Priscilla Barrera Ll.

Como David contra Goliat se sienten las familias de El Salto frente a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, EFE y el inminente desalojo de las viviendas que desde fines de los años '50 comenzaron a levantarse al final de calle Limache y a un costado de la línea férrea.

Pese a las reuniones que reconocen han podido mantener con la estatal, acusan falta de claridad en torno a las características del proyecto que en un principio demandaba el desalojo de 70 viviendas para reforzar el talud de la línea férrea pero que en la actualidad y de acuerdo con la información más reciente brindada a la comunidad, involucraría a la totalidad de las familias del sector.

Así lo manifestó con preocupación la presidenta de la junta de vecinos El Salto, Doris Arancibia, quien junto a otros dirigentes, participó el pasado 21 de julio en una reunión con EFE, el municipio y Serviu.

"Quedamos mal y preocupados después de esa reunión porque nos dijeron que nos entregarán a cada uno de nosotros las cartas de desalojo y que salen todas las casas: las primeras son las del costado de la línea y siguen las de adelante porque las máquinas no tienen espacio suficiente para trabajar", explicó la dirigente.

Terreno municipal

Erika Navarro Cruz nació en 1958 y ha vivido toda su vida en El Salto. Su papá, Luis Artemio Navarro Reyes era funcionario municipal y era el cuidador del vertedero municipal que por esos años funcionaba en este sector de la ciudad.

"Él llegó de Curicó y trabajaba en el entonces departamento de Parques y Basuras del municipio. El murió aquí, a los 96 años. Él era el cuidador del vertedero municipal y cuando se trasladó el vertedero, se encargó del control de vehículos que sacaban áridos del estero", recuerda Erika.

Lo más triste para esta mujer y que también refleja la realidad de muchas otras familias es que desde aquellos años muchos han intentado regularizar sus terrenos sin recibir durante todo este tiempo respuestas de ninguna autoridad.

"Hicimos trámites en Bienes Nacionales, lo que más sentimos es que la municipalidad nunca se ha involucrado, ningún alcalde se ha involucrado, ningún político y ahora nos dejan a la deriva", cuestionó esta antigua residente.

La población El Salto está constituida por cerca de 200 familias, entre ellas 90 niños menores de 12 años. Gran número de vecinos son adultos mayores que nacieron y se criaron en esta población.

"Los vecinos quieren dar la pelea por sus casas, por su población, esta no es una toma como se ha querido decir. Llevamos más de 60 años acá, toda una vida que quieren borrar de un día para otro", agregó Doris Arancibia.

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la decisión del Juzgado de Garantía local, que había sobreseído la querella que una exfuncionaria de la municipalidad porteña presentó contra dos abogados de esa entidad edilicia, por los delitos de prevaricación y falsificación de instrumento público. Esto luego de ser destituida mediante un sumario instruido en su contra que, a juicio de la afectada, adolecía de irregularidades que la llevaron a interponer una querella en contra del director de Asesoría Jurídica y del abogado que fue el fiscal administrativo a cargo del sumario. Cabe recordar que, para la defensa de esta causa, el municipio autorizó en su momento la contratación del abogado Juan Carlos Manríquez, por un monto de 15 millones de pesos.

Ahora, por orden del máximo tribunal regional, la Fiscalía local deberá investigar la querella, para lo cual deberá revisar el contenido íntegro del sumario en cuestión y determinar si los abogados municipales incurrieron en los delitos señalados.

Batalla legal

La querella de la exfuncionaria, quien ha librado una larga batalla legal contra la determinación del municipio de destituirla, se funda en que, según su consideración, tanto en las conclusiones del sumario como en el decreto alcaldicio que ordenó la máxima sanción se tuvieron por ciertos hechos que serían falsos. Por ejemplo, que ella habría trabajado durante siete meses paralelamente en el municipio porteño y en la Corporación Municipal, en el mismo horario y período, lo que no sería efectivo.

Mauricio Suazo, abogado de la parte querellante, señaló que "este fallo restablece la dignidad y los derechos de la víctima de dos graves delitos, víctima que es una mujer que tiene 28 años de carrera municipal intachable, que tuvo siempre máxima calificación en sus evaluaciones y esperamos que la Fiscalía local cumpla con realizar una investigación penal completa de los hechos objeto de la querella", concluyó.