Belén Velásquez N. - La Estrella de Valparaíso

Al menos 13 fueron los diputados que firmaron la acusación constitucional que ayer fue ingresada a la Cámara Baja con el fin de determinar si la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, incurrió o no en un notable abandono de deberes luego de que la Comisión de Libertad Condicional que presidía en ese entonces, le otorgara el beneficio al doble homicida, Hugo Bustamante, hoy formalizado por el delito de femicidio con violación e inhumación ilegal cometido contra la adolescente Ámbar Cornejo.

El documento contextualiza que en 2016 dicha comisión otorgó la libertad a 788 de los 875 reos que la solicitaron en la región, es decir, el 90%. Aquello fue cuestionado por distintos actores políticos y ciudadanos y pese a que la comisión -compuesta por 5 jueces: una ministra, dos de garantía y 2 orales- liberó a Bustamante en forma unánime, la crítica se centro solo en Donoso, pues ella salió públicamente explicando los aspectos considerados para la liberación masiva, quedando en la memoria colectiva la frase en la que sostuvo que la libertad condicional era un derecho de los condenados y no un beneficio.

Arbitrariedad

Asimismo, este año se conoció que Donoso fue la única en votar a favor de la liberación de Luis Carrasco, condenado por violar y matar a una adolescente en 1998, en Valparaíso.

Dicho antecedente también fue considerado en el documento, donde en resumen se establece que la ministra Donoso -que puede ser acusada al pertenecer a un tribunal superior- habría incurrido, según los parlamentarios que suscriben, en una aplicación torcida y arbitraria de la ley y en la transgresión de tratados internacionales respecto de la vulneración de menores de edad, considerando que Bustamante le quitó la vida a un niño de 9 años.

No es aislado

"Vamos a demostrar que no es un hecho aislado lo de Hugo Bustamante, este psicópata que no tenía ni una pizca de rehabilitación ni arrepentimiento y aquello constaba en informes de Gendarmería. El criterio arbitrario al aplicar la ley hizo que un psicópata recuperara la libertad y pusiera en peligro al país con las consecuencias que ya vimos: un cruel y sanguinario homicidio de la joven Ámbar", dijo el diputado RN, Andrés Longton, impulsor de la iniciativa.

"Creemos que (Donoso) se apartó de la ley, ya que la ley habla de la rehabilitación y la reinserción y ella al no considerar los informes que aludían a que esta persona no estaba rehabilitada, es que creemos que esta jueza aplicó de manera arbitraria la ley y se alejó de las convicciones, de lo integral de la ley y creemos que la vulnera".

El diputado DC, Iván Flores, agregó que "este es un proceso de fiscalización y el proceso verá qué tan culpable es esta ministra de Corte que a nuestra manera de ver, obró mal. Tenemos que ver si es un error imperdonable o si es negligencia".

Respecto de la acusación contra la ministra Donoso, la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dijo que el máximo tribunal "respeta el ejercicio de la atribución constitucional por parte de los miembros del Congreso Nacional" estimando que "el presente caso no configura el presupuesto de hecho que establece dicha norma", pues en 2016 la Comisión de forma unánime otorgó el beneficio a Bustamante, "y la ministra Donoso concurrió con su voto a dicha decisión que se adoptó conforme a la normativa vigente en dicha época, que no es la misma que está vigente en la actualidad".

En la jornada en que se presentó la acusación constitucional realizada por un grupo de parlamentarios en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso comienzan a salir a la luz otras decisiones donde la jueza también se mostró a favor de no mantener tras las rejas a un imputado.

El 1 de abril de 2019, finalmente, Claudio Montiel Pinto ingresó a la cárcel de Quillota para cumplir su condena de 3 años y 300 días de presidio como autor de los delitos de conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte e incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar aviso a la autoridad, pero aquello estuvo a un voto de no cumplirse: precisamente el de Silvana Donoso.

Esto ocurrió cuando el caso escaló hasta la Corte de Apelaciones por parte de la defensa del imputado para intentar impedir la prisión de Montiel y quedó registrado en el acta de la audiencia realizada el 26 de marzo del año pasado, donde se detalla que "(...) se confirma, en lo apelado, la sentencia de cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Acordada con el voto en contra de la ministra sra. Donoso, quien fue de parecer revocar la resolución en alzada (...)". Los otros dos jueces presentes se pronunciaron a favor del presidio.

Ahora, cuando el nombre de Silvana Donoso volvió a resonar en los oídos de los familiares de Jaime Sebastián, "Tatán", debido a su vinculación con la decisión de otorgar la prisión preventiva al imputado por el homicidio de Ámbar Cornejo, Katerina Moreno Morales, hermana del joven fallecido en Quillota, reconoce que sienten un doble dolor: al que siente la población en general por la terrible muerte de la adolescente Ámbar, se suma el hecho de que haya tenido injerencia la misma jueza que alguna vez estuvo a favor de dejar libre a quien le arrebató la vida a su hermano. "Es como volver a revivir todo", se lamenta.

En aquella instancia que tuvo la familia de Jaime Sebastián en la Corte de Apelaciones porteña, su abogado tenía como argumento que Montiel era reincidente, ya que un mes antes de atropellar a "Tatán" había sido sorprendido manejando bajo la influencia del alcohol. No obstante, su condena se dictó en enero de 2017, un mes después de la muerte del joven. Por esto, señala Katerina, "ella dijo no, no es reincidente porque la condena salió después de que mató a Jaime Sebastián, eso lo dijo en el momento, dijo que ella no iba a hacer valer la reincidencia porque eso no valía".