lPaíses como Austria, Estados Unidos, Argentina, Francia, España, Siria, Brasil, Reino Unido, Colombia, Serbia, Suiza e Italia en estos meses han postergado también elecciones nacionales y locales debido a la epidemia. Hasta el 31 de marzo, 36 elecciones a nivel mundial fueron aplazadas: tres presidenciales, nueve parlamentarias, dos generales, 11 municipales, cinco referéndums o plebiscitos y seis de otra índole figuran en el listado.
lTodo chileno con derecho a sufragio puede participar desde el extranjero en los Plebiscitos Nacionales, las elecciones Primarias Presidenciales y las elecciones de Presidente de la República (Artículo 13 de la Constitución Política).
El pasado domingo 26 de abril debió haberse celebrado el plebiscito constituyente que abre el camino institucional para la elaboración de una nueva Constitución, a partir de una decisión libre y democrática del pueblo soberano. Como consecuencia de la crisis sanitaria que afecta al mundo, todo el proceso electoral se suspendió por unos meses, aplazándose tanto el plebiscito constituyente como la elección de las y los integrantes de la Convención que redacte el nuevo texto y, por tanto, el inicio de sus trabajos. En el actual escenario, el plebiscito constituyente se realizará el 25 de octubre del presente año, mientras que la elección de las y los integrantes del órgano constituyente quedó para el 11 de abril del próximo año. Junto al calendario de elecciones constituyentes, se aplazaron las elecciones municipales y de gobierno regional, las que también se realizarán en abril de 2021.
Como toda decisión de carácter político, el aplazamiento del calendario electoral puede ser revisado y analizado con el fin de identificar sus elementos positivos y negativos. Entre los primeros, parecía muy razonable suspender el plebiscito del pasado mes de abril, no solo para evitar aglomeraciones y cuidar la salud de la población, sino para concentrar los esfuerzos institucionales en la pandemia y así evitar que la contienda electoral pudiera debilitar el trabajo conjunto, política e institucionalmente. Entre los segundos, la postergación del plebiscito parece haber interrumpido el intenso proceso de diálogo y deliberación ciudadana, muy probablemente inédito en la historia del país, que se desencadenó luego de los acontecimientos del 18 de octubre, a lo largo de innumerables encuentros en plazas, juntas de vecinos y asambleas de distinto tipo y en todo el país.
Esta contingencia ha significado cambios importantes en el calendario electoral constituyente, pero también en las condiciones para la reflexión política acerca del presente, pues la pandemia ha tensionado de manera muy importante el ejercicio de diversos derechos fundamentales, especialmente aquellos que estaban en el centro de la cuestión constitucional. En efecto, en las últimas semanas hemos debido enfrentar los problemas estructurales en materia de salud pública, pero también en torno al trabajo (muchas relaciones laborales fueron suspendidas o terminadas), seguridad social (con millonarias pérdidas de los fondos de pensiones), educación, vivienda e, incluso, acceso al agua.
Así, si bien el calendario electoral se ha postergado, la discusión constituyente parece seguir plenamente vigente.
Jaime Bassa Mercado
Profesor titular
Derecho Constitucional y Teoría Política
Escuela de Derecho
Universidad de Valparaíso
Las situaciones de emergencia generan oportunidades para la política y problemas para el derecho. Oportunidades porque imponen una agenda única y urgente, y abren la puerta a recursos y medidas extraordinarias. Para el derecho, la incertidumbre y peculiaridad de cada emergencia son difíciles de compatibilizar con los límites y controles sobre el poder.
En este contexto, la pandemia que nos embate, claramente, es una emergencia de aquellas que exigen un respuesta política y jurídica excepcional. Ella genera pérdidas y sufrimiento, pero también enseñanzas para el derecho y para la política.
Al derecho le enseña que su regulación de excepción debe considerar nuevos supuestos. Ante emergencias sanitarias, las potestades para la restricción de libertades deben ser revisadas, en especial, en su estricto ajuste a sus peculiares requerimientos. La distribución de competencias entre distintos niveles de gobierno y administración también tiene que ser examinada, pues la emergencia exige coordinación.
A la política le enseña, entre otras cosas, que en materia constitucional no conviene confundir lo permanente con lo transitorio. La sección incorporada al capítulo XV de la Constitución en diciembre de 2019, mezcla el procedimiento plebiscitario para la creación de la nueva Constitución con las reglas particulares que atañen al proceso en curso, con fechas y detalles propios de normas transitorias. Tales detalles, impropios de normas permanentes de una Constitución (incluso de una supuestamente moribunda), generan problemas interpretativos difíciles de resolver y, por lo mismo, conflictos políticos y jurídicos gratuitos.
La postergación del proceso constituyente, bien fundada en una situación de anormalidad incompatible con una votación ciudadana libre e informada, incide en esta mezcla de regulación permanente y transitoria, con efectos que ojalá hayan sido previstos por el constituyente.
Aún asumiendo la pertinencia de la premura con que se elaboró la reforma de diciembre del año 2019, no puede obviarse que su pobre resultado en términos técnico-jurídicos es fuente de opacidades políticas y jurídicas. El nivel de los siguientes instrumentos del proceso y el resultado del trabajo de la convención -si llega a existir-, debiese ser superior. Las normas permanentes que regirán nuestra convivencia pacífica por muchos años tienen que ser el fruto de una cuidadosa reflexión. Y no de fiebres ni barricadas.
Alan Bronfman Vargas
Profesor de Derecho Constitucional