Diego Gotelli C.

Leyendo un poema del escritor chileno Enrique Lihn, el presidente electo Gabriel Boric dio inicio a su intervención ayer en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), instancia en la que abordó algunos de los lineamientos que proyectó, marcarán su futuro gobierno.

En su discurso de media hora el próximo mandatario detalló que entre los "desafíos" que enfrentará su administración está la "brecha educativa" en niños y la menor recuperación de empleos que, dice, han vivido las mujeres, razones por las que adelantó que en su gestión "los colegios tienen que ser los últimos en cerrar y primeros en abrir".

"Por los niños, pero también pensando en las mujeres a quienes se les atribuye, de una perspectiva errada, como si fuera un designio natural el rol de cuidados y por lo tanto van retrocediendo en el mercado laboral", dijo.

Su postura, dijo, la mantiene pese a la "incertidumbre" que hoy genera el aumento de contagios en el país por la variante Ómicron.

Avance gradual

Boric también ahondó los desafíos económicos que se esperan para el país, ítem en el que afirmó su intención de generar "cambios" con "gradualidad y responsabilidad fiscal". "No era un discurso de campaña, sino que una convicción", aseguró .

En la materia reiteró sus reparos por el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal que dijo trabajarán con el gobierno saliente.

Al final de su discurso el electo ahondó sus críticas a la licitación del litio. "No es deseable tomar decisiones a última hora, más allá de su legalidad", recalcó.

Antes de Boric, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, aprovechó su exposición en el encuentro para asegurarle al electo que los empresarios "estamos disponibles" para "que a su gobierno le vaya bien", y le pidió impulsar el TPP-11. "Nos llevará a ganar competitividad", afirmó.

22 de enero es la fecha que dio Boric para entregar los nombres de los miembros de su gabinete ministerial.

Una posible arista penal podría abrirse a raíz de las declaraciones de un líder de los camioneros quien denunció que el paro de los transportistas del 2020 habría supuestamente sido pedido por el Gobierno para impulsar leyes.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, informó ayer que pidió a su unidad de asesoría jurídica que emita un informe que analice si lo ocurrido podría ser constitutivo de delito

"Me da la impresión de que sí podría ser un delito que esté incluido en la ley de Seguridad Interior del Estado", dijo.

El jefe del Ministerio Público precisó que en caso de incurrir en una ilegalidad en esa materia, quien puede ejercer una acción penal es el gobierno. Sin embargo, afirmó que la Fiscalía podría actuar de oficio en caso de hallar indicios de un delito común.

La acusación de la supuesta intromisión del Ejecutivo en la protesta fue hecha por el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, quien aseguró que fue orquestado con otro gremio, dirigido por Sergio Pérez, el que negó la acusación. Luego Araya mesuró sus dichos.

El Gobierno también lo descartó, afirmando que pareciera más "una rencilla entre gremios que una denuncia seria", dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.