Belén Velásquez - La Estrella de Valparaíso

La fiscal regional, Claudia Perivancich, confirmó la apertura de una investigación por obstrucción a la justicia en el caso del fallecimiento de Valentina González, la abogada que fue encontrada sin vida al interior de un motel de Quintero hace cerca de dos meses.

Lo anterior luego de que la abogada que representa a la familia de la fallecida, Cintya Pérez, presentara una querella por dicho delito luego de reunir antecedentes de que una funcionaria del Poder Judicial -una jueza de Viña del Mar- estuviera en el sitio del suceso, contraviniendo la ley, pues los magistrados no deben intervenir en investigaciones vigentes.

Investigación paralela

La jefa del Ministerio Público en la región, se apura en aclarar que se trata de un indagatoria que corre por carril distinto al de la muerte de Valentina -que busca esclarecer las circunstancias de su deceso- y tiene que ver con la intervención del lugar en el que fue hallada la joven, ocasión en que se habría alterado el sitio del suceso, según la querellante, quien insiste en que hubo participación de terceros en el fallecimiento de Valentina.

Sin embargo, Perivancich indicó que en el caso de la muerte de la joven abogada, sobre la cual la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso emitió un informe descartando intervención de terceros, "no hay ninguna persona que tenga calidad de imputada".

"Lo que estamos haciendo es acoger algunas solicitudes de diligencias que nos ha pedido la parte querellante y, por otro lado, en paralelo a esa indagación, hemos abierto una investigación por obstrucción a la investigación para evaluar si hay alguna circunstancia que dé cuenta de alguna acción inadecuada, inapropiada, durante el desarrollo de la causa", sostuvo la fiscal.

"No hay una persona imputada en esa investigación, simplemente se abre porque tenemos datos relevantes, información, declaraciones, que dan cuenta que durante el desarrollo de la actividad del sitio del suceso habrían ingresado al sitio personas que no estaban autorizadas para ello. Es un supuesto todavía y vamos a avanzar en esa indagación", señaló Perivancich.

Cámaras de seguridad

"Pudimos analizar más de 675 cámaras y encontrar que al lugar de los hechos concurrieron personas con posterioridad a la muerte de Valentina, entre ellos una funcionaria del Poder Judicial que estuvo conversando con los sujetos que acompañaban a Valentina y, más grave aún, estuvieron en el lugar de los hechos, afuera de la habitación y esta funcionaria conversaba con Carabineros, con Samu, con los trabajadores del motel, algo que no debería haber pasado porque todavía estaba Valentina allí ", dijo la querellante Pérez, quien aseguró que la información también estaba en manos de Fiscalía.

"Que se aperture una investigación creo que es lo más racional desde que hay fundamentos que acreditan que hubo terceras personas que no debieron estar ahí", sostuvo la jurista, señalando también que sujetos habrían ingresado al vehículo de Valentina, "lanzan elementos y se limpian las manos".

Calidad de testigo

Consultada la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Carolina Figueroa, sostuvo que no se ha abierto ningún proceso interno en contra de la funcionaria involucrada: "Entiendo que la funcionaria fue citada como testigo en la investigación del Ministerio Público, fuera de eso no es mucho lo que podemos hacer cuando se actúa en el ámbito de su vida personal. Aún no (se abre una investigación interna) porque no existe ningún cargo respecto de ella que nos haga iniciar un sumario ni acta administrativa porque no tiene que ver con su cargo ni actuación de juez, más allá veremos el curso de la investigación", dijo Figueroa.

"De esa investigación debería arrojar información para realizar un sumario interno", agregó la querellante Pérez.

30 de julio fue hallada sin vida la joven abogada al interior de un motel en el que había compartido con amigos.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, se refirió a la causa abierta luego de que la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, dijera en una actividad pública que las ollas comunes de la comuna eran financiadas por parte del narcotraficantes ante la ausencia del Estado, según sus palabras.

La investigación se había abierto a partir de la denuncia del diputado Andrés Celis quien llevó los dichos de la jefa comunal ante el Ministerio Público, que luego de instruir diligencias a la Brigada Criminalística de la PDI decidió archivar provisionalmente la causa, pues "se recabó información y atendidos esos resultados estimamos que no hay antecedentes suficientes para seguir adelante", indicó la fiscal, quien aclaró que al ser un archivo provisional la causa podría volver a abrirse de llegar nuevos antecedentes.

Asimismo, la persecutora jefa aclaró que "no se citó formalmente a declarar a ella (Ripamonti) a Fiscalía, pero se recabaron antecedentes a partir de los dichos de la alcaldesa y esa información no condujo a ningún elemento relevante como para construir alguna imputación", sostuvo la jefa regional del Ministerio Público.

Cabe recordar que dichas declaraciones fueron realizadas por la alcaldesa en abril, durante la presentación de un programa para combatir delitos.