Los indicadores económicos que impactan al mercado habitacional no son buenos. Se proyecta que el desempleo alcanzará los dos dígitos durante el primer trimestre del próximo año, mientras que solo un 11% de las personas cree que es un buen momento para adquirir una propiedad, según el Índice de Percepción de la Economía (IPEC) de GFK Adimark.

Y aunque el panorama no es auspicioso, hay que tener en cuenta que ésta no será la última crisis por la que atraviesa la industria habitacional.

La gran diferencia entre las crisis anteriores y la actual, es que el rubro inmobiliario ha aprendido de sus errores y en esta pasada está muy bien preparado.

La crisis subprime encontró muy mal parado a los desarrolladores, con más de 48.300 viviendas nuevas disponibles hacia fines de 2008 e inicios de 2009. Al contrario, en el tercer trimestre de este año, la cifra es de 38.629, casi 10 mil unidades menos, un stock a todas luces sano, ya que la mayoría de los proyectos concentra su fecha de entrega a más de 12 meses, según detallan los datos de GFK.

Por lo mismo, es difícil que veamos a mediano plazo bajas de precio ni campañas como las recordadas ventas nocturnas. Los desarrolladores que aún están en etapa de construcción, no sienten mayor presión por aumentar su ritmo de ventas. Lo anterior también condiciona al segmento de las viviendas usadas, tanto en venta como en arriendo. Si no hay presiones en el mercado de lo nuevo, los valores de arriendo debieran mantenerse saludables, a excepción de los sectores que han sufrido mucho daño producto de las manifestaciones sociales.

Voto obligatorio y participación ciudadana

Si bien la participación en los procesos electorales nunca ha dejado de ser un deber cívico, por estos días se discute en el Congreso Nacional, un proyecto de reforma constitucional que, de acuerdo a sus fundamentos y al texto propuesto, busca restablecer la obligatoriedad del voto en los procesos electorales.

Sea por cuentas electorales o por genuino arrepentimiento del cambio realizado el 2012, hoy se pretende legislar cambiando el régimen actual, sin advertir las dificultades, que en el corto o mediano plazo, implicaría un cambio en el debido resguardo de las consecuencias en términos prácticos.

El proyecto discutido plantea la medida como una solución a la crisis por la cual atraviesa el país, pero lo cierto es que gran parte de quienes protestan no ven en las soluciones políticas acogida a sus demandas de raíces económicas y sociales.

Frente a ello, y en el contexto de un debate de fondo para restablecer la obligatoriedad, parece más sensato que quienes postulan a representar a la ciudadanía, busquen la manera de seducir con sus ideas al electorado al punto de movilizarlos a votar. Para ello por estos días la nitidez y el sentido común pueden ser una buena fórmula.

Más allá de la reforma, todo indica que, al margen de la discusión y del resultado de la votación en el Congreso sobre esta reforma constitucional, dependerá en definitiva del gobierno si se lleva a efecto tal obligatoriedad.

La reposición de la multa correlativa para quienes no participen, en el escenario de la reforma aprobada es, sin duda, de responsabilidad e iniciativa del ejecutivo.

Víctor Danús, gerente general de ProUrbe.

Arturo Squella,

Ex Diputado

Director del Centro de Derecho Público y Sociedad. Facultad de Derecho y Gobierno de la USS