Agencia Efe / Redacción

La farmacéutica Purdue Pharma, señalada como una de las grandes responsables de la crisis de opiáceos de Estados Unidos, fue disuelta esta semana como parte de un amplio plan de quiebra que también requerirá a los propietarios de la empresa, la familia Sackler, que entreguen unos 4.500 millones de dólares de su fortuna para tratar de controlar la drogadicción en el país.

El acuerdo fue aprobado provisionalmente por el juez Robert Drain, del Tribunal de Quiebras de White Plains (Nueva York), aunque pidió modestos ajustes del plan, con el que se pondría fin a miles de denuncias presentadas contra Purdue por gobiernos estatales y locales, hospitales y ciudadanos privados, que culpan a la compañía de una epidemia que ha dejado más de 500.000 fallecidos.

El plan, sin embargo, incluye una polémica condición, con la que se absuelve en buena medida a los Sackler de cualquier responsabilidad aceptada por Purdue relacionada con la crisis opiácea.

Por ello, el acuerdo ha sido criticado por proteger a esta familia, una de las más adineradas de EE.UU., que está recibiendo la protección que normalmente se le concede a empresas que están saliendo de una bancarrota, pero no siempre a dueños que no se declaran en bancarrota, como es el caso de los Sackler.

Según el New York Times, poco después de la aprobación provisional de Drain, varios estados estaban preparando una apelación.

A cambio de no tener que hacer frente a cargos judiciales, los Sackler han acordado pagar 4.500 millones de dólares en los próximos 9 años, un monto que en gran parte irá a pagar tratamientos de adicción y programas de prevención por todo EE.UU.

Drain también dejó claro su frustración ante el resultado del proceso judicial, que tildó de "amargo", y señaló que esperaba haber podido conseguir un mayor pago por parte de los Sackler, pero que la mayoría de su dinero está en cuentas extranjeras.

Los costos de un mayor retraso, arguyó, y los beneficios de un acuerdo que describió como "extraordinario" le llevaron a aprobar el plan de quiebra.

El acuerdo asienta un precedente para el pago por parte de una farmacéutica de costos del Gobierno y la compensación de familias que han sufrido la crisis de opiáceos, impulsada en parte por el medicamento altamente adictivo OxyContin, fabricado por Purdue, pero también significa que no se analizará detalladamente el rol de la empresa en la epidemia.

La mayoría de los denunciantes apoyan el plan de quiebra, porque en su opinión ayudará a pagar un problema de drogadicción que además ha empeorado con la pandemia del coronavirus, que ha llevado a un número récord de muertes por sobredosis en 2020 en EE.UU. al superar las 93.000, 20.000 más que en 2019.

LA CRISIS DE LOS OPIOIDES

En Estados Unidos, el uso desmesurado de opioides se ha convertido en una emergencia nacional. Y en ella, las grandes farmacéuticas han tenido un rol preponderante; de allí la importancia de la quiebra de la farmacéutica Purdue, creadora del fármaco OxyContin, considerado el detonante de esta verdadera crisis sanitaria.

La epidemia de opioides en Estados Unidos empezó en la segunda mitad de la década de los '90 y cada año cobras decenas de miles de víctimas.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, "entre 1999 y 2019, casi 500.000 personas murieron a causa de una sobredosis relacionada con algún opioide, ya sea ilegal o recetado por un médico".

Solo en 2019, alrededor de 136 personas murieron cada día a causa de una sobredosis de opioides y representaron más del 70% de las muertes por sobredosis de drogas.

Durante la pandemia de COVID-19, la crisis solo aumento: las muertes por sobredosis de drogas aumentaron en un 38,4% desde junio de 2019 a mayo de 2020. "Los opioides sintéticos (principalmente fentanilo ilícito) parecen ser el principal impulsor del aumento de las muertes por sobredosis", dijeron las autoridades de los CDC en diciembre pasado.

El rol de las farmacéuticas ha sido fundamental en esta crisis. En los años '90, el laboratorio Purdue lanzó al mercado su fármaco contra el dolor Oxycontin, un opioide de liberación prolongada que, a diferencia de lo que ocurría hasta entonces con este tipo de analgésicos -de uso mayoritariamente hospitalario-, comenzó a recetarse libremente para dolores de espalda, muelas, cabeza y otras dolencias comunes. El laboratorio lanzó una campaña de marketing que hizo ver a este opioide como un producto inocuo y que no generaba adicción, pero las evidencias pronto dejaron en claro que miles y miles de personas, sin antecedentes de consumo de drogas ilegales, se hicieron adictas a la oxicodona y muchas de ellas fallecieron por sobredosis del medicamento, que provoca un paro cardiorrespiratorio.

Fue la punta de lanza de una crisis. Los consumidores problemáticos de heroína se cambiaron al "oxi" legal y aprendieron a utilizarlo en forma inyectable para eliminar la liberación prolongada del producto y tener dosis más potentes del opioide. A lo largo del país, se instalaron decenas de farmacias dedicadas esencialmente a la venta de "oxi" y muchos doctores fueron acusados de recetarlo indiscriminadamente.

La persecución legal del uso indiscriminado de medicamentos opiáceos dio resultados relativos y luego otros laboratorios se fueron sumando a este rentable mercado, sin importar las consecuencias.

Tras la polémica en torno a la oxicodona, otros opiáceos se lanzaron al mercado para uso domestico, entre ellos el peligroso fentanilo, un opioide sintético de alta potencia que en Estados Unidos algunos laboratorios incluso venden en formato de spray y chupetes.

Ante las restricciones que las agencias han intentado imponer al abuso de drogas lícitas, muchas personas que se hicieron adictas a la oxicodona y el fentanilo han derivado hacia la heroína ilegal.

Según la página web del National Institute of Drug Abuse de Estados Unidos, "cada día más de 90 estadounidenses mueren por sobredosis de opioides. El abuso y la adicción a los opioides, incluidos los analgésicos recetados, la heroína y los opioides sintéticos como el fentanilo, constituyen una crisis nacional grave que afecta tanto la salud pública como el bienestar económico. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) estiman que en ese país la carga económica total derivada del abuso de opioides recetados solamente es de $78,500 millones por año; esto incluye los costos de atención médica, la pérdida de productividad, el tratamiento de la adicción y los costos de intervención de la justicia penal".