Matías Gatica Lindsay

La Cancillería informó ayer que Chile retirará a sus agregados militares de Israel debido a la crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza.

El ministerio dijo que la embajada notificó a las autoridades de ese país el retiro de los agregados militares, de defensa y aéreo, "quienes se encontraban desempeñando funciones en nuestra misión en Tel Aviv", lo que "obedece a la gravísima situación humanitaria que vive la población palestina en la Franja de Gaza, producto de la desproporcionada e indiscriminada operación militar del ejército de Israel, así como por los constantes obstáculos para permitir el ingreso de ayuda al territorio palestino".

La Comunidad Judía en Chile consideró que la decisión "no responde a una política exterior seria ni coherente, sino que refleja una acción ideologizada que desconoce los intereses estratégicos del país y debilita vínculos clave para la cooperación internacional". "Es ideología disfrazada de diplomacia", agregó la vocera Susana Borzutzky.

El grupo parlamentario Chile-Israel concordó que "representa una acción desproporcionada y parcial que debilita no solo nuestra política exterior, sino también nuestros vínculos desde la perspectiva de la Defensa".

En la vereda contraria, la Comunidad Palestina respondió que la medida "constituye una señal clara y firme frente a la gravísima situación humanitaria que atraviesa el pueblo palestino (...) Valoramos especialmente que esta decisión se enmarque en una política de Estado".

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo en radio Cooperativa que lo hecho por el Gobierno "es una señal" ante lo que se vive en Gaza" y señaló que el Gobierno ha sido "muy enérgico para condenar los atentados de Hamas en Israel". Consultado sobre si Chile rompería relaciones con Israel, el ministro respondió que "yo creo que no es prudente especular".

El canciller Alberto Van Klaveren reafirmó que esa medida "no se ha anunciado" y recordó que la embajada sigue funcionando y que "hay una cantidad importante de ciudadanos y ciudadanas chilenos que requieren atención". Añadió que la delegación seguirá sin embajador.

Además, informó que "en cuanto a la provisión de material de defensa por parte de empresas israelíes, ésta se rige por contratos que tienen un carácter comercial y obviamente ahí se aplica una lógica comercial. Esos contratos siguen vigentes".

El Gobierno anunció ayer el ingreso al Congreso del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con plazos que habían sido comprometido por el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública de 2024.

En un punto de prensa junto a otros secretarios de Estado, la ministra Antonia Orellana explicó que "hemos propuesto iniciar el debate (sobre el aborto) desde las 14 semanas (de gestación) porque es experiencia de países con trayectoria similar a nosotros".

Orellana destacó que en este proyecto se considerarán las normas de objeción de conciencia establecidas en la ley actual, tanto personal como institucional; y la idea de garantizar el acceso a la prestación en el plazo más breve posible, lo mismo para el acceso a la información.

La ministra dijo que el costo del proyecto será de $2.600 millones. En ello se considera la provisión de los medicamentos, como también algunos recursos humanos.

En cuanto a los dichos del presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), quien señaló que no pondrá el proyecto en tabla porque "no es prioridad", Orellana señaló que "lamento que la disposición inicial sea a vetar el debate".

Admitió que es "ingenuo" creer que el proyecto se aprobará antes del fin de este Gobierno: "Queremos que se dé un debate razonado donde todas las posiciones puedan expresarse (...) Queremos que se ponga en tabla, pero no vamos a avanzar a tropezones".