Belén Velásquez N. - La Estrella de Valparaíso

Con un abrigo blanco y sin dar declaraciones. Así llegó ayer al Senado la suspendida ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, para asistir a la presentación que la Cámara de Diputados hizo sobre la acusación constitucional en su contra.

El libelo que busca destituir a la magistrada por un supuesto abandono de deberes al liberar a Hugo Bustamante mientras presidía la Comisión de Libertad Condicional (LC) en 2016, fue expuesto por los diputados RN Gonzalo Fuenzalida y Andrés Longton y por el DC Daniel Verdessi durante la mañana.

Posteriormente, entre las 16.00 y las 22.00 horas, los senadores argumentaron sus votos, con los cuales podrían llegar a destituir a la magistrada si es que al menos 22 de los 43 senadores aprueban la acusación.

Doble crimen

El libelo había sido presentado luego de que Bustamente fuera sindicado como el presunto autor del femicidio con violación e inhumación ilegal de Ámbar Cornejo mientras cumplía libertad condicional. El beneficio se le había concedido en 2016 luego de cumplir 11 de los 27 años que en 2005 le habían sido otorgados por el doble homicidio cometido en Villa Alemana, donde asesinó y enterró a su pareja de ese entonces y al hijo de ésta.

La polémica se centró en que Bustamante fue liberado pese a que el informe psicosocial de Gendarmería -no vinculante- recomendaba no hacerlo, pues consideraba aspectos psicopáticos del reo, pero -según expusieron las entonces relatoras de la Comisión de LC- Paz Cataldo y Paulina Martínez, dichos reportes no fueron considerados por los jueces de la instancia pese a estar disponibles.

Cataldo y Martínez en la Comisión Revisora del libelo revelaron que en 2016 se les ordenó informar sólo lo relativo al tiempo mínimo y conducta de los postulantes, a diferencia de comisiones anteriores, en la que -según recordaron- los jueces fueron más minuciosos a la hora de decidir.

Martínez también explicó que "la instrucción siempre sale de quién está a la cabeza, (...) es ella (la presidenta) la que comanda, pero la decisión de que fuese así, fue acordada por todos los miembros de la comisión", es decir, 5 jueces, incluyendo Donoso.

Fuenzalida acusó a Donoso de "actuar desinformadamente" y "con falta de cuidado" en 2016.

Analizar y estudiar

Verdessí agregó que "no se trata de si los informes de Gendarmería eran vinculantes o no, no lo eran ni entonces ni ahora, esta acusación se funda en que los requisitos exigidos por la ley vigente al año 2016, obligaban a los comisionados a dar estricto apego legal y no un ficticio cumplimiento de la ley. La ley obligaba a estudiar, analizar, advertir todos los antecedentes que tenían a su disposición: se trata de dejar en libertad a quienes han sido condenados".

"Lo que hizo esta Comisión presidida por la ministra Donoso fue simplemente desvirtuar la institucionalidad. Se decidió deliberadamente omitir cada una de las normas que regulaban el procedimiento para otorgar la libertad condicional, cuya transgresión se tradujo en una salida masiva de los centros penitenciarios", pues en 2016 más del 90% de los reos que postularon a la LC en la región, fueron liberados.

"Si hubieran visto los informes psicosociales, por ejemplo de Hugo Bustamante, se les hubiera puesto la piel de gallina porque eran escalofriantes. (...) Tendríamos a los peores asesinos en las calles si la ministra Donoso siguiera presidiendo esa comisión ", dijo el diputado Longton, quien cuestionó que "¿justo el 2016 la comisión actuó conforme a derecho y fue la única que actuó bien? Curioso".

Agregó que "al día de hoy, la Corte de Apelaciones de Valparaíso todavía no nos envía los audios y las actas de esa Comisión de LC. Adivinen ustedes por qué", dijo Longton.

La defensa

Por su parte, la defensa de Donoso, el abogado Jaime Winter, expuso que lo que se ha pretendido hacer "es una campaña en su contra", convirtiendo a Donoso "en un chivo expiatorio de las deficiencias de un sistema completo".

Winter descartó un notable abandono de deberes en 2016 porque -a su juicio- la Comisión actuó en base a la normativa vigente en esa época, por lo que lo dicho por las relatoras sería una "salvación" a la que recurrieron los acusadores.

Winter agregó que "como se van cayendo los argumentos jurídicos" el problema es que "no se fundamentaron los otorgamientos de LC. (...) Según el reglamento vigente hasta la semana pasada solo había que fundamentar los rechazos".

En ese sentido, hizo referencia a la modificación de la ley en 2019, donde se estableció "que todas las decisiones deben fundamentarse".

"La comisión cumplió la ley (en 2016) y eso es tan obvio que este Senado decidió que había que cambiar la ley. (...) Esta acusación no solo es extemporánea en aplicar de manera retroactiva la ley del 2019, sino que está fuera de oportunidad. Es inaceptable que ante el cambio de composición de una Cámara de Diputados, un ministro de Corte pueda ser acusado 4, 10 o 35 años después de una determinada conducta conocida por todos", dijo Winter como parte de la defensa que se extendió por cerca de una hora y media.

Uno solo a favor

Anoche se comunicó desde la presidencia del Senado que la votación sobre el libelo se realizará durante esta jornada, a contar de las 9.00 horas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición más de 20 senadores habían adelantado que votarán en contra de la acusación, lo que supone que ésta sería rechazada, quedando sin efecto. El único voto a favor hasta anoche era el del senador UDI Iván Moreira.