Hasta el 31 de enero, las empresas afectas a la Ley de Inclusión Laboral, es decir, aquellas que tienen 100 o más trabajadores, deben informar cómo cumplirán en el 2022 con destinar el 1% de su dotación a personas con discapacidad. En este mes clave, bien vale la pena hacer un repaso al desempeño que ha tenido esta legislación, como también trazar el camino para mejorarla, ad portas de un cambio de gobierno.

En estos tres años desde su promulgación, los avances han sido importantes, con las compañías chilenas "culturizándose" respecto a unos estándares que sus pares extranjeros ya tienen incorporados desde hace bastante tiempo. Sin embargo, la pandemia golpeó fuerte, como a todos, dejando cifras que preocupan.

Desde la explosión del coronavirus, los datos de Fundación Luz muestran una baja de un 83% en las contrataciones, mientras que otras fundaciones alcanzan una disminución de hasta un 90%. Claro, muchas industrias se vieron obligadas a despedir para mantenerse a flote, por lo que su personal quedó por debajo del centenar, impactando directamente a las personas con discapacidad.

Esos números negativos se debieron particularmente a la contingencia sanitaria, pero lo cierto es que hay pendientes varias mejoras de raíz, que nada tienen que ver con el COVID-19. Una de ellas está relacionada con las multas, ya que a una empresa de más de 500 empleados le conviene pagar la sanción pecuniaria, de 60 UTM, antes que cumplir con su obligación legal.

El espíritu de esta ley era que la contratación de personas con discapacidad reemplazara a las donaciones. En nuestro caso, estas últimas bajaron en un 73% entre el 2019 y el 2021, por lo que podríamos deducir que hubo más incorporaciones al mercado laboral, pero eso no nos consta, por lo mencionado anteriormente.

En ese sentido, resulta clave poder reforzar la fiscalización. Muchos empleadores hacen caso omiso y logran pasar inadvertidos, sin sufrir las consecuencias.

Tanto el aumento de los controles como el de las penalizaciones monetarias siguen estancados en el Parlamento. Hacemos un llamado a los congresales a considerar estas dos solicitudes, ya que, de lo contrario, ésta pasa a ser una "ley muerta".

Otro punto clave de cara al futuro tiene que ver con la modificación del estatuto administrativo, que permita que las personas con discapacidad trabajen en el sistema público. Actualmente, dados los requisitos educacionales, tienen cerradas las puertas.

El Estado le exige al mundo privado, pero no parte por casa, no predica con el ejemplo. Esperamos que el presidente electo tome en cuenta este pedido, para que más allá de las buenas intenciones, la administración pública se la juegue en serio por la inclusión.

Sofía Villavicencio,

Directora Ejecutiva de Fundación