Acusan dilatación en envío de antecedentes al Vaticano
Exseminaristas remarcan que hace cuatro meses el obispo de Valparaíso, Jorge Vega, tiene en su poder la carpeta con la información resultante del proceso administrativo penal en contra del padre Mauro Ojeda.
Mirian Mondaca Herrera - La Estrella de Valparaíso
Acomienzos de agosto cinco denunciantes de abuso sexual y encubrimiento contra sacerdotes de la diócesis de Valparaíso llegaron a un acuerdo indemnizatorio con el Obispado, con lo cual recibirán un total de $200 millones, una cifra muy por debajo de la que exigieron en su demanda por perjuicios: $1.250 millones. Sin embargo, pese a que las víctimas reconocen que tuvieron que ceder para privilegiar su salud mental y no seguir enfrentados a un proceso que podría haber durado años, están lejos de tener tranquilidad.
Y es que en paralelo a lo anterior, existen instancias que han seguido su curso, como el proceso administrativo penal en contra del exrector del Pontificio Seminario Mayor San Rafael de Lo Vásquez, el padre Mauro Ojeda. Actualmente el proceso ya está finalizado, pero justamente la lentitud con la que acusan ha actuado el Obispado pese a ya tener los antecedentes a su disposición hace meses, les inquieta. El próximo paso es el envío de esta información al Vaticano, pero aquello aún no sucede.
En ese contexto, el exseminarista Gustavo Donoso enfatizó que el Obispado ha dilatado el proceso de manera incomprensible. "La investigación contra Mauro Ojeda se inició hace cuatro años. En diciembre del año pasado el sacerdote que estaba a cargo de la investigación terminó, se comunicó con el obispo para informarle que ésta estaba lista, dilataron la entrega del documento y el obispo recién a fines de abril lo tomó, lo firmó", remarcó Donoso.
Lentitud
Para graficar la lentitud del proceso, añadió, "el informe lo entregaron en abril y el obispo cuenta con él desde abril de este año (...) Todavía no tenemos respuesta, no sabemos qué es lo que pasa". En ese sentido, Donoso espera que se agilice pronto esto y que para ello exista voluntad del obispo Jorge Vega, ya que como es una investigación que dicta el Vaticano es él quien "tiene que tomar la última decisión" de cuando enviar los antecedentes a la Santa Sede.
Según las denuncias que existen, en el Pontificio Seminario Mayor ocurrieron situaciones de abuso sexual entre inicios de los noventa y el año 2007.
Aquella lentitud y también la manera escueta que ha tenido el Obispado de Valparaíso para entregarles información sobre aquel proceso contra Ojeda es compartida por otro de los denunciantes, Mauricio Pulgar. De hecho, en mayo pasado envió una carta a la entidad religiosa, en la cual remarcó que "actualmente terminó el proceso penal administrativo contra el presbítero Mauro Ojeda a quien, junto con otros denunciantes, hemos acusado de pedofilia, abuso sexual, acoso sexual, manipulación de conciencia y violencia física", pero -añadió- pese a aquello desde el Obispado no han estado abiertos a dialogar con ellos.
"Más allá de los procesos ¿Dónde quedó el deber cristiano de ponerse de lado del que sufre? ¿A qué se debe su actitud de no escucharnos, no querer reunirse con nosotros y finalmente tratarnos a nosotros como si fuéramos basura y culpables de la debacle religiosa de la diócesis? ¿Qué lo motiva a no condenar al presbítero Ojeda como ha pedido el papa Francisco?", añadió en aquella misiva Pulgar.
En relación a los reparos que ambos exseminaristas han expresado por el proceso del exrector del Pontificio Seminario Mayor San Rafael, desde el Obispado respondieron escuetamente y señalaron: "En relación al padre Mauro Ojeda, si bien es cierto el proceso administrativo terminó, en estos momentos dos asesores y también el obispo las están leyendo (la información obtenida durante la investigación); un vez que terminen, el obispo Jorge Patricio Vega tomará una decisión al respecto y se enviará a la Santa Sede".
Actualmente Ojeda se encuentra suspendido del ministerio sacerdotal, pero sin sanciones eclesiásticas. Quien también se desempeñó como párroco de Casablanca fue apartado de sus labores en octubre de 2018, cuando comenzó la investigación previa. Esta medida cautelar continuó tras el inicio del proceso administrativo penal, en junio de 2020.
Aquello ocurrió, según detalló entonces el Obispado a través de un comunicado, luego que se conocieran cuatro denuncias, tres de las cuales se refieren a menores de edad, por actos de connotación sexual. Los hechos relativos a menores habrían ocurrido entre los años 1990 y 1995 y el de adulto, un abuso de autoridad, en 2016.