En las últimas semanas hemos presenciado, con creciente preocupación, una serie de errores graves por parte de instituciones fundamentales del Estado. Tres casos recientes (la administración de vacunas COVID-19 vencidas a más de 18 mil personas, la entrega de cifras incorrectas por parte del subsecretario de Pesca en plena discusión legislativa, y la presentación de un informe erróneo por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres) ante el Congreso) configuran un patrón alarmante de negligencia institucional que no puede seguir normalizándose.

En cada uno de estos casos no solo hay errores administrativos, sino fallas estructurales en la gestión de la información pública, compartiendo un denominador común: el desprecio por la calidad de la información.

La información pública no es un dato anecdótico ni una herramienta comunicacional: es un derecho ciudadano, una obligación institucional y el cimiento de cualquier política pública seria. Cuando el Estado falla en esta tarea, no solo se debilita la gestión: además se erosiona la confianza de las personas en sus autoridades.

Por eso, es necesario que el gobierno del Presidente Gabriel Boric asuma responsabilidades. No basta con delegar las disculpas a subsecretarios o directores de servicio. Cuando las fallas se acumulan en distintos frentes del aparato estatal, el liderazgo político debe dar la cara, reconocer las debilidades del sistema y comprometer correcciones inmediatas y profundas.

Lo que el país necesita con urgencia es una Agencia Nacional de Integridad Pública, autónoma, con facultades vinculantes, dedicada exclusivamente a fiscalizar la veracidad de la información oficial, monitorear la calidad de los datos entregados por las instituciones públicas y exigir estándares técnicos mínimos en las comunicaciones estatales. Esta agencia debe tener atribuciones reales para sancionar a quienes, por omisión o acción, desinformen o cometan errores que comprometan decisiones críticas para la población.No se trata de perseguir culpables para exhibirlos públicamente. Se trata de recuperar la confianza de una ciudadanía que ve cómo los errores del Estado afectan su salud, su empleo y su representación democrática.

Gonzalo Araya Muñoz

Magister en Salud Pública

Director de la Corporación Actúa

El sábado se conmemoró en el mundo el Día Internacional contra la Homo/transfobia, una fecha que recuerda cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró a la homosexualidad de su lista de enfermedades.

96 instituciones de todo el país (67 municipios, 20 embajadas, el Ministerio Público, el Senado, los Gobiernos de Santiago y Valparaíso y el Injuv, entre otros) desplegaron en sus frontis la bandera LGBTIQ+, en el marco de la Campaña Arcoíris. Sin embargo, por primera vez conmemoramos esta fecha en Chile con un balance negativo. Los derechos LGBTIQ+ están retrocediendo. Chile está retroceso con los derechos LGBTIQ+

Recientemente la Cámara deDiputadas y Diputados aprobó un informe que busca restringir derechos de niños, niñas y adolescentes trans en Salud y Educación. En el último año las denuncias y casos por discriminación subieron un 78.7%, registrándose un total de 2.847 abusos, la cifra más alta conocida hasta ahora. Estamos en un momento difícil y actuaremos a la altura de las circunstancias

Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Movilh