de cobrar estas contribuciones y que las personas pudieran elegir libremente cómo mejorar su estilo de vida.

Tomás Ojeda Aravena

Fundación para el Progreso