Juan Olivares Meza

Como un reguero de pólvora se difundió a través de WhatsApp un video pornográfico donde dos jóvenes mantienen relaciones sexuales en las dependencias del Programa Municipal del Adulto Mayor de San Antonio, ubicadas en la calle Angamos, en el sector de Barrancas.

Conocido el hecho, un grupo de concejales decidió denunciar públicamente el hecho; entre ellos Paola Améstica, quien comentó al diario El Líder de San Antonio que "la situación es muy preocupante porque este video pornográfico está grabado en dependencias municipales que son públicas, donde diariamente se atiende a adultos mayores de la comuna y eso es muy grave. Hay que revisar rigurosamente lo que pasó y analizar lo que se hará con las posibles responsabilidades que puedan existir".

Su colega Lorena Zamorano agregó: "Tenemos muchos dirigentes sociales que están preocupados e indignados porque lo peor es que este video fue grabado en dependencias municipales (...) Ahora lo que hay que hacer es perseguir las responsabilidades que corresponden y la administración actual tiene que dar la cara y responder porque esto pasó todos los límites de la decencia. No se trata que seamos santos o conservadores, porque esto ocurrió en una dependencia municipal y tiene que haber responsabilidades por esto tan grave que traspasa todos los márgenes de la decencia".

Explicaciones

Otro de los denunciantes fue el concejal Manuel Meza, quien refirió que "es muy grave que en la misma grabación quede en evidencia la ayuda de terceros porque estas personas no saltaron los muros desde la calle, tuvieron participación de gente que estaba dentro de las dependencias municipales y esto, que ocurrió el 8 de julio del 2022, recién se viene a conocer. Los concejales nos enteramos ahora y por lo tanto, si este video ya se conocía, si hubo participación de personas vinculadas a la municipalidad o alguna empresa que tenía a cargo la seguridad de ese recinto, ¿por qué nos tenemos que enterar por terceros y no por quien tiene la responsabilidad de esas dependencias que es la actual administración a través de Dirección de Desarrollo Comunitario?".

Los protagonistas de la grabación son una pareja que se dedica a realizar este tipo de desafíos en videos que suben a plataformas donde cobran por ver.

Diario El Líder solicitó una versión de la alcaldía sobre los hechos denunciados, pero no tuvo respuesta.

En un juicio abreviado en el que asumió su culpabilidad, el hermano del expresidente Eduardo Frei, Francisco Frei Ruiz-Tagle, fue condenado ayer a cinco años de presidio y a pagar una multa por 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a 6,2 millones de pesos a beneficio fiscal.

El admitir su responsabilidad le permitirá al menor de los hijos del también exmandatario Eduardo Frei Montalva que cumpla su condena bajo libertad vigilada.

Francisco Frei fue condenado por los delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal, giro doloso, uso malicioso de instrumento público y privado mercantil falso y delito de la ley de almacenes generales de depósito.

El caso del que fue declarado culpable se remonta al 16 de agosto de 2019, cuando el ingeniero comercial se autodenunció por irregularidades financieras cometidas a través de la empresa Inversiones Saturno S.A., propiedad del expresidente.

En el proceso admitió que había suplantado firmas de su hermano para solicitar créditos para fines personales. Ante el escándalo, su hermano Eduardo Frei lo acusó de irregularidades por 1.500 millones de pesos durante 15 años.

En 2020 ya había sido condenado por el delito de giro doloso de cheques por $204 millones.

El Juzgado de Garantía de La Ligua accedió a modificar la medida cautelar que pesa sobre la alcaldesa de Nogales Margarita Osorio, imputada por delitos reiterados de estafa, cambiándola de arresto domiciliario total a arresto nocturno y firma quincenal.

Cabe recordar que Osorio se encuentra con arresto domiciliario total desde junio del año pasado y, aunque en principio siguió ejerciendo su cargo, la Contraloría determinó que sus funciones eran incompatibles con la medida cautelar, por lo que asumió la concejala Leslie Pacheco como alcaldesa subrogante. Con este cambio de cautelar, se abriría la posibilidad de que Osorio busque retomar sus funciones.

Durante la audiencia, realizada ayer, el fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción, Patricio Toro -quien indaga las estafas reiteradas que afectaron a integrantes de comités de vivienda de Cabildo y El Melón-, solicitó además una ampliación de la investigación en 90 días, lo que fue autorizado por el tribunal.

"Se dio cuenta al tribunal de las diligencias efectuadas en el anterior tramo de la investigación (...) y de las diligencias que se proyecta realizar en los próximos meses, que hicieron estimar por esta unidad que resulta necesaria la extensión de plazo para dar el cumplimiento de ella a partir de diligencias que ha ido disponiendo la fiscalía y otras que, a solicitud de la defensa, se han resuelto".

Entre estas, el fiscal Toro adelantó diligencias "relativas a un grupo de integrantes de un comité de vivienda de El Melón que pudiesen aportar antecedentes respecto de la manera cómo también resultaron afectados por el actuar de los imputados".

Coimputados

Con respecto de los coimputados de la alcaldesa Margarita Osorio, el arquitecto Mauricio Torres y la concejala de Cabildo, se mantuvieron las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional.