Diego Gotelli C.

Como una "hazaña" calificó el Poder Judicial el trabajo realizado para responder las 516.777 solicitudes que recibieron para retener fondos del retiro del 10% de las AFP, por concepto de deudas de pensión de alimentos. La cifra, según informaron en un balance a un mes del proceso, está en un 1.828% por encima de las causas que tramitan en tiempos normales en igual lapso.

De acuerdo al catastro, del total de demandas se decretó tomar medidas cautelares en 326 mil causas, que involucran a un total de 236.800 posibles deudores, a quienes se les retuvo casi $308 mil millones en total.

La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, destacó que para procesar el "incremento masivo" de solicitudes se creó un sistema "sin contar con holgura presupuestaria", por lo que los funcionarios de tribunales debieron trabajar "incansablemente para resolver esta contingencia".

Según dio cuenta, en el 67% de las causas (217 mi) se logró retener montos, mientras que en los restantes no se pudo, pues el denunciado no ha presentado solicitudes de retiro (87 mil casos), no tenía fondos en sus cuentas previsionales (8.800) o no se alcanzó a frenar el pago (13 mil), ya sea porque la demanda se ingresó post pago o porque la AFP ejecutó el traspaso pese a la notificación del tribunal de no hacerlo. A mediados de agosto se promulgó una ley para evitar esta problemática, pero según Chevesich "llegó tarde".

En el balance el organismo también detalló que la cantidad de afectados que vieron congelados sus fondos pese a no tener causas de alimentos fueron cercanas a las 15 mil personas, cuyos casos ya están solucionados.

"Todo proceso digital y masivo genera inconvenientes. Los hemos detectado y aplicado nuestro esfuerzo para resolverlos lo más rápido posible", dijo Cheveresich.

La Superintendencia de Pensiones contabilizó que hasta el lunes 10.765.376 afiliados habían solicitado el retiro de fondos, de los cuales casi 9 millones ya habían sido pagados con montos promedio de $1,1 millones por persona.

La noche del lunes un grupo de delincuentes intentó robarle un vehículo mediante una encerrona a una funcionaria de la Policía de Investigaciones, lo que terminó con la muerte de uno de los ladrones en la autopista en la comuna de La Florida.

Según detalló la PDI, la detective se movilizaba por la autopista Vespucio Sur hacia el norte y al momento de salir por una calle lateral se detuvo un automóvil delante de ella. Cuatro sujetos se bajaron del auto con armas de fuego para robar el suyo a la funcionaria.

"Dos de ellos se ubican en la parte anterior, apuntando con armas de fuego, uno por el sector del copiloto y otro por el costado de la oficial que manejaba, el cual empieza a golpear la ventana, obligándola a bajar, momento en el cual ella desciende y es atacada por otra persona, situación ante la cual ella reacciona, hace uso de su arma de servicio y efectuó un disparo en contra del individuo", relató la prefecta Marisela Garate, jefa de la Prefectura Metropolitana Oriente de la PDI.

Tras el disparo de la detective, los sujetos restantes del grupo de antisociales se subieron a su vehículo y se dieron a la fuga.

El teniente de Carabineros Pedro Álvarez, prefecto de servicio de la Prefectura Santiago Cordillera, sostuvo que ahora las diligencias "se concentran en ubicar cámaras de seguridad para ver el contexto en que ocurre el seguimiento y la forma en que interceptan el vehículo, y el contexto del uso del arma de fuego, que según manifestó la oficial de la PDI, fue en legítima defensa".

Moisés Orellana, un joven de 21 años, falleció ayer de un balazo en la cabeza en Cañete, en la Región del Biobío, hecho ocurrido minutos después de la quema de unas cabañas en el sector.

Según Carabineros, tres encapuchados armados intimidaron a los dueños de unas viviendas, obligándolos a salir y luego le prendieron fuego a las cabañas. Para huir robaron dos vehículos.

Seis kilómetros más allá, según el subprefecto de la Prefectura Macrozona Sur de la PDI, Carlos Díaz, en un vehículo estacionado estaba Moisés Orellana con dos amigos bebiendo unas cervezas. Por causas no aclaradas, según los policías se produjo un altercado que terminó con el joven fallecido de un tiro.

Según los otros dos testigos, el subprefecto Díaz y el Gobierno, el incidente fue con quienes protagonizaron el ataque a las cabañas.

"Todos estos actos de violencia se justifican muchas veces en apoyo a los que esos grupos denominan presos políticos. Acá en Chile no hay", dijo el ministro del Interior, Víctor Pérez. "Aquí hay grupos organizados que quieren instaurar una medida de terror", agregó.

El alcalde de Cañete, Jorge Radonich, exigió "que el Gobierno restablezca el derecho de vivir en paz" en la comuna. En tanto, el Ejecutivo interpuso una querella donde vinculó ambos hechos y el senador PPD Felipe Harboe pidió prudencia y esperar el avance de la investigación.