Leo Riquelme

Por 24 votos a favor, 15 en contra y una abstención, el Senado rechazó ayer la idea de legislar del proyecto de cuarto retiro de las AFP, que ahora deberá ser dirimida por una comisión mixta integrada en partes iguales por senadores y diputados.

A la iniciativa promovida desde la oposición le faltó un apoyo para obtener el quórum de aprobación, resultado en el que fue determinante la decisión de la senadora DC Carolina Goic.

La representante magallánica dijo en su discurso que hasta ayer se le acercaba gente en la calle para pedirle que aprobara el proyecto, pero añadió que hoy la situación económica era "absolutamente distinta" a la existente en los tres retiros anteriores gracias al impulso de iniciativas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal que promovió la oposición; y agregó que "por algo los sistemas de cotizaciones son obligatorios, porque son ahorro", y no dinero para atender necesidades presentes.

Sin mencionarla, y tras agradecer a los otros 24 senadores de oposición que apoyaron la moción, la candidata presidencial DC Yasna Provoste aludió a Goic.

"Cuando alguien hace una opción distinta es claramente no sintonizar con las demandas que hoy día tiene la ciudadanía respecto de las necesidades, para poder acceder al derecho a la pensión de alimentos, para poder emprender, para tener flujos en sus empresas, porque esto tiene un contexto especial", dijo en el Congreso.

El cuarto retiro fue votado a favor por dos senadores que habían expresado su rechazo, el PS Carlos Montes y el DC Jorge Pizarro, quienes admitieron en sus discursos que lo harían con la condición de mejorarlo (el primero) y en una señal de respaldo a Provoste (el segundo).

También lo hicieron el PPD Ricardo Lagos Weber y el socialista Juan Pablo Letelier, que habían mantenido en suspenso su postura; y en el oficialismo lo respaldaron los RN Manuel José Ossandón y Marcela Sabat.

El único que se abstuvo fue el UDI Iván Moreira, quien antes de retirarse de la sala dijo que nunca ha sido "amigo" de las AFP y que sólo estaba disponible para aprobar el 100% de los fondos, pues teme que en un próximo Gobierno busquen "expropiarlo todo".

El Gobierno fue mesurado en el festejo de la votación, pues recordó que el rechazo significará que ahora el proyecto debe ser revisado por una comisión mixta, que se espera se reúna tras las elecciones del 21 de noviembre.

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, llamó a que no prospere la moción, pues estimó que podría dejar a 5,6 millones de cotizantes sin dinero en sus cuentas individuales, que se suman a los efectos previstos en la inflación, en las alza de tasas y en las mayores dificultades para acceder a créditos hipotecarios.

Añadió que indicaciones que se han mencionado, como incorporarle exigencia de cobro de impuestos, pagarlo en cuotas espaciadas o reducir el tope, son medidas que "están lejos de convertirlo en un buen proyecto".

"Hay argumentos que están permeando distintos parlamentarios, tanto de Gobierno como de oposición", agregó su par de Hacienda, Rodrigo Cerda, que indicó que el presupuesto 2022 tiene "ciertos espacios" para mantener ayudas al empleo y las pymes.

"Hay argumentos que están permeando a parlamentarios, tanto de Gobierno como de oposición.

Rodrigo Cerda, Ministro de hacienda

El Congreso dio visto bueno ayer a la petición hecha por el Gobierno de extender el estado de emergencia que desde hace un mes rige en cuatro provincias de La Araucanía y el Biobío.

La medida fue aprobada temprano por la Cámara de Diputados, donde la división de la oposición viabilizó el avance de la norma con 76 votos a favor, 59 en contra y 7 abstenciones. En el Senado ocurrió algo similar: con votos DC y PS además del oficialismo que aceptó la solicitud del Ejecutivo logrando 21 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones.

"Salvo algunas excepciones, en general hay una condena transversal a la violencia y creo que ese es el camino", destacó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien afirmó que el estado de excepción no evita que se avance en el diálogo en la zona, respondiendo a los cuestionamiento de algunos parlamentarios opositores a la medida.

Con su aprobación, la medida que vencía mañana extenderá por tercera vez su vigencia, alargando por otros 15 días la presencia militar en la zona para apoyar los operativos policiales.

Según datos del Gobierno, esta acción ha reducido a casi la mitad los atentados incendiarios y un 88% las usurpaciones, en comparación a las semanas previas.