Con relación al retorno a clases en los últimos días se ha establecido un consenso respecto a la gradualidad del proceso de retorno. Al respecto en países de Europa se han adoptado medidas que parecen ser efectivas para este propósito tales como: Disminuir el número de estudiantes por curso, tener accesos diferidos, separar los patios, lavarse las manos cada 2 horas. Sin embargo, aún no sabemos si esas medidas van a ser efectivas en el corto plazo.

En ese sentido podemos mirar lo que pasó con Singapur quiénes al 20 de marzo no pensaba cerrar sus establecimientos y en el contexto internacional fue valorado por su enfoque tranquilo para enfrentar la crisis y hoy día vemos que es una de las naciones dónde más ha aumentado el número de contagios en la región.

También se ha planteado la posibilidad de que primero retornen los establecimientos rurales y ahí hay que hacer una distinción en las cifras. Si bien el 30 por ciento de los recintos educacionales son rurales y de ellos un 63% tiene menos de 50 estudiantes y en su conjunto sólo representan el 8 por ciento de la matrícula total del sistema escolar. Por eso no se si tiene mucho sentido definir una política pública dirigida a sólo el 8 por ciento de la población escolar.

Asimismo, se ha planteado un elemento fundamental y que tiene ver con lo curricular, que es eliminar las evaluaciones. A mi me parece una excelente propuesta para la enseñanza básica porque la evaluación tiene que servir para el aprendizaje del estudiante y es una muy buena oportunidad para que nos concentremos en determinar cuáles son los contenidos nucleares que los niños y niñas requieren aprender. Además, para que tengan la posibilidad de desarrollarse mucho más tranquilamente este año escolar y no con la presión de tener una evaluación en el actual contexto.

A su vez, se ha discutido qué es lo que puede pasar o cuáles son las medidas inmediatas que tenemos que adoptar. En ese sentido, tenemos que pensar en políticas públicas dirigidas a nuestros ciudadanos, a las personas que van a recibir esas políticas. Nuestra realidad es que tenemos familias que no quieren que sus hijos vuelvan a clases porque tienen miedo y solo un 44 por ciento de los hogares tienen una buena conexión a Internet.

No tenemos suficientes profesores para disminuir el número de estudiantes por curso y la propia infraestructura de los establecimientos no tiene las condiciones suficientes de salas para atender cursos más pequeños.

En tiempos de incertidumbre es necesario dar ciertas certezas. Por eso, propondría retrasar lo más posible el retorno a clases presenciales y que el Mineduc defina los contenidos nucleares. Además de apoyar y capacitar a los profesores para que cuando regresemos a la modalidad presencial tengan la posibilidad de adoptar metodologías de aprendizaje más efectivas. Y lo más importante, pensar que es un tiempo para cuidarnos y salvar vidas.

Ana Luz Durán.

Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Universidad San Sebastián