Mirian Mondaca Herrera - La Estrella de Valparaíso

Nueve meses de dolor y también de incertidumbre por el destino que tendrá el único imputado por el homicidio de sus padres, cumplen los hijos e hijas de una pareja de 63 y 58 años, respectivamente, que el 28 de abril de 2022 fueron baleados a sangre fría y a plena luz del día en las inmediaciones de las calles Mateo de Toro y Zambrano con Industrial, en el sector Belloto Norte de Quilpué. Tras el doble crimen, ocurrido aquella tarde en el mismo lugar que ambas víctimas frecuentaban para vender leña, un sujeto de 66 años fue detenido con un revólver en su poder y ayer enfrentó el inicio del juicio oral en su contra.

La instancia iniciada ayer comenzó con los alegatos de apertura de parte de los intervinientes y continuó con la rendición de prueba en esta causa. En la audiencia se detalló que, luego de disparar a quemarropa contra el hombre de 58 años, el imputado hizo lo mismo con la conviviente de la víctima cuando ella intentó socorrerlo.

Después de efectuar los disparos y escapar, según el relato de la jueza del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, Andrea Santander, el imputado fue controlado por personal policial y detenido en las cercanías del zoológico de la comuna. Entonces, los funcionarios "encuentran que bajo el chaleco que vestía portaba una sobaquera con seis proyectiles de calibre. 8 Spl y un revólver marca Taurus calibre. 38 Spl con otros seis proyectiles del mismo calibre, sin contar con autorización para tal porte".

Testigos

Por su parte, la abogada querellante, Natalia Moraga, enfatizó que la prueba de cargo mantiene no solo testigos de oída, sino que testigos "que podrán dar cuenta de lo relatado en la acusación fiscal con este nivel de detalle. Además, esto será concordante con la prueba pericial que se presentará al estrado así como la prueba documental".

Asimismo, durante el juicio declararán los funcionarios policiales que estuvieron a cargo del procedimiento, tanto en el sitio del suceso como en la detención del acusado y las diligencias posteriores que se realizaron. De esta flema, la parte querellante confía que logrará acreditar el ánimo doloso.

Durante los alegatos de apertura también tomó la palabra la defensora penal pública, Daniela Uribe, quien insistió que el imputado ha prestado colaboraciones para el esclarecimiento de los hechos al dar autorización para la toma de exámenes corporales. Además, pidió que sea absuelto del delito de porte ilegal de municiones. Así, se busca que se establezca su responsabilidad respecto al doble homicidio.

"El arma que portaba mi representado el día de los hechos es un arma que estaba legalmente inscrita para su defensa personal y consecuentemente en virtud del reglamento complementario de la ley 17.798, aquella persona que tiene un arma inscrita puede adquirir municiones (...)", planteó Uribe.

"Pena máxima"

Hasta el exterior del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, llegaron familiares y amigos de la pareja asesinada para exigir justicia. Al igual que el resto de sus hermanos, allí estuvo Fernanda Salaverry, quien enfatizó que aún están emocionalmente mal.

"A nosotros nos quitaron nuestros patriarcas, quedamos solos. Nos quitaron a los dos altiro y este maldito no solo asesinó a mis padres, nos asesinó a nosotras en vida (...) Esperamos la pena máxima, a pesar que aunque le den la pena máxima mi mamá y mi papá no van a volver", lamentó.

Un dolor profundo por la muerte de la pareja también tiene su sobrino, Ariel Villella, quien destacó la trascendencia de la jornada de ayer. "Es igual un día clave, lo estábamos esperando para ver si podemos tener más información de todo lo que ha pasado, porque fuera de todo lo doloroso que ha sido queda un poco la incertidumbre, muchas incógnitas que quedaron ahí y hoy día ojalá se pueda aclarar un poquito más", expresó.

El imputado arriesga una pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por el delito de homicidio simple reiterado y 800 días de presidio menor en su grado medio por porte ilegal de municiones o cartuchos.

Clínicas de Chile afirmaron que la crisis que afecta actualmente a las isapres "ha llegado a los pacientes", a quienes "no les queda otra alternativa que pagar y reembolsar a los prestadores".

Luego de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema ordenara a la Superintendencia de Salud definir una metodología para ajustar los planes de las Isapres a una tabla de factores vigentes y devolver los cobros en exceso a sus afiliados, y que a la vez estas no pongan en riesgo su supervivencia, las aseguradoras afirman que el plazo de seis meses interpuesto las ha hecho entrar en crisis económica.

Al respecto el presidente de Clínicas de Chile, Gonzalo Grebe, dijo a Canal 13 que esto generará que las Isapres aumenten aún más su deuda con los prestadores, la que se incrementó un 80% entre marzo y noviembre, del año pasado (de $300 a $560 mil millones), antes del dictamen. Afirman que esto ha afectado a clínicas que, en algunos casos dependen 100% de las aseguradoras, costo que finalmente indican lo terminan pagando los pacientes, por lo que pidieron "soluciones ahora".

Por otra parte y pese al plazo de seis meses dado por el máximo tribunal (llevan seis semanas), el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón pidió mayor celeridad y afirmó a radio ADN que "ha pasado un mes y medio y no se tienen luces de cuál va a hacer el camino para ponerlo en práctica".

A lo que añadió que "esto no es el cuento del lobo", debido a que ya en ocasiones anteriores las Isapres levantaron alertas por posibles quiebras. "Esto no viene de ahora. En la pandemia hubo cambios legales, se congelaron los precios durante dos años" y eso causó "los déficits más importantes de la historia" de las isapres.

Desde la Superintendencia de Salud aseguraron que el silencio "no quiere decir que las dejemos caer". Explicaron que "no falta celeridad por desidia, sino que porque debemos actuar con prudencia". A pesar de eso indicaron que la resolución estaría antes de junio, que es el plazo máximo.

Desde el Ejecutivo La ministra de Salud, Ximena Aguilera, indicó que "como Gobierno no estamos empujando ninguna crisis" y que trabajan para fortalecer Fonasa ante "cualquier eventualidad que pase con las Isapres". Estas últimas cuentan con más de tres millones de afiliados.