Meses complicados han experimentado las Pymes y personas en general. Con un octubre marcado por las manifestaciones sociales, ahora es la pandemia del Covid-19 que ataca los bolsillos de quienes son el motor de la economía. Los efectos para las pymes seguirán profundizándose de la mano del alza del dólar, el alza del cobre y un panorama económico en deterioro.
Ya durante enero y febrero, a nivel nacional hubo 1.844 solicitudes ingresadas al Tribunal de personas y empresas que buscaban su liquidación (quiebra). En Valparaíso, fueron 126 los casos.
Estos datos no hacen más que adelantar lo que se viene. En abril, cuando se inicie el segundo trimestre, se espera que se vean las consecuencias que dejó el estallido social y también los efectos más recientes del coronavirus: con colegios cerrados, suspensión de eventos, y cuarentena para trabajadores (teletrabajo), impactarán en miles de pymes que se dedican a la alimentación, la entretención o a los eventos (por nombrar solo algunas). Esto trae perjuicios para la gente, pues detrás de toda Pyme existen personas que se sustentan a través de ellas. Es decir, la mala situación financiera de una Pyme afecta el completo desarrollo de familias enteras y provoca un efecto dominó de difícil solución.
Sin embargo, frente a este complejo escenario, existen alternativas. Una de ellas, es la ley 20.720, de Insolvencia o Reemprendimiento, o también llamada ex ley de quiebras, que entrega tanto a personas como a empresas una opción real de solucionar su problema de sobreendeudamiento a través de la quiebra, que permite tener un término ordenado y quedando con la opción clara de poder reinventarse y volver a emprender. La ley de quiebras entrega una segunda oportunidad en la vida y por eso es necesario cuidarla y hacer las correcciones que sean necesarias para que más personas puedan utilizarla.
Las consecuencias del deterioro económico se verán en el corto plazo y no hemos visto medidas que alivien la situación del sector como la postergación del pago del IVA y de la Operación Renta, y la subvención por parte del Estado del pago de cotizaciones a los trabajadores, entre otros.
Ante crisis de este tipo, debemos actuar con celeridad.
Ricardo Ibáñez Villarroel, abogado fundador Defensadeudores.cl