Priscilla Barrera Ll.

No solo la alcaldesa Macarena Ripamonti se refirió ayer a los pagos por indemnizaciones millonarias que hizo la Corporación Municipal de Viña del Mar a funcionarios que dejaron la entidad de manera voluntaria. También lo hizo el asesor jurídico y exfiscal, Carlos Gajardo.

La jefa comunal viñamarina fue categórica y precisó que son alrededor de 5 las personas que obtuvieron millonarias indemnizaciones -la más alta, cercana a los 90 millones de pesos y que correspondió al exgerente de la CMV, Claudio Boisier- cuando decidieron dejar la entidad de manera voluntaria.

"Estos (pagos) son al menos cuestionables cuando ellos y ellas han salido de manera voluntaria y ya existía un default financiero en la administración corporativa. De hecho, nuestra legislación tributaria es bastante prudente respecto de las indemnizaciones a todo evento y voluntarias y aquí han habido indemnizaciones que superan los 90 millones de pesos en una administración desfinanciada y en default entonces claro que esto tiene que ser investigado", planteó la alcaldesa.

Y fue enfática: "Guarden cuidado, que no se nos va a pasar nada y que vamos a investigar a todas las personas que le hayan hecho algún daño patrimonial, moral y que eventualmente pueda ser constitutivo de delito o de algún tipo de negligencia que tenga que ser denunciado a la justicia", acotó la edil, al tiempo que precisó, al ser consultada, que el monto podría superar los 150 millones de pesos.

Más tarde fue el asesor jurídico del municipio y exfiscal, Carlos Gajardo, quien se refirió a estos pagos millonarios.

El abogado, contratado por la administración Ripamonti, junto al también exfiscal Pablo Norambuena para precisamente asesorar en las indagatorias internas sobre eventuales hechos que constituyan fraude al interior del municipio, durante la admnistración Reginato, planteó que "la existencia de finiquitos millonarios en favor de exdirectivos de la Corporación Municipal de Viña del Mar, es a nuestro juicio, una práctica donde pueden existir indicios de corrupción y es una práctica además generalizada que se ha hecho en diversos municipios y que da cuenta de intentos de obtener, sacar del patrimonio fiscal, recursos importantes que, de no mediar estos artilugios, no se habrían producido".

El exfiscal Gajardo, agregó que "nos parecen importantes las diligencias que se puedan realizar para aclarar estos posibles delitos y es por eso que estamos preparando las acciones correspodientes para que estos hechos sean investigados", finalizó.

Costosos finiquitos

Entre los pagos indemnizatorios abultados, se cuentan el del exgerente de la Corporación Municipal, Claudio Boisier, quien renunció para asumir como administrador municipal de Reginato y recibió un finiquito por 2.800 UF; la exdirectora del área de educación y actual seremi de Educación, Patricia Colarte, que recibió más de 20 millones y Leonardo Gálvez, quien asumió tras la salida de Boisier. Gálvez presentó su renuncia voluntaria luego de que fuera denunciado por haber sacado dineros de finanzas de la Corporación (un autopréstamo) para comprar un auto para uso personal llevándose una indemnización cercana a los 10 millones; y Rodrigo Macuada, exadministrador del Cementerio Santa Inés, quien pese a tener que salir de su cargo por incumplimiento grave a su contrato en 2019 - incluso el municipio fue sancionado por práctica antisindical - fue desvinculado por "acuerdo de las partes" con una indemnización de 55 millones .

2.800 UF recibió como indemnización el exgerente de la Corporación Municipal, Claudio Boisier.

Con un apoyo transversal a la iniciativa, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de crear una Pensión Garantizada Universal (PGU) que complemente los ingresos mensuales que reciben los adultos mayores.

Dos semanas después de su anuncio por el Gobierno, la medida ingresó este martes al Congreso con indicaciones que reemplazan la ley corta de pensiones impulsada por La Moneda y ayer superó su primer trámite, quedando listo para ser tramitado en Sala tras el receso legislativo de fin de año.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló que esperan que la iniciativa pueda ser aprobada en enero por ambas cámaras, lo que permitiría iniciar los pagos en febrero, pues ayer se acordó en comisión acelerar las transferencias para que partan un mes después de aprobada la normativa.

La propuesta despachada de comisión detalla que esta nueva PGU entregará un monto máximo de 185 mil pesos al 90% de los adultos mayores más vulnerables, cuyas pensiones sean inferiores a un millón.

Pero contempla una gradualidad. La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, explicó que quienes se encuentren en el grupo del 80% al 90% de mayores ingresos accederán a montos decrecientes. Una escala similar se seguirá respecto a la pensión base que reciben.

A un año y medio de haber sido formalizado por diversos delitos que incluyen el envío y colocación de artefactos explosivos, el imputado Francisco Solar sorprendió a la Fiscalía y confesó su actuar en los hechos que lo mantienen en prisión preventiva. En una declaración divulgada ayer, el indagado reconoció haber fabricado y enviado bombas al exministro Rodrigo Hinzpeter (que logró ser interceptada), a una comisaría y a la empresa Tánica de Vitacura. En su relato asegura que los objetivos los eligió por una especie de "venganza contra personas ligadas a la represión" y se atribuye en solitario la autoría, exculpando a su expareja Mónica Caballero. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, aseguró que Solar se vio "forzado" a confesar por la cantidad de evidencia recolectada en el caso.