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SIP advierte riesgos a la libertad de expresión en la Convención

La Sociedad Interamericana de la Prensa expresó inquietud por reglamento, en especial los relacionados al negacionismo.
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Agencia Efe / L. R. C.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló en su informe sobre el estado de la libertad de prensa en Chile que tres normas ya aprobadas del reglamento de la Convención que redactará la nueva Constitución podrían tener repercusiones sobre la libertad de expresión.

El documento, que es preliminar y debe ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea, alertó sobre un artículo que sanciona a los convencionales por actos de negacionismo de los delitos durante la dictadura militar y el estallido social de 2019.

También alertó de otro artículo que condena acciones que "niegan o minimizan" las atrocidades y el genocidio cultural hacia los pueblos originarios.

Estos artículos, que ya forman parte del reglamento para la redacción de la nueva Carta Magna que se aprobó hace dos semanas, "aplican a los convencionales, pero podrían tener repercusiones sobre el estatuto de la libertad de expresión en la futura Constitución", señaló el reporte de la SIP.

Una tercera norma, que podría eventualmente replicarse en el texto constitucional, condena la desinformación entendida como "la expresión, a través de cualquier medio físico o digital, de un hecho que se presenta como real, conociendo o debiendo saber que es falso".

"La preocupación es que ante esa definición exigirá que la Comisión de Ética determine la 'verdad oficial', mientras que el término 'debiendo saber que es falso', es ambiguo", agregó la SIP.

La organización denunció también que las autoridades de la Convención Constitucional "limitaron el acceso de los medios a ciertos espacios de debate y al propio edificio" argumentando razones sanitarias, aunque finalmente las protestas de los gremios periodísticos revirtieron la situación.

Discursos

Luego de tres meses elaborando sus reglamentos, ayer la Convención inició los discursos de los 154 miembros en ejercicio, proceso que se espera concluya el martes.

Entre los que hablaron estuvo el abogado Mauricio Daza, quien expresó su deseo de que la nueva Constitución termine con el presidencialismo actual, y lo reemplace un sistema político semipresidencial o parlamentario, con un Congreso unicameral, paritario, con escaños reservados y un modelo electoral que posibilite una competencia "justa" entre independientes y representantes de partidos.

La convencional por Chiloé Adriana Ampuero, en tanto, abogó por una descentralización efectiva, que promueva a los territorios y tenga como eje el cuidado de la naturaleza. Más allá fue la animalista y feminista Camila Zárate, quien mencionó que la "única solución es tener una Ecoconstitución".

Otros hablaron de consagrar el respeto irrestricto a los derechos humanos y a los pueblos originarios y su cosmovisión, además de preservar el agua, dada la crisis ambiental que vive el planeta.

La convencional por el Maule Bárbara Rebolledo requirió también pensar en cambios en paz, sin violencia y con respeto. La RN Patricia Labra demandó también que la nueva Constitución respete la propiedad privada, "el derecho a trabajar" y la libertad de culto. Por su parte, Cristián Monckeberg pidió intensificar en este proceso el diálogo, lo que a su juicio "nos puede conducir a escoger el mejor proyecto de vida y alcanzar mejor calidad de vida".

Indulto: oficialismo arremete contra Boric y Provoste

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Parlamentarios de Chile Vamos solicitaron ayer a La Moneda que tome medidas para que frene o apure la tramitación del proyecto de indulto para los presos de la revuelta social entre el 19 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, del que responsabilizan a los candidatos presidenciales opositores Yasna Provoste y Gabriel Boric. como hicieron autoridades de Gobierno el martes y ayer tras los desmanes del lunes.

"Qué pretende si con la firma de ellos están tratando de indultar a quienes han cometido delincuencia (...) a los violentistas", dijo el diputado Luciano Cruz-Coke.

La presión oficialista está dada porque en el Senado el proyecto impulsado por el RD Juan Ignacio Latorre no tiene los votos para avanzar. El secretario general de la presidencia, Juan José Ossa, dijo que la iniciativa le parecía "una muy mala señal" y llamó a condenar la violencia "sin ambages".

Yasna Provoste respondió en radio Cooperativa que el proyecto sólo busca resolver "situaciones de prisiones preventivas" que se mantienen desde esa fecha y que sólo abarca al periodo en cuestión.

"Siu uno sigue los argumentos del Gobierno, pareciera que el orden público y la seguridad es un tema de declaraciones y no de acción. En opinión del Gobierno, si todos gritamos al unísono '¡condenemos la violencia!', eso se resuelve... y no es así", dijo.

El vocero de campaña de Boric, Giorgio Jackson, se expresó en términos similares en CNN Chile, donde agregó que respaldan el proyecto.