Priscilla Barrera Ll.

Diez meses han transcurrido ya desde que la por entonces seremi de Vivienda y Urbanismo, Evelyn Mansilla, firmó una resolución que buscaba detener la ocupación ilegal y la proliferación de viviendas en el predio del empresario Alejandro Correa Correa, asesinado por encargo y precisamente a causa de una disputa con Renato López, autor intelectual del crimen y quien ocupaba parte del terreno.

Fue el 18 de junio de 2021 cuando la entonces seremi firmó la Resolución Exenta N° 1.000 que ordenó la paralización de obras que se ejecutaban en el inmueble emplazado en la comuna de Quilpué denominado subdivisión "Terrazas de Marga Marga" y la demolición de 43 edificaciones con destino habitacional que para esa fecha se contabilizaban en este predio ubicado en Pompeya Sur, en el sector conocido como "Camino Calichero".

Tras el reciente fallo condenatorio para los 4 imputados por el crimen del empresario y a la espera de que el próximo 18 de abril se conozcan las sentencias para cada uno de los condenados, la atención vuelve a centrarse en el origen: el terreno de Alejandro Correa en Quilpué y que hoy es ocupado ilegalmente por casi una centena de personas.

Mucho más que los 10 días para su cumplimiento han pasado desde la notificación de la Resolución N°1.000.

La seremi Mansilla ya no es seremi; tampoco Mauricio Viñambres es el alcade de Quilpué y el intendente y luego delegado presidencial, Jorge Martínez, dejó su cargo y ha vuelto al área de la educación.

Por eso los actuales actores, la seremi Minvu, la alcaldesa de Quilpué y ciertamente la delegada presidencial, han debido hacer frente a las críticas por un incumplimiento que trasciende, independiente de quien lidere un organismo.

La alcaldesa Valeria Melipillán precisa al respecto que "desde la Municipalidad de Quilpué, siempre ha habido una completa disposición a entregar los antecedentes e información que se nos ha requerido en relación a este caso y también para colaborar en la elaboración del catastro y caracterización de las familias que actualmente ocupan este terreno".

Preocupada por los alcances de la resolución, la jefa comunal señala que "en relación a la injerencia que podamos tener, la anterior seremi Minvu mandató a Serviu a realizar la demolición de las edificaciones mencionadas en la Resolución 1.000. Asimismo, se mandató desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo la paralización de toda obra en el lugar".

Y agrega: "Respecto al rol que le cabe al municipio, tras consulta de la Dirección de Obras Municipales a Minvu regional, se nos hizo llegar un documento que nos informa que seremos requeridos si fuese necesario".

Valeria Melipillán planteó que "en relación a esto (el desalojo), hay que recordar que, en febrero de este año, el Juzgado de Garantía de Quilpué, ordenó al imputado Luis Alarcón el abandono del predio, no así al resto de las familias que lo ocupan de forma irregular".

No obstante lo anterior, la alcaldesa planteó una postura clara, precisando que ya ha tomado contacto con las nuevas autoridades nacionales y regionales para abordar este tema.

"Ya hemos estado en contacto con la recién nombrada seremi de Vivienda y Urbanismo para abordar este tema que es de alta prioridad ya que entendemos que se trata de un caso excepcional que no se puede trabajar bajo la misma perspectiva con la que se abordan otras tomas ilegales que se han instalado en la comuna".

Un 80% de avance presentan las obras civiles correspondientes a la excavación, izaje de postes e instalación de las 122 cámaras de televigilancia de última tecnología que el municipio de Viña del Mar está llevando a cabo en diversos sectores de la comuna, a través de la empresa Ingesmart S.A.

La directora de Seguridad Pública, Amal Kdiemati, precisó que las cámaras son de última tecnología, con un software muy avanzado, sistema que convertirá a Viña del Mar en la primera Smart City de Chile, por lo que serán un aporte muy importante para la seguridad de la comuna.

"Tenemos un avance de un 80% de obras civiles, que es la etapa más compleja en instalación, y después quedaría la electrificación y lo relativo a la fibra óptica para enviar la señal a la sala de Comunicaciones de la Prefectura de Carabineros, en la cual también se está trabajando para adaptarla a la exigencia de los nuevos aparatos", explicó la directora.

Kdiemati puntualizó que el proceso se está desarrollando dentro de los tiempos programados: "La empresa tiene plazo hasta el 23 de abril para terminar la instalación y dejar operativo todo el sistema de monitoreo, después de esa fecha -de no cumplir con el plazo- se inicia el cobro de multas, que son del orden del millón y medio de pesos por día de retraso".