Redacción

Un total de 42 imputados fueron trasladados desde el Centro de Detención Preventiva Santiago 1 hacia distintas cárceles del país, según las subsecretaría de Justicia, tras ser acusados de realizar torturas al interior de dicho penal, provocados particularmente a imputados sin antecedentes.

Así lo denunció el juez del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, Fernando Guzmán, quien visitó Santiago 1 el 21 de este mes para inspeccionar de manera extraordinaria las condiciones carcelarias.

Según lo descrito por una víctima, los responsables eran un grupo de reos extranjeros organizados en una banda, quienes extorsionaron y amenazaron con matarlo si su familia no entregaba cierta suma de dinero.

Duros detalles

Ante el magistrado, el interno afectado mostró que presentaba golpes en su cuerpo, una fractura e incluso signos de que sus genitales habían sido quemados con el uso de corriente. Según su denuncia, los responsables exigían que su familia pagara entre 30 mil y 50 mil pesos para respetar su integridad.

Con ese fin, los acusados enviarían a las familias videos a través de WhatsApp en los que muestran las golpizas, antecedentes que fueron verificados por Guzmán, quien acudió al penal sin aviso al día siguiente.

Una vez que arribó, sorprendió en flagrancia a un grupo de al menos 10 internos que desvestían a un imputado en un sector cercano al baño. Tras ordenar a los gendarmes que lo acompañaban rescatar al reo, los sujetos se fueron encima del agredido, y en presencia del juez, lo amenazaron de muerte si es que abría la boca, quien finalmente guardó silencio al ser entrevistado por el funcionario.

Se ha podido acreditar que las torturas se centran en sectores de imputados sin antecedentes, quienes suelen ser ubicados en los módulos 33 a 38, así como el 88, donde además existe una población de cerca de 60% de extranjeros.

Esto último se explica porque al ingresar un migrante a Chile, los jueces de garantía y la autoridad penitenciaria no tienen cómo saber si cuenta con pasado criminal para poder clasificarlo según su peligrosidad, por lo que tienden a ser derivados a las celdas de "primerizos".

Denuncias formales

El acta levantada por Guzmán fue enviada a la fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, y también, como denuncia, al fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien abrió una investigación penal para esclarecer los hechos, haciendo hincapié en una posible complicidad del personal de Gendarmería en torturas y extorsiones.

Apoyado por su defensor, uno de los internos -en prisión preventiva desde el 13 de junio- explicó al juez Guzmán tras pasar por el módulo 14 para su cuarentena, fue derivado al 34, donde comenzó a vivir "un infierno", pues se encontró con muchos extranjeros -10 a 15 dominicanos y colombianos- que lo habrían agredido y obligado a ingresar al sector de las duchas, aunque logró escapar. Ese lugar, según corroboró Guzmán, es escogido por las bandas, pues las cámaras tienen un punto ciego.

Una enfermera resultó con heridas graves tras ser apuñalada por una pareja de desconocidos a la salida de su turno en la Clínica Cordillera, ubicada en la comuna de Las Condes, ayer en la mañana.

La mujer afectada logró trasladarse por sus propios medios de regreso a la clínica, donde "el equipo médico procedió a entregar la asistencia oportuna e ingresarla al pabellón de emergencia", informaron desde el recinto, que también dio a conocer que la víctima "se encuentra estable, fuera de riesgo vital".

Durante la tarde, la fiscal Patricia Ibarra relató que la mujer "terminó su turno en horas de la mañana y se dirigió posteriormente a su domicilio, que queda a dos cuadras del lugar, donde fue atacada por dos personas que se trasladaban en una motocicleta".

Según la persecutora, la víctima "presenta alrededor de 11 lesiones en distintas partes de su cuerpo: en el tórax, pecho, brazos, piernas y rostro, producto de este ataque".

Ibarra descartó que el móvil del ataque fuera un robo "ya que no le falta ninguna especie y los antecedentes que nos ha entregado la víctima son importantes para poder establecer quiénes serían las personas involucradas".

El padre de la víctima, Patricio Álvarez, apuntó que "tenemos antecedentes de que había recibido amenazas de personal de la misma clínica porque a ella la habían ascendido", y la persona que fue despedida en ese proceso "la empezó a amenazar".