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Corte declara inadmisible recurso de protección contra colegio

Acción legal interpuesta por un grupo de apoderados del St Paul cuestiona cumplimiento del contrato en la actual contingencia sanitaria. Desde el recinto dan cuenta de becas y apoyos.
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Priscilla Barrera Ll.

El pasado 26 de junio un grupo de apoderados del colegio particular de Viña del Mar, St Paul, presentó un recurso de protección por vulneración al derecho de propiedad por considerar que el establecimiento, en la actual contingencia sanitaria, ha modificado unilateralmente el contrato de prestación de servicios.

Según el escrito, "a la fecha los servicios educacionales no se están prestando en la forma en que fueron contratados, es decir, desde la fecha de la suspensión de clases - 16 de marzo - al día de interposición de esta acción - 26 de junio -, no han tenido clases".

Ricardo Guzmán, abogado que representa a diez apoderados de distintos cursos del colegio viñamarino, explicó que "el recurso de protección se presenta porque estos apoderados han tratado insistentemente de mejorar las condiciones en cuanto a la entrega del servicio, servicio que obviamente, dadas las condiciones que vive el país, no se puede exigir que sea óptimo, pero sin lugar a dudas por ese servicio tampoco se puede seguir cobrando el mismo arancel".

Contrariamente a lo informado por el establecimiento (ver recuadro), el abogado afirmó que no se han aplicado rebajas en el arancel, el que, según el profesional, supera los 300 mil pesos mensuales.

Libertad

En respuesta a la solicitud de La Estrella, la directiva de la Asociación de Padres y Apoderados del colegio St Paul manifestó que "cada uno de los apoderados está en su derecho de realizar las acciones que considere pertinentes", precisando que existe un trabajo permanente con el colegio para dar respuesta a las diversas solicitudes que puedan surgir.

La misma declaración precisa que "entendiendo el contexto mundial en que nos encontramos, hemos trabajado como equipo apoderados, APA y colegio, en diversas campañas solidarias, para ir en ayuda de aquellos integrantes de la comunidad, que se encuentran pasando un difícil momento".

Agregaron que "el colegio por su parte ha estado en constante preocupación por resolver las diferentes situaciones que se han presentado, incluidas las de índole económica, otorgando beneficios y facilidades a quienes han optado a ellas con el apoyo de muchos apoderados y de la Asociación de Padres, y además manifestando constante disposición a llegar a acuerdo en la medida que el contexto lo permite".

Respecto a los cuestionamientos en cuanto a la calidad de la enseñanza y los servicios educacionales que han recibido los alumnos durante esta contingencia, la asociación expuso que "el colegio ha desarrollado desde el principio de la crisis un plan para asegurar la continuidad de la educación, a través de distintas herramientas, las que ha ido perfeccionando a través de este periodo, evidenciando un gran esfuerzo, tanto del personal docente como administrativo, y abiertos a recibir las sugerencias que como padres y apoderados hemos presentado, a fin de ir mejorando en los desafíos que la situación actual significa para cada uno de los miembros de la comunidad escolar".

Inadmisible

En el recurso, que este 30 de junio, fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Valparaíso por considerar que "los hechos denunciados no dan cuenta de afectación a garantías constitucionales indubitadas, sino que se refieren a circunstancias que deben ser objeto de un proceso declarativo, en el que se determine el eventual incumplimiento contractual alegado, a la luz del análisis de los elementos propios de la situación de emergencia sanitaria que aqueja al país"., los apoderados que adhirieron a esta acción, pedían suspender el cobro de los servicios mientras no se regularicen las actividades educacionales "en la forma contratada o acuerden con los apoderados recurrentes y contratantes nuevas condiciones para los servicios educacionales prestados, o rebajar la mensualidad en 50% en atención a la calidad y cantidad de lo que se está prestando como servicio".

El abogado representante de los apoderados informó que recurrirán esta resolución ante la Corte Suprema.

Plan de gestión y entrega de becas

Por intermedio de una declaración enviada a este medio por el establecimiento educacional privado se señala que "St Paul´s School desconoce en lo absoluto, de alguna acción judicial en su contra durante el tiempo transcurrido desde que se decretara por el Mineduc la suspensión de clases presenciales". El texto detalla que "como colegio, y siguiendo las directrices de esta autoridad ministerial, implementamos tempranamente un plan de gestión que asegurara continuar impartiendo los servicios educacionales comprometidos con nuestras familias. A través de los recursos tecnológicos disponibles (Zoom, Moodle, Google Classroom), nuestras alumnas y alumnos están recibiendo, cada día de la semana, sus clases correspondientes a las distintas asignaturas del currículum". El documento da cuenta asimismo de la preocupación del colegio por el bienestar emocional de su comunidad educativa y de la implementación de apoyo mediante la entrega de becas. "Hemos sabido adaptar el trabajo académico a los desafíos que demanda esta nueva realidad y brindado el apoyo socio emocional. Sabiendo de las dificultades económicas de algunas familias, implementamos un programa de apoyo de becas en conjunto con la Asociación de Padres y Apoderados, y otras acciones de apoyo para ellas. St Paul´s es una institución que durante 80 años, inspirada en los valores cristianos, ha entregado y seguirá haciéndolo, una educación de calidad e integral, a pesar de circunstancias difíciles, como la que hoy estamos pasando". finalizaron.

Buscan que se puedan retirar parte de los fondos de las AFP

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La Bancada de Diputados del PPD ingresó una reforma constitucional y un proyecto de ley que tienen como objetivo permitir a los afiliados el retiro de sus fondos de AFP, mientras dure el Estado de Emergencia producto de la pandemia del COVID-19.

Ambas iniciativas autorizan el retiro de hasta un 10% de los fondos contenidos en la cuenta de capitalización, con un tope máximo de 3 millones de pesos. Además, establece que el monto mínimo autorizado a retirar será de 650 mil pesos, equivalente a dos ingresos mínimos mensuales.

El retiro de fondos no estará sujeto a cobros adicionales por parte de las administradoras de fondos de pensiones, ni se considerará renta o estará afecto a tributos de ninguna índole; pudiendo concretarse en un solo acto o a través de un máximo de cinco mensualidades.

"El gobierno de Sebastián Piñera ha sido incapaz de entregar la ayuda económica necesaria que se requiere para enfrentar este tiempo de crisis, y las tasas de desempleo han tenido cifras históricas. Por eso es que estamos presentando esta reforma que permite el retiro de una parte de los ahorros previsionales, que son recursos de los trabajadores, y que tienen todo el derecho de poder usar de forma excepcional", afirmó el jefe de bancada, Raúl Soto.