Priscilla Barrera Ll.

Son 400 las familias que viven en la Villa Rukán 3, una linda población ubicada en el sector sur de Reñaca Alto y donde viven mayoritariamente parejas jóvenes que recién comienzan a formar sus familias.

Basta recorrer el sector para confirmar que la comunidad quiere y cuida su entorno - calles y pasajes impecables, espacios comunitarios bien mantenidos - de ahí la impotencia expresada por los dirigentes de la junta de vecinos cuya sede ha sido objeto de continuos robos, totalizando en las últimas tres semanas 3 robos que significaron dejar prácticamente desvalijada la sede comunitaria.

Fernanda Castillo, presidenta de la junta de vecinos Villa Rukán 3 explica que la sede ha sido robada en tres ocasiones, dejándola prácticamente desmantelada.

"Ahora hasta dejaron sueltos los baños (los sanitarios) para llevárselos. Se han robado los cilindros de gas, los juguetes de los niños que teníamos guardados, los dulces, la loza, aproximadamente unos 500 mil pesos en loza. Toldos, taca taca, hervidores, todos los implementos de cocina...hasta los lavaplatos se llevaron", detalló apenada la dirigente, quien destacó el alto grado de compromiso de la comunidad que participa activamente de la junta de vecinos.

Se meten igual

A pesar de los esfuerzos propios de los socios de la junta de vecinos, quienes con sus aportes han permitido invertir en seguridad, ningún esfuerzo ha resultado eficiente: los ladrones han roto el precario cerco que cierra el terreno donde se emplaza la sede y las puertas de madera han sido destrozadas sin miramientos.

Daniel Alvarez, miembro del directorio de la junta de vecinos, precisa que la sede fue entregada en comodato y que la propia organización ha ido invirtiendo en el recinto. A raíz de los últimos robos, se destinó buena parte de los recursos en protecciones de seguridad en ventanas y una de las puertas.

"Nuestro temor es que una vez que desmantelaron la sede ahora van a seguir con nuestras casas. Necesitamos mayor presencia policial, seguridad ciudadana, ya no sabemos qué hacer. Queremos que las autoridades nos protejan", planteó.

Siguen escribiéndose nuevos capítulos en la historia de los jóvenes chilenos detenidos en Malasia.

El proceso judicial sigue entrampándose. En el juicio de ayer, los chilenos Fernando Candia y Felipe Osiadacz manifestaron que rechazaban el ofrecimiento de la fiscalía de pasar seis años en la cárcel si aceptaban su responsabilidad en la muerte del trabajador sexual.

El senador Francisco Chauhán, que ha seguido de cerca el caso, destacó la labor de la abogada defensora Venkateswari Alagendra, quien ha logrado un promisorio avance con su tesis de legítima defensa.

"La defensa ha actuado de forma diligente para los jóvenes chilenos, en términos que ha obligado a la fiscalía a recalificar dos veces los delitos, y ha ofrecido penas de 30 y luego de 6 años", manifestó el parlamentario.

Tal como lo había anunciado la madre de una menor de 12 años que cursa el séptimo básico en la escuela municipal Marcela Paz de Viña del Mar, ayer se oficializó ante la Superintendencia de Educación, la denuncia por bullying ocurrida al interior del establecimiento el jueves de la semana pasada.

Así lo confirmó la directora (s) de la Superintendencia de Educación de Valparaíso, Sybil Abarca.

"Ya se formalizó la denuncia con fecha de hoy (ayer). Tal como se expuso a través del diario, que su hija habría sido virtualmente objeto de un maltrato y de un empujón", señaló Abarca.

La directora (s) agregó que "en este momento se está ingresado la denuncia para la tramitación donde la Unidad de Denuncias y Comunicaciones tiene que contactarse con el establecimiento a efectos de efectuar las indagaciones pertinentes respecto de este eventual hecho de maltrato para ver si el establecimiento tomó las medidas, si ha hecho una investigación y en virtud de eso se hace el procedimiento ante esta Superintendencia de Educación".