Marcela Guajardo Pérez

A contar de las dos de tarde de hoy, los porteños damnificados de San Roque, Rocuant y Cuesta Colorada deben ir al estadio O'Higgins donde estarán los principales servicios del Gobierno para resolver todas sus dudas sobre la ayuda transitoria que recibirán. Las opciones son subsidio de arriendo, bono de acogida para quienes se queden con un familiar o vivienda de emergencia que son entregadas por la ONEMI.

Sin embargo, la mayor preocupación de los damnificados es la solución definitiva de la vivienda, ya que en poblaciones como Las Torres, llevan cinco décadas esperando regularizar sus terrenos.

Si a esto le sumamos que el Gobierno anunció que no construirá en zonas de riesgo, la incertidumbre de tener que salir del cerro como ocurrió con algunas familias del megaincendio del 2014 es latente.

"Las familias de Rocuant, San Roque y Cuesta Colorada no deberían salir de su sector porque son parte de nuestra identidad de barrio. Vamos a apoyar a las familias y a luchar para que se les entregue su casa como corresponde y para eso solicitamos a las autoridades para que nos consideren en las reuniones de la intendencia, porque han llegado a acuerdos a espaldas de las organizaciones sociales", aseguró Pablo Córdoba, tesorero de la junta de vecinos Pablo Neruda.

Los dirigentes también se suman al municipio en pedir que se declare Zona de Catástrofe para agilizar la ayuda. Incluso dicen que de no haber una respuesta del Gobierno sobre la vivienda definitiva, convocarán a movilizaciones para ser escuchados.

Yanine Araneda, dirigente de cerro Ramaditas, afirmó que los damnificados de Cuesta Colorada llevan una semana durmiendo en carpas y con poco acceso a agua y a baños químicos. Este último servicio fue el más solicitado al municipio, que tiene 68 baños instalados en distintos sectores, pero se comprometió a pedir más al Gobierno.

Regularización

"Creo que lo mejor es sentarse a conversar, no tenemos claro a qué hace referencia el gobierno con zonas de riesgo cuando el 33% de los vecinos de Valparaíso viven en quebradas. La posibilidad de realizar obras de mitigación existe", explica el edil.

Una de las propuestas de Sharp es buscar paños en el mismo San Roque para que los afectados no salgan del cerro, tomando el ejemplo del proyecto inmobiliario que se concretará este año en Puertas Negras, luego de que un incendio dejara a decenas de pobladores sin vivienda. El municipio destinó un terreno de su propiedad para construir 48 casas.

El diputado Andrés Celis Montt ingresó un proyecto para fijar en 15 días hábiles las vacaciones de los parlamentarios, tal como se regula en el Estatuto Administrativo que rige a los trabajadores del sector público. Con aquello, se eliminaría el receso legislativo de cada febrero.

La iniciativa, busca modificar la Ley Orgánica del Congreso Nacional, para establecer el feriado legal de los parlamentarios y no dejar aquello a discreción de los presidentes de la Cámara o del Senado. Además, establece un sistema de turnos para garantizar el funcionamiento ininterrumpido del Poder Legislativo durante el segundo mes del año.

"El llamado receso parlamentario no existe, no hay norma ni a nivel legal ni reglamentario que defina que en febrero el Congreso no trabaja; aquello, es sólo una práctica administrativa consensuada que debe terminar. Por eso, presenté un proyecto de ley para definir las vacaciones de los parlamentarios en 15 días hábiles, como todos los chilenos", explicó el diputado Andrés Celis.

Asimismo, el parlamentario de RN argumentó que "las condiciones por las que atraviesa el país hacen intolerable que un Poder del Estado como el legislativo deje de funcionar durante todo un mes. Lo anterior, exalta los privilegios de unos pocos e ignora el sentido de urgencia que se requiere para superar la contingencia nacional. Yo propongo lo justo, que tengamos las mismas vacaciones que todos, ni más ni menos".

Funcionarios

Respecto a los funcionarios que trabajan en el parlamento, el diputado se adelantó diciendo que sus derechos adquiridos serán respetados.

"Quiero aclarar que se respetarían los derechos adquiridos por los funcionarios de la Corporación. Según pude conversar con el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, hay distintas áreas del Congreso que continúan funcionando durante febrero como la secretaría, la oficina de partes, la tesorería, entre otros, de manera que sí estarían las condiciones para aplicar mi propuesta, lo que falta es voluntad política", finalizó e parlamentario.