Leo Riquelme

"La conclusión del estudio es gravísima". De esa forma reaccionó el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, a la entrega del informe premilimar de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que corroboró una serie de falencias en el mercado del gas licuado y natural de cañería, que en la práctica han significado un perjuicio para las personas que avaluó en 181 millones de dólares al año desde el 2014 a la fecha.

"Esto es equivalente a aproximadamente 15% del precio actual de venta al público de cada cilindro de gas licuado", lo aterrizó en su documento la FNE, que comenzó a indagar el rubro desde el año pasado, tras las quejas por el encarecimiento que estaba teniendo este combustible para las familias.

La investigación detectó que en el caso del gas licuado el mercado adolece de competitividad y padece de algunos factores "estructurales que hacen que el riesgo de coordinación entre competidores sea alto". En ella participan las empresas Gasco, Lipigas y Abastible.

La FNE mencionó que todas las compañías trabajan con el mismo formato de venta, es decir, en cilindros; es un mercado que tiene pocas empresas, que se dedican tanto a la distribución como a la venta; es un ámbito en el que no han entrado nuevos actores en la última década; su producto tiene una demanda con alta estacionalidad; y se trabaja con contratos de exclusividad que "impiden la libre movilidad entre distribuidores minoristas".

Los investigadores concluyeron que esto le ha traído a las mayoristas ganancias por US$261 millones anuales, que en el periodo pasaron de un 35% al 55%. Por el contrario, los compradores de cilindros de gas han perdido al año US$181 millones.

Como recomendación para darle competitividad a este mercado y conseguir que por esa vía bajen los precios, la FNE propuso que los 5.600 distribuidores minoristas de gas licuado que trabajan en el país puedan vender cilindros de gas de cualquier marca, "sin estar 'atado' a una compañía distribuidora mayorista de GLP, lo que les permitiría elegir libremente a la empresa que les ofrezca un mejor precio".

La lógica de este argumento es que el vendedor final podría optar por comercializar los balones que en ese momento están más baratos, obligando a los grandes a competir, acción con la que favorecerían de esa manera al comprador final.

Si se diera esa lógica, que la fiscalía califica de "fácil implementación", los precios podrían bajar un 15%.

Para el gas natural , en tanto, la fiscalía detectó fallas jurídicas que, por ejemplo, han permitido a Metrogas a través de una filial no regulada encarecer la distribución desde febrero de 2017, en un aumento de entre 13% y 20% en el precio residencial pagado por los clientes, equivalentes a 78 y 87 millones de dólares anuales.

También identificó compañías que participan a la vez en los negocios de gas natural y gas licuado, lo que haría que el precio en dichas zonas sea un 1% más caro que si operaran independientes.

Para este mercado la FNE planteó revisar la legislación, permitiendo que más empresas tengan acceso rápido y efectivo a los ductos ya instalados; y modificar el cálculo de la tasa máxima de rentabilidad de las distribuidoras, considerando la ganancia de todo el grupo económico verticalmente integrado.

Según la institución, aplicar estos cambios permitiría reducir entre 3% y 20% el precio de este combustible.

¿hacerlo ya?

Stefan Larenas, de Odecu, reaccionó indignado ante las conclusiones del informe y la demandó a la FNE que abra a la brevedad una investigación sobre eventuales colusiones o acuerdos. "No funciona la libre competencia en el mercado del gas y quien paga nuevamente la cuenta son los consumidores. Como país tenemos que decir ¡basta! ", exigió.

El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, pidió esperar el informe final que elaborará la fiscalía, asegurando que ello servirá como insumo para impulsar "todas las medidas necesarias y perfeccionar la regulación del mercado del gas para asegurar los menores precios e impedir malas prácticas que perjudiquen a los chilenos".

Diferente opinó el presidente de la comisión investgadora creada ante el encarecimiento del gas, el diputado DC Miguel Ángel Calisto, quien pidió tomar en cuenta a la brevedad estas recomendaciones y anunció que la próxima semana se reunirán a discutir el informe.

"Aquí hay algo que no está funcionando bien", dijo.

Las tres compañía aludidas por el gas licuado solicitaron aguardar el informe definitivo antes de tomar decisiones. No obstante, hicieron salvedades.

Lipigas, por ejemplo, pidió considerar lo que a su juicio es "el problema de fondo", como es que Chile es un país importador de este combustible, que, asegura, ha subido en más de un 100% en los últimos doce meses.

Abastible, en tanto, respondió que ellos siempre han actuado con "transparencia" y apego a la normativa; mientras que la empresa Gasco añadió en su comunicado que en el documento habían "puntos inexactos" que buscará aclarar y planteó que la recomendación de sacar a los mayoristas de la distribución minorista de gas licuado "podría terminar perjudicando gravemente la calidad del servicio y también el precio en el país" .