Leo Riquelme

Con una persona fallecida y otra herida terminó una balacera que se produjo en la madrugada de ayer en una discoteca de La Cisterna. Las víctimas fueron llevadas a distintos centros asistenciales capitalinos y ambas portaban pulseras de clientes del local.

El tiroteo se registró alrededor de las 5.00 horas en el estacionamiento del Club Imperio, ubicado en avenida El Parrón, frente al Estadio Municipal, donde vencidos alertaron sobre una gran cantidad de disparos cuando el negocio ya estaba cerrado.

"Carabineros se constituyó acá verificando la existencia de evidencia balística", comentó el capitán Jorge Soto, de la Décima Comisaría, quien inicialmente indicó que habían encontrado cuatro vainillas, las que en las pericias posteriores aumentaron a al menos a 14.

Uno de los heridos, de 30 años de edad, quien finalmente falleció, fue llevado de urgencia por cercanos al Hospital Padre Hurtado, en la vecina comuna de San Ramón. Carabineros llegaron a dicho recinto alertados por el médico de turno. La víctima fatal mantenía heridas de bala en el tórax y otra en la pierna izquierda.

A una hora similar se recibió la denuncia de que una persona, de 26 años, había sido ingresada por un impacto de tiro en su mano izquierda al Hospital Barros Luco, en la comuna de San Miguel, aunque sin riesgo para su vida.

"(Éste)señaló que se encontraba fuera de la discoteca acá en El Imperio, en La Cisterna, como a las cinco de la mañana. La discoteca ya había cerrado y se produjo una discusión entre varias personas", agregó el capitán.

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Carlos Eltit, informó que ayer estaban entrevistando a cercanos a las dos víctimas, a fin de obtener información que ayudara a aclarar lo sucedido, además de revisar cámaras del local y el entorno que pudieron captar el hecho.

Lo sucedido ayer recuerda lo vivido en abril de 2024, cuando un joven murió y otro resultó herido. Ambos fueron baleados mientras estaban en un auto en la esquina de la misma discoteca.

En esa ocasión Carabineros informó que los dos estaban en el local, del que salieron luego de sostener una discusión con otras personas. Afuera les dispararon desde una motocicleta.

El Gobierno ordenó ayer a los servicios públicos de su dependencia que emitan un informe sobre las licencias médicas de sus trabajadores, luego que un reporte de Contraloría detectó que entre 2023 y 2024 25.078 funcionarios salieron de viaje al extranjero mientras cumplían el reposo legal.

"Es una conducta inaceptable, grave... un abuso", indicó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al hacer el anuncio de visita en Iquique. "Hay que velar por el buen uso de los recursos que corresponde a todos los chilenos, a los trabajadores", agregó.

El jefe de gabinete planteó que para los funcionarios de servicios descentralizados el Ejecutivo espera que las jefaturas tomen la misma acción, pues es un deber exigir que no se vulnere un derecho legal al que tienen derechos los empleados cuando se encuentran enfermos.

Elizalde añadió que ante el informe de Contraloría los antecedentes serán derivados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe si proceden acciones penales o civiles, según el caso.

De acuerdo con el reporte fiscalizador emitido el martes, los servicios que tienen más viajes al exterior en estas circunstancias fueron la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji, con 2.280 funcionarios), la Fundación Integra (1.934) y la municipalidad de Arica (719).

La directora del Compin, Valeria Céspedes, indicó en TVN que el reposo médico debe cumplirse en el país, y una salida debe ser explícitamente indicada en la licencia. Añadió que cuando se detectan irregularidades en privados se rechaza el permiso, pero cuando se trata de funcionarios públicos se comunica la falta al empleador para que abra un sumario.

En prisión preventiva dejó ayer el cuarto juzgado de garantía de Santiago al ahora exguardia municipal de La Reina, Patricio Sánchez, quien mató de un balazo a un motociclista y dejó a otros dos heridos durante una manifestación realizada en avenida Ossa.

Para el juzgado, la libertad del desafectado inspector constituía un "peligro para la sociedad", como planteó en la audiencia la fiscal Marcela Miranda, quien lo formalizó por un delito de homicidio consumado, cuatro delitos de homicidio frustrado y dos delitos relacionados con la Ley de Armas, por tenencia ilegal de una pistola y de municiones.

Sánchez usó el arma personal que portaba, una Glock, cuando se vio amenazado por un grupo de motociclistas que lo acusaba de haber chocado a uno de los motoristas y no haberse detenido a socorrerlo. Quien sacó la peor parte fue el bombero Leandro Espinoza, quien recibió el tiro fatal percutado por el entonces funcionario.

La defensa del imputado alegó que Sánchez actuó en legítima defensa incompleta, es decir, que reaccionó de manera desproporcionada ante una agresión que también era ilegítima. El tribunal no lo acogió y aceptó su envío a prisión preventiva.

El juzgado estableció además un plazo de 90 días para la investigación.