Priscilla Barrera Ll.

Fue un anuncio y un compromiso para sus primeros meses de gestión y así lo cumplió. La alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán junto al Concejo Municipal, aprobaron realizar una auditoría externa que permitiera conocer en detalle la realidad financiera de la Corporación Municipal y los resultados fueron inquietantes.

Falta de rigurosidad en la contabilización y debilidades de control interno, sistema contable deficiente con nulo sistema de soporte y desarrollo de mejoras; y recurso humano con debilidades técnicas, fueron tres aspectos que advirtió la consultora externa,Vegott Contabilidad y Asesorías Ltda., a cargo de llevar adelante la auditoría financiera a la Corporación Municipal de la Ciudad del Sol.

Estas tres áreas en las que inndagó la consultora tuvieron repercusiones serias. La primera derivó en que un ajuste de auditores externos para el año 2020 por mil 800 millones de pesos. La segunda -sistema contable deficiente - advirtió un trabajo manual que significó errores en pagos de imposiciones; y el tercero, la existencia de personal sin coocimietos contables.

Subvenciones

Pero sin duda alguna, los hallazgos realizados por la nueva administración fueron los más preocupantes y el principal, la existencia de saldos no acreditados al Ministerio de Educación desde el año 2013 al 2018 por cerca de 2 mil 400 millones de pesos.

"Como Municipio Abierto, uno de nuestros principales objetivos es avanzar hacia una administración enfocada en la transparencia y la probidad. Por lo mismo tomaremos las acciones correspondientes con cada uno de los hallazgos detectados por la Corporación y la Auditoría Externa. Acudiremos al Ministerio Publico a fin de que se investigue si los 2.400 millones no acreditados corresponden o no a una malversacion de fondos públicos", planteó la alcaldesa Valeria Melipillán.

Licitaciones

Pero los saldos no acreditados al Mineduc son sólo uno de los hallazgos. También surgieron antecedentes en torno a licitaciones. La primera es que no existe un departamento responsable de llevar adelante las licitaciones. Lo segundo es que aquellas desarrolladas los años 2019, 2020 y 2021 se realizaron con solo un oferente, o fueron canceladas (pagadas) con diferentes subvenciones o que no tuvieron evaluación financiera de los oferentes lo que culminó en riesgo de quiebra de los mismos y no ejecución de las obras licitadas.

Caso tablet

Ya conocido es el llamado "caso tablet". La CMQ efectuó la compra, sin licitación pública y con la evaluación de sólo 3 cotizaciones, de 251 tablets por un valor de más de $60.000.000.

Asimismo, la Corporación adquirió mil 583 tablets con licitación pública por $316.473.000, de mala calidad según alumnos y apoderados, entregando una prórroga al proveedor unilateralmente pese a incumplimiento del servicio. Tampoco se ejecutaron las garantías comprometidas.

Por lo anterior, la administración liderada por Melipillán presentó recursos a la Contraloría por licitaciones de Tablet y por eventuales daños a la CMQ en procesos de indemnización de exasesor jurídico por 70 millones de pesos.

En medio de los preparativos para los comicios presidenciales, parlamentarias y a consejeros regionales de mañana, el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, aclaró ayer que aún no ha terminado el proceso de revisión de cuentas que presentó para la segunda vuelta a gobernadora regional metropolitana la ahora candidata a senadora por Comunes y Apruebo Dignidad, Karina Oliva, cuyo bloque le quitó el respaldo el jueves por la difusión de cuantiosos pagos a sus asesores y un posible financiamiento de precampaña, lo que no está permitido por la ley.

Tagle pidió no sumar todos los montos difundidos -137 millones pagados en honorarios a siete personeros-, pues lo aprobado hasta ahora por su entidad son solo por la primera vuelta, y no por el balotaje en que cayó con Claudio Orrego.

El directivo apuntó que uno de los gastos más controvertidos, un desayuno "feminista" por el que se rindieron 28,5 millones de pesos, pertenecen justamente a la segunda vuelta que aún no se evalúa.

"El Servel no ha revisado, observado ni aprobado todavía esa rendición de la segunda vuelta. Eso se va a hacer en el futuro, por lo tanto las cifras para nosotros no son las mismas que se están diciendo en Ciper", añadió en alusión al medio que realizó la investigación periodística.

Tagle insistió en que se necesitan modificaciones legales para mejorar los procedimientos, entre los que indicó la opción de que las contrataciones a honorarios se informaran al momento de realizarlas, no al final.

En sus declaraciones a los medios el jueves Oliva deslizó que las boletas incluyen pagos a brigadistas y a meses anteriores a la campaña legal.

La denuncia también está siendo investigada por el Ministerio Público. Ayer el fiscal a cargo, Héctor Barra, explicó que la indagatoria es por eventual fraude a las subvenciones y que ya solicitó los antecedentes del caso al Servel.