Mauricio Toledo - La Estrella de Valparaíso

El pleno del Consejo Regional celebrado ayer aprobó la continuidad de los Programas de Inversión a la Comunidad , PIC 2 y PIC 4, los cuales incentivan puestos de empleo, en el continente y en territorio insular, contemplados para el primer trimestre de este año.

El primer Programa de Inversión en la Comunidad (PIC 2) abarca 37 comunas de la región, incluyendo Juan Fernández, con un total de 679 puestos de trabajo de media y jornada completa. Mientras que el segundo, (PIC 4) contempla a las 38 comunas con un alcance de 1.486 cupos laborales, correspondiendo ambas a una inversión de 2 mil 773 millones de pesos.

Rodrigo Mundaca, Gobernador Regional, agradeció la votación emanada desde el CORE señalando que "aquí no hay ningún consejero de ninguna bancada que haya votado en contra de esta iniciativa, más allá de nuestras diferencias que son legítimas; aquí todos los integrantes de Consejo Regional, indistintamente del partido, todos han votado a favor de darle continuidad a este programa".

Al respecto, la máxima autoridad regional se refirió a la negativa de inversión por parte del Gobierno central declarando que "hemos hecho un esfuerzo importante, pero ese esfuerzo no tiene que ver básicamente con los recursos que comprometemos, sino que estuvimos haciendo esfuerzos desde el mes de julio del año pasado, hablando con el Gobierno central para que asumiera su responsabilidad en esta materia y lamentablemente aquello no ocurrió y tuvimos que desde el Gobierno Regional tomar la decisión de apoyar este programa".

Sumando al emplazamiento de la administración encabezada por Gabriel Boric, el consejero y presidente de la Comisión de Inversiones del Consejo Regional, Percy Marín, comentó que"lamentablemente ha habido un incumplimiento grave del Gobierno, tal como dice el gobernador, quien hizo la gestión necesaria. Yo lo acompañé, soy testigo de aquello y el Gobierno lamentablemente a la fecha no ha cumplido".

La continuidad de los proyectos beneficiarían principalmente a mujeres jefas de hogar que, previo a las fiestas de Navidad, habían sido comunicadas de la posibilidad de perder su fuente de ingreso.

En este tópico, y en representación de las máximas beneficiarias, María Tapia, presidenta del sindicato N°1 Viña Oriente, expresó que "el programa realmente la región lo necesita. Antes de la Navidad la gente estaba súper estresada, todo el mundo lloraba, qué va a pasar y daba una pena muy grande; es muy difícil pasar esto cada tres meses, creo que el Gobierno central se tiene que hacer cargo. El Gobierno no debería haber dejado afuera este programa en su presupuesto del 2023".

Luego de meses de peticiones por parte de parlamentarios, y un día después que la encuesta CEP revelara un alto nivel de desaprobación y sensación de estancamiento económico, el Presidente Gabriel Boric anunció ayer un paquete de medidas financieras dirigidas a las familias para sortear la alta inflación.

El programa será parte de un proyecto de ley que el Ejecutivo enviará al Congreso y considera un bono marzo que duplicará el vigente, pasando de 60 mil a 120 mil pesos por carga, que beneficiará a 1,5 millones de hogares y a unas 3 millones de personas.

El ministerio de Hacienda dijo que este monto se pagaría en dos cuotas, la primera con el bono ya existente y el segundo una vez que el Congreso apruebe el proyecto.

Una segunda medida será el aumento en 20% del subsidio familiar y de la asignación familiar, a lo que el Presidente añadió que se trabajará en la automatización para la recepción del beneficio que tenía a más de 900 mil niños excluidos. Desde el ministerio de Desarrollo Social precisaron que la mayoría de estos marginados provienen de hogares "monomarentales". Añadieron que este beneficio sería permanente.

Una tercera iniciativa será la creación de un Bolsillo Familiar Electrónico, que consistirá en una transferencia estatal directa a la Cuenta RUT de 13.500 pesos por carga por ocho meses para quienes cuentan con el Aporte Canasta Básica de Alimentos.

Según Hacienda, ello implicará un descuento de 20% en las compras que las familias hacen en alimentos en supermercados o comercios de barrio, y que equivale al alza en el costo que ha tenido dicha canasta en el último año.

Una cuarta medida será la ampliación de un convenio de rebaja de alimentos ya vigente. Éste pasará de 240 a 512 los locales y de 2.700 a 6.900 medicamentos, que en promedio tendrán una reducción de 32% en sus precios, el doble de lo actual. A ellos podrán acceder los 15 millones de usuarios adscritos a Fonasa, que estimó que el beneficio anual para los pacientes será 30 mil millones de pesos menos a pagar en remedios.

Además, el Gobierno comprometió la ampliación del programa de alimentación en los colegios para estudiantes, que considerará la universalidad en primera instancia para prekinder y kinder. La última medida consiste en un programa de garantías especiales estatales de 50 mil millones para el sector de la construcción.