Belén Velásquez - La Estrella de Valparaíso

Valentina Correa -hija del empresario Alejandro Correa, víctima de un homicidio por encargo motivado por la toma de unos terrenos en Quilpué- presentó ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional el proyecto que su familia tiene para las 13 hectáreas "manchadas con sangre" que hoy son ocupadas ilegalmente por decenas de personas, hecho por el cual Luis Alarcón -sindicado como el líder de la toma- pronto irá a juicio.

Lo anterior podría significar que -aunque falte un largo camino burocrático- los terrenos de Correa sean comprados por el Gobierno Regional para destinarlos a un proyecto habitacional.

Valentina cuenta que se trata de un proyecto hecho junto a la Fundación Huella Local y coliderado con la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, cuyo propósito es "resignificarlo en un terreno que construya comunidad".

Propuesta de barrio

"Está pensando para 400 unidades de viviendas sociales, equipamiento municipal como un terminal de buses, un parque, entre otros. Es una propuesta de barrio con una escala intercomunal y que permitiría darle otro significado a este terreno. La idea es que dé una señal de justicia entendiendo que esto no tendría sentido si no se ponen por delante los intereses de la comuna", detalló Valentina.

Agregó que "en lo personal nadie me podrá devolver a mi papá, pero me emociona que hubo un apoyo transversal en la sala, tanto desde Apruebo Dignidad como de la oposición al Gobierno".

Para Juan Pablo Hermosilla, abogado que representó a la familia Correa en la causa por homicidios y ahora en la de usurpación de terrenos, el proyecto "restaura la comunidad que se había destruido por narcotraficantes con niveles de violencia sin precedentes en Chile y por lo tanto inicia un camino que ojalá no sea tan largo y que permita aprender la lección".

"La familia ha renunciado a lucrar con esto y, por lo tanto, busca poner el terreno al servicio de lo que es restaurar la paz social", agregó el jurista.

Al respecto, el consejero regional y presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Manuel Millones, apuntó a que podría llegar a concretarse "un proyecto único" que pueda resignificar el terreno mediante la habitabilidad social a través de la búsqueda de justicia.

"Acá, a diferencia de lo que dijo el ministro (de Vivienda, Carlos Montes), este no es un problema entre privados: el que asesinó y los ocupantes y los propietarios, es un problema de la sociedad".

Valor asequible

En ese sentido, dijo Millones, "queremos involucrarnos en dos líneas: ya sea en el Plan de Emergencia Habitacional y aportar los recursos para comprar el terreno y para construir una respuesta social. Las otras áreas, distintas, complementarias, pudieran ser financiadas con otras áreas", acotó Millones, quien precisó que "hablamos de una valor bastante asequible, absolutamente razonable, que no supera las 0,60 o 0,70 UF por metro cuadrado, es incluso más bajo que el preci o comercial".

"Ahora, hemos pedido un plan maestro para ver si pudiéramos involucrarnos en todo el predio o en una parte y eso dependerá de la propuesta final que nos presenten. Ya estamos armando la cartera 2023- 2024 como Consejo Regional y hay que ver si logramos los tiempos pertinentes", sostuvo el consejero.

Agregó que "ellos (Correa) se llevan tarea por delante, especialmente certificados de calidad del suelo, informes técnicos del Serviu, pero con voluntad política todo se puede", cerró el consejero.

Por su parte, la alcaldesa Melipillán dijo que el terreno en cuestión ha sido "penetrado con mucha fuerza por el narcotráfico y la venta ilegal de predios" y "vemos una oportunidad y esperanza al dar un giro dejando atrás la sensación de impunidad e injusticia".

Juicio en enero

La instancia ante la Comisión se da faltando poco más de un mes para la preparación del juicio en contra de Luis Alarcón, acusado como responsable de lotear y ofrecer los terrenos de la familia Correa.

Al respecto, Valentina Correa sostuvo que "mi expectativa es demostrar que es un delito que se persigue y que es posible probarlo, que la Fiscalía tiene las competencias y dar la sensación de que no se puede actuar en impunidad".

Por su parte, el abogado Juan Pablo Hermosilla se refirió a los fallos recientes de la Corte Suprema donde se han ordenado desalojos: "Antes no daban lugar a los desalojos y el resultado final es dejar a los individuos solos frente a verdaderas mafias y eso tiene que terminar. Se nota un cambio en la jurisprudencia que ha estado en la prensa. A mí me parece que lo anterior era absolutamente impresentable, dejaba a los ciudadanos sujetos a la justicia por mano propia", dijo el jurista.

Agregó que en el caso del terreno Correa "no hablamos de personas que tengan necesidades sociales, estas son mafias que se dedican a traficar no solo drogas, también terrenos", dijo Hermosilla agregando que en el caso que representa "estamos evaluando el tema (de ir a la Suprema), vamos a ver cómo se estabiliza el tema de la jurisprudencia".

Para Valentina, el cambio del máximo tribunal "no me lo esperaba, pero es lo que siempre debió ser e ilumina el proceso que viene hacia adelante".