Acusan desacato: aún no desalojan toma en terreno de familia Correa
Fallo de la Corte de Apelaciones ordenó demoler las viviendas construidas en Quilpué y pese a esto, desde al año pasado se está a la espera de que Serviu disponga de los recursos.
El tiempo avanza implacable y el pasado 18 de mayo se cumplieron cinco años del brutal homicidio del empresario Alejandro Correa en el exterior de su domicilio en Concón, cuya vida fue arrebatada por un sicario contactado por Renato López, ambos condenados.
Sin embargo, para nada sigue el mismo ritmo el desalojo de la toma del ahora terreno de la familia de la víctima, cuya ocupación irregular justamente fue la llama que encendió el conflicto que derivó en este alevoso homicidio, al ser el autor intelectual demandado civilmente por el empresario fallecido.
Más de un año
Pese a existir una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que ordenó demoler con cargo a Serviu aquello no ha ocurrido pese a que desde el año pasado esta entidad ha señalado que estan gestionando los recursos necesarios para hacerlo.
En el intertanto, la familia Correa Uribe, a través de su abogada Jeanette Bruna, ha realizado diversas gestiones, entre ellas solicitar reuniones vía lobby a Contraloría y autoridades del Ministerio de Vivienda, pero aún no hay fecha clara para el desalojo.
Con la finalidad de conocer el avance de la tramitación de los recursos para efectuar el desalojo, La Estrella se contactó con Serviu Valparaíso, desde donde entregaron una escueta declaración.
En concreto, aseguraron que ya solicitaron los recursos para la demolición y que "actualmente están en tramitación". Se trata de la misma respuesta entregada a nuestro medio en marzo pasado, por lo que en casi tres meses no se observan avances concretos informados.
No obstante, desde Serviu Valparaíso añadieron a su respuesta: "Según lo que estipula el protocolo de Derechos Humanos de la Excelentísima Corte Suprema, primero se debe desalojar a las familias antes de proceder con la demolición, lo cual tiene que ser solicitado y ejecutado por la familia Correa al tratarse de un terreno privado".
"Aberrante"
Conocida la respuesta entregada desde Serviu, Bruna remarcó que la familia Correa Uribe está "tristemente sorprendida con la nueva postura del Serviu". Lo anterior, agregó, "sobre todo porque la Seremi Minvu ya había usado esa misma excusa para justificar los años de inactividad en que tuvo guardada su propia orden de demolición en el cajón, pero la Corte rechazó esos subterfugios y ordenó notificar y seguir adelante con la resolución de demolición".
En todos estos años de esfuerzos de la familia del empresario por conseguir el desalojo, la abogada enfatizó que solo el poder judicial ha actuado, ya que es la Seremi Minvu sobre quien pesa la orden judicial de seguir adelante la demolición.
"Es la autoridad la que debe realizar todas las gestiones para concretar su propia orden dictada para restaurar la legalidad urbanística, sin importar si el terreno sobre el cual se construye ilegalmente es privado o público", señaló, lo cual quedó de manifiesto en el fallo de la Corte.
Ante lo planteado desde Serviu, la jurista sostuvo además que a ella y la familia que representa les parece "aberrante" que se siga insistiendo en que son las hijas y viuda del asesinado empresario las que deban provocar el desalojo para que la autoridad restablezca la legalidad urbanística. Aquello, recalcó: "Primero, porque los ciudadanos no tienen competencia urbanística. Segundo, porque los dictámenes son claros en orden a que la autoridad es quien debe arbitrar las medidas, y así lo ha señalado incluso para construcciones sin permiso en terreno no usurpado. Y tercero, porque es inhumano pretender arriesgar la vida de un Correa más sólo porque la autoridad obligada no realiza las gestiones de coordinación, interoperatividad y unidad de acción necesaria para despejar cualquier traba y con respeto a los derechos humanos".
5 años
Al notar este nulo avance, Bruna recordó que se encuentra mandatada a ejercer todas las acciones necesarias para que las autoridades competentes comprendan su deber de actuación hasta lograr la demolición, incluyendo una reunión de lobby pedida a Contraloría regional y nacional.
"La familia ha esperado nueve meses que se cumpla la sentencia, un quinto aniversario de la muerte de don Alejandro, y nuestra legislación no admite el desacato de las órdenes judiciales. Son mujeres revictimizadas durante cinco años. Esto debe parar", finalizó la abogada de las hijas y viuda del empresario asesinado.
"Es la autoridad la que debe realizar todas las gestiones para concretar su propia orden dictada para restaurar la legalidad urbanística, sin importar si el terreno sobre el cual se construye ilegalmente es privado o público".
abogada Jeanette Bruna
5 años se cumplieron el pasado 18 de mayo del cobarde homicidio del empresario Alejandro Correa.