Más de 50 entidades dan la pelea por el derecho a acompañamiento
A nivel internacional esta medida en medio de la pandemia, se ha implementado con positivos efectos.
Más de cincuenta entidades que trabajan a nivel nacional junto a personas con algún grado de dependencia, exhortaron al Estado de Chile para que se implemente el acompañamiento para niños, niñas, adolescentes y adultos con algún grado de dependencia considerado éste como un derecho fundamental.
Lo anterior, especialmente en el actual contexto sanitario generado por la pandemia del COVID-19 donde no existen reglamentaciones que permitan que estas personas, en caso de ser hospitalizadas o internadas en una residencia sanitaria, puedan contar con el acompañamiento adecuado a su condición.
Buena práctica
Mariela Serey, vocera de las 55 entidades que suscriben este llamado destacó iniciativas como la implementada por el Hospital Dra. Eloísa Díaz, de la comuna de La Florida en la Región Metropolitana, la que, en su opinión, resulta crucial que sea replicada de manera urgente, en todo el sistema sanitario.
"Esta buena práctica contempla ajustes razonables para el acompañamiento, que garantizan condiciones idóneas para un acompañamiento hospitalario que impacta positivamente en la evolución del paciente", indicó la vocera.
La mencionada buena práctica considera, entre otras acciones; entrega de alimentación al acompañante, facilitando condiciones necesarias en el período de estadía, como ocupar el baño, todo en un contexto de cumplimiento de la normativa sanitaria para evitar contagios.
El llamado a respetar el derecho al acompañamiento en pandemia está fundamentado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), ratificada por el Estado chileno el año 2008: "Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás".
Naciones Unidas reforzó estos lineamientos legales y éticos en su "Declaración Conjunta: Personas con Discapacidad y COVID-19.
55 entidades que trabajan junto a personas con algún grado de dependencia hacen este llamado al Estado.