Formalizan a sujeto que loteó y entregó terreno de empresario asesinado
Luis Alarcón Cáceres quedó con prohibición de acercarse a este predio hoy convertido en la "toma" Calichero en la comuna de Quilpué. Está pendiente arista de pagos de dinero por parte de ocupantes ilegales.
Aunque se trata de una causa distinta, la formalización de Luis Alarcón Cáceres, cercano a Renato López, sindicado como autor intelectual del homicidio del empresario Alejandro Correa tiene especial interés particularmente porque sería el motor de inicio de este crimen por encargo, inédito en la región, ocurrido el 18 de mayo de 2020.
Y así lo hizo ver ayer durante la audiencia de formalización de Luis Alarcón Cáceres, la abogado querellante por la familia de Alejandro Correa, María Alejandra Barros.
"Precisar que Alejandro Correa visitó la toma el 10 de mayo del 2020, el 14 de mayo de 2020 presentó una denuncia y el 18 de mayo de 2020 un sicario lo mató de un balazo afuera de su casa. Es evidente, magistrada, que el terreno está vinculado con el homicidio de Alejandro Correa y eso es algo que nos gustaría que se tuviera en consideración a la hora de determinar la prohibición de acercarse al terreno por parte del imputado", manifestó la querellante.
Pese a los cuestionamientos de la defensa del imputado quien manifestó que no se le informó previamente que su representado sería formalizado por un delito de mayor gravedad - loteo ilegal de terreno y no usurpación no violenta de terreno - la magistrada María Alejandra Radic accedió a la medida cautelar solicitada por el fiscal Cristian Paredes, ordenando la prohibición para Alarcón Cáceres, de acercarse al terreno de propiedad de la familia Correa y fijando un plazo de 120 días.
En la formalización de cargos, el fiscal Paredes detalló que "desde el mes de abril y mayo de 2020 el imputado Luis Alberto Alarcón Cáceres, en el sector camino Calichero, manzana D, comuna de Quilpué, delimitó lotes o superficies de terreno de manera distinta a los lotes señalados en la escritura inscrita en el Conservador de Bienes Raíces. Contrató maquinaria pesada para la limpieza de terrenos, lo anterior sin contar con las autorizaciones requeridas en el párrafo cuarto de la Ley de Urbanismo y Construcción".
Para acreditar lo anterior, el persecutor presentó una serie de testimonios de personas que viven en la "toma" y que dan cuenta de que Alarcón loteó, asignó y sorteó terrenos asgurándoles, el imputado, que se trataba de terrenos fiscales.
Sin embargo, un documento de Bienes Nacionales descarta aquello. "Hay un certificado de dominio vigente con cada una de las escrituras de cada uno de los loteos de propiedad de los querellantes", sostuvo el fiscal.
En la formalización también se conoció que Alarcón pagó una retroexcavadora para efectuar un camino de 100 metros al interior de la toma y que tras un sobrevuelo hecho con un dron, personal fiscalizador de la municipalidad de Quilpué estableció que el loteo "fue preciso y bien distribuido. Hay una planificación y hay estudios", aseguró un fiscalizador en calidad de testigo.
Y al igual como lo sostendría luego una de las querellantes, el representante del ministerio público vinculó estos hechos con la causa por homicidio que iniciará juicio el próximo 31 de enero y en la cual existen 4 personas imputadas.
"Recordemos que esta causa se inicia con la denuncia de don Alejandro Correa. Una vez hecha esta denuncia, cuatro días después, se inicia una causa por homicidio en Viña del Mar. En la misma denuncia del señor Correa, él detalla cómo llega al lugar, identifica al señor Alarcón como quien lideraba a las personas que estaban loteando y tomándose los terrenos. Está en su declaración por escrito y también en la carta que dirige a la gobernadora en ese momento", relató el fiscal Paredes quien solicitó un plazo de 120 días - el que fue otorgado por el tribunal - para la realización de peritajes planimétricos junto a la PDI, como asimismo diligencias tendientes a confirmar o no la arista del pago de honorarios por los terrenos.