Leo Riquelme

La empresa pública Metro anunció ayer el despido de 23 trabajadores tras descubrir que cometieron irregularidades relacionadas con licencias médicas, una investigación que se inició luego que la semana pasada la Contraloría detectara que 25 mil funcionarios habían salido al extranjero mientras gozaban con el permiso de salud.

La compañía indicó que se trata de un "primer grupo" cuya evaluación arrojó que incurrió en "incumplimiento grave a las obligaciones del contrato y falta a la probidad".

Estos se suman a la salida a inicios de semana que efectuó el gerente corporativo de la compañía, Pablo Baronti, que en una carta a sus trabajadores explicó que efectuó el viaje al extranjero estando con licencia por desconocimiento de la normativa.

La empresa notificó que se encuentra revisando otros 76 casos con posibles anomalías, proceso que aseguró está efectuando "con la máxima celeridad para adoptar las medidas correspondientes según la normativa interna de Metro y la legislación vigente, con el fin de sancionar cualquier irregularidad, como se ha hecho hasta ahora".

Junto a la desvinculación, Metro indicó que los antecedentes serán derivados a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) o a la isapre de cada desafectado, según corresponda, "a fin de que estas instituciones tomen conocimiento, investiguen y ejerzan las acciones que correspondan dentro de sus propias atribuciones legales".

Estas salidas se suman a las que también ha realizado el Gobierno central, organizamos descentralizados, municipios y otras empresas estatales, como Codelco, que al jueves llevaba 37 funcionarios despedidos por la situación,

El presidente de la comisión de Salud del Senado, Iván Flores (DC), anunció ayer la citación a la instancia de la superintendenta de Seguridad Social (Suseso), Pamela Gana, a quien desde la Cámara Alta le reprochan que no realizara cruces de datos antes como para identificar lo que sucedía.

"Ella no puede pasar piola en este escándalo", dijo el parlamentario.

El Tribunal de Garantía de Temuco acogió una petición de su defensa y rebajó la prisión preventiva al diputado Mauricio Ojeda, quien se encuentra imputado por dos delitos de fraude al Fisco en un convenio suscrito entre una entidad y el Gobierno Regional de La Araucanía.

La jueza Marcia Castillo le otorgó en su reemplazo las medidas cautelares de reclusión domiciliaria total y arraigo nacional, previo pago de una fianza de 40 millones de pesos. Sin embargo, hasta la tarde de ayer el parlamentario no podía abandonar la prisión debido a trámites judiciales.

Según consignó radio Bío-Bío el abogado del desaforado diputado, Raúl Pérez, el juez despachador a cargo del trámite solicitó informes de respaldo para firmar el documento que autorizara a Gendarmería la salida desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario temuquense, lo que hasta el cierre de esta edición no se cumplía.

De no llegar, se obligaría a Ojeda a permanecer en la cárcel hasta el lunes, por lo que su defensa ingresó un recurso de amparo para agilizar la salida, según consignó el mismo medio.

El Ministerio Público expresó su rechazo al cambio de cautelar, por lo que anunció que presentará un recurso para mantenerlo tras las rejas en el caso por el presunto destino irregular de un convenio por 730 millones,que incluía cursos de manicure.

Ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en contra del diputado Joaquín Lavín León y tres asesores, a quienes el organismo involucra en el eventual delito de malversación de caudales públicos relacionado con platas del Congreso.

El parlamentario exUDI es investigado por el Ministerio Público por la presunta presentación de facturas ideológicamente ante la Cámara de Diputados por servicios que nunca se habrían prestado.

Por esta razón en octubre fue allanado su hogar, su oficina distrital y se le incautaron el celular y computadores, en una causa en que también se le indagan posible fraude al Fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible por la relación que tenía con la municipalidad de Maipú cuando la alcaldesa era su esposa, Cathy Barriga, quien se encuentra imputada por una serie de irregularidades.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), comentó en X que "la querella presentada por el CDE contra el diputado Lavín respalda las acciones que hemos emprendido desde el municipio. La corrupción destruye las instituciones y daña profundamente la democracia, nuestro compromiso es combatirla con la mayor severidad siempre".

El municipio también es querellante en la causa.