Diego Gotelli C.

El Gobierno y el Ministerio Público acordaron ayer medidas para combatir y perseguir una serie de hechos delictuales que estarían ocurriendo desde el interior de los recintos penitenciarios del país.

"Chile enfrenta una nueva generación en términos de organizaciones criminales" que son "más complejas" y "más violentas", y que están llegando a las cárceles, afirmó el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, tras encabezar una reunión con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, y el fiscal nacional Jorge Abbott.

La autoridad constató que se han recibido denuncias de extorsiones al interior de los penales, además de eventuales tráficos de droga pues el año pasado se incautaron cerca de 500 kilos de estupefacientes en los recintos.

Para mejorar la investigación de estos hechos ayer se acordó la designación de un fiscal preferente que aunará todas los delitos que se produzcan en las cárceles del país, además de persecutores regionales que se dedicarán especialmente a las indagatorias de los casos.

"No queremos permitir que las organizaciones criminales terminen tomando el control de recintos penitenciarios para transformar las cárceles en su centros de operación", recalcó Monsalve.

El subsecretario Gajardo señaló que inicialmente el trabajo estará puesto principalmente en seis penales considerados como los más críticos, donde además se reforzará la "seguridad perimetral" con Carabineros para evitar el lanzamiento de armas y drogas desde el exterior. Estos son los recintos penitenciarios de Arica, La Serena, Valparaíso, Santiago 1, Colina 1 y Colina 2.

A la par se analizaron opciones para implementar tecnologías que impidan el uso de drones en las inmediaciones de los recintos penitenciarios -los que también se utilizan para internar elementos prohibidos en las cárceles-, además de implementar sistemas para bloquear la señal telefónica en los recintos.