El 15 de septiembre de 2022 es la fecha establecida por la ley 21.369 para que las instituciones de Educación Superior (centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades), públicas y privadas, adopten medidas tendientes a erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género. Las instituciones que no lo hagan no podrán acceder a la acreditación institucional que establece el sistema nacional de aseguramiento de la calidad.

Esta ley surge en respuesta al movimiento feminista de mayo de 2018 que denunció con fuerza y dijo "ya no más" a los abusos de poder cometidos por años en los contextos universitarios. Miles de estudiantes irrumpieron en las calles luchando por sus derechos de no violencia y no discriminación de género, lo que puso urgencia a la necesidad de legislar al respecto. Si bien han pasado cuatro años desde entonces, esta demanda hoy se legitima en un cuerpo legal que regulará nuestras formas de relacionarnos en las comunidades educativas para que logremos reconocer y erradicar los abusos de poder que aún no permiten que todas y todos nos vinculemos en igualdad de condiciones.

El objetivo de esta ley es promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, además de proteger y reparar a las víctimas, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de estas malas prácticas, para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual, promoviendo relaciones igualitarias de género. Por lo tanto, serán sancionados todos aquellos comportamientos o situaciones que atenten contra la dignidad de las personas, la igualdad de derechos, la libertad o integridad física, sexual, psíquica, emocional, que sean realizados o que tengan como destinatarios/as a quienes cursen programas de pre y posgrado, desarrollen funciones de docencia, administración, investigación o cualquier otra función.

Uno de los mayores desafíos a que nos invita esta ley, largamente esperada especialmente por mujeres e identidades no hetero centradas, es la participación de todos, todas y todes quienes integran las comunidades educativas en la reflexión, formación y sensibilización que requiere la prevención, protección y reparación de víctimas de acoso, violencia y discriminación de género. Estamos frente a un cambio cultural urgente en Chile que permitirá efectivamente a nuestro país estar a la altura de los pactos internacionales adscritos hace varios años y que yacían dormidos en el olvido del privilegio patriarcal.

Ya es tiempo de respetar la dignidad humana por convicción y no solo por temor a la sanción, para que nunca más estudiantes, académicas/os, funcionarias/os vivan con miedo y vean truncadas sus oportunidades de desarrollo ante la complicidad silente de las aulas universitarias que permitieron hasta hace muy poco que muchas generaciones nos educáramos o trabajáramos en ambientes normalizados de acoso, violencia y discriminación, obstaculizando, restringiendo e impidiendo el ejercicio pleno del derecho a la educación, a un trabajo digno y a la expresión de todas las identidades de género legítimamente sentidas.

Dra. Verónica Rubio Aguilar

Directora de carrera Trabajo Social

Universidad Santo Tomás Viña del Mar