Diego Gotelli C.

En medio del debate sobre la conformación del Congreso que se ha tomado la comisión de sistema político de la Convención Constitucional, en los últimos días una alternativa ha comenzado a surgir como opción a la controversia entre mantener el bicameralismo actual o pasar a un sistema con una cámara.

Se trata del concepto de "consejo territorial", propuesta hecha por 12 convencionales que plantean reemplazar el Senado por un órgano que delibere sobre un lista de normas para las que se requiera "acuerdo regional", como las relativas al presupuesto, a las competencias de las regiones y entidades territoriales, a los mecanismos de distribución fiscal y a las que alteren la división administrativa del país, entre otras.

La iniciativa sugiere que este consejo reciba las leyes que apruebe el "Congreso plurinacional", como propusieron nombrar a la Cámara de Diputados, a fin de que la visen o envíen enmiendas, las que si luego son rechazadas forzaría a la creación de una comisión mixta con representantes de ambas cámaras para zanjar la normativa legal.

La propuesta fue firmada por miembros de izquierda y centro izquierda, tanto defensores del unicameralismo como de quienes preferían mantener el esquema actual.

"Se cedió", afirmó el DC Fuad Chahín, quien iba por el bicameralismo pero firmó la iniciativa. Según cuenta, aunque la opción de instaurar una cámara era mayoría en la comisión, ninguna postura obtendría los 2/3, por lo que se acercó posiciones creando un segundo órgano "asimétrico", tomando ejemplos de España, Italia y Alemania.

Desde Chile Vamos criticaron la propuesta pues afirman que quitaría "atribuciones importantes" al Senado, que es el órgano que "mejor representa" a las regiones, dijo el UDI Arturo Zúñiga.

La propuesta sugiere que el consejo lo integren al menos tres miembros por cada región en igual proporción, electos por votación popular, cuya gestión duraría un año y que representarían a sus asambleas regionales, las que se ha aprobado su existencia pero se ha rechazado que tenga potestad legisladora.

Esta y 760 indicaciones deberá votar desde la próxima semana la comisión, que espera emanar una propuesta para ser vista en el pleno el 11 de marzo.

La escalada de la crisis internacional por la tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia podría tener repercusiones que lleguen a Chile. Así lo estiman expertos que vaticinan un aumento en el precio de productos como la gasolina en el país debido al conflicto.

"Los combustibles han sido fuente de presiones inflacionarias en los últimos meses y este conflicto lo agrava", dijo a Emol Hermann González, coordinador macroeconómico de Clapes UC.

Economistas consultados por el citado medio coinciden en que las acciones que se están comenzando a aplicar contra Moscú por sus acciones tendientes a una invasión de Ucrania impactarían en la oferta global de petróleo, del que Rusia es uno de los mayores productores. Un efecto similar vería el gas natural.

Ayer Estados Unidos anunció que impondrá sanciones a las élites rusas y a sus parientes luego que en la víspera el presidente Vladimir Putin reconociera la independencia de las las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, en Ucrania. "Este es el comienzo de una invasión", dijo el mandatario Joe Biden, quien señaló que las medidas buscan "limitar el dolor de los americano al llenar el depósito de gasolina", pero subirían si la postura rusa persiste.

Antes, la Unión Europea anunció medidas contra bancos rusos, mientras que Putin negó que estuviera intentando restaurar el imperio ruso.

El Presidente Sebastián Piñera anunció la extensión hasta el 30 de junio del IFE laboral, incentivo dirigido a que los trabajadores se empleen formalmente otorgándoles un subsidio de hasta $200 mil mensual por la nueva relación laboral, y que sube a $250 mil para mujeres, jóvenes y mayores de 55 años. El pago ha beneficiado a 740 mil trabajadores, aportando en la recuperación de los más de 2 millones de empleos destruidos en los últimos años. Asimismo, el Mandatario informó que también se ampliará por tres meses el Subsidio Protege, que otorga hasta $200 mil al mes a madres trabajadoras con hijos menores de dos años que no tengan asegurado el acceso a sala cuna por el empleador, y llamó al Congreso a aprobar ley que lo convierte en un derecho universal.