Marcela Küpfer C.

"Cuando pones una cosa de gran volumen bajo la alfombra, terminas estrellándote contra la alfombra, y eso fue lo que nos pasó en el tema constitucional". Hace casi seis meses, cuando se cumplía un año desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, Agustín Squella Narducci, académico de la UV, Doctor en Derecho y Premio Nacional de Humanidades, así como un activo analista político y social, reflexionaba así sobre la relación entre la revuelta que conmovió al país y su derivación en un proceso constitucional que hoy lo tiene a él mismo como candidato a la Convención Constituyente por el distrito 7, como parte del pacto Lista del Apruebo.

Squella, hoy en plena campaña, dice que simplemente no se podía restar de este histórico proceso. "Tenía mucho sentido hacerlo, muchísimo sentido, y sentí algo así como un deber de postular a una Convención que va a tener una tarea especialísima y única en la historia de un país cuyas Constituciones, al menos hasta ahora, han sido siempre una imposición de un sector sobre otros y no auténticas cartas magnas para la República de Chile, esa que todos queremos, a la que todos pertenecemos y en la que ningún sector debe dominar a los demás", confiesa Squella.

Y agrega, a modo de parangón: "Si me permite una referencia personal, sentí el mismo deber que cuando en 1990 postulé a la rectoría de la Universidad de Valparaíso después de 17 años de intervención militar de las universidades. Nunca pensé en ser rector, pero en ese momento no había que restarse a la tarea de recuperar las universidades públicas".

-¿Cuáles son los principales temas o ejes que, a su juicio, debe incluir el nuevo texto constitucional?

-El capítulo sobre derechos fundamentales, todos ellos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, medioambientales); el capítulo que antecederá a ese (sobre principios del nuevo ordenamiento constitucional), en el que se debería establecer que el valor superior es la común dignidad que comparten todas las personas, y no solo al nacer, sino a lo largo de toda la vida; y una mejor y más justa distribución del poder entre Presidencia de la República y Congreso Nacional, y entre gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos municipales, aunque con los debidos controles para que esos tres niveles de poder actúen con eficiencia, buen trato y probidad.

-En materia de administración política del Estado, ¿qué cambios cree se deberían implementar en el país? ¿Es partidario de mantener el actual sistema presidencial unitario o promoverá una reforma político administrativa profunda (federalismo, semipresidencialismo, democracia parlamentaria)?

- No más el presidencialismo casi monárquico que teníamos ya con la Constitución de 1925 y que la del '80 llevó incluso al extremo. Un sistema semipresidencial, o de un presidencialismo atenuado, sin pasar por ello a un régimen enteramente parlamentario. En política la ley del péndulo nunca da buenos resultados.

-Hay un consenso generalizado respecto de que Chile requiere una democracia más representativa y participativa, ¿qué herramientas piensa se deben incorporar en la nueva Constitución en este sentido?

-La democracia moderna es representativa, participativa y deliberativa, aunque ninguna democracia, y tampoco la chilena, está plenamente a la altura de esas tres características. Una democracia mayormente participativa tiene que incluir no solo elecciones periódicas de representantes, sino la posibilidad de revocar el mandato dado a estos en caso de graves infracciones jurídicas o éticas, y tiene que incluir también la iniciativa popular de ley, la abrogación de leyes por iniciativa ciudadana, y los referendums y plebiscitos como modalidades excepcionales de democracia directa.

Temas valóricos

-La redacción de un nuevo texto constitucional abre espacio para los discusión de temas valóricos muy debatidos en nuestra sociedad, tales como el aborto libre y legal como un derecho de la mujeres a decidir sobre su cuerpo vs. el derecho a la vida del que está por nacer, actualmente consagrado en la Constitución del '80. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Debe este tema ser zanjado a nivel constitucional o debatido como norma legal?

-La próxima Constitución no va a zanjar de un plumazo los hondos y comprensibles desacuerdos morales que existen en el seno de la sociedad chilena. Por cierto que temas como los que usted señala van a estar en la mesa de debates de la Convención, aunque sin desestimar que queden entregados a la legislación ordinaria o común. Por ejemplo, ¿es mejor debatir sobre eutanasia con ocasión de la nueva Constitución o a propósito de una revisión de la actual legislación sobre derechos de los pacientes y del proyecto de ley que ya está en tramitación sobre la materia? En cualquier caso, para mí el principal tema valórico hoy en Chile, y ni qué decir en Valparaíso, tiene que ver con la pobreza, con la profunda desigualdad en las condiciones materiales de existencia de las personas y sus familias. ¿Es acaso moral que muchos no tengan acceso garantizado a bienes básicos o primordiales de salud, educación, vivienda, retribución justa por el trabajo o previsión? Hace pocos días visité una villa en la parte alta de Reñaca, a no más de 10 minutos de la playa, y sus habitantes hace 23 años que están esperando alcantarillado y agua potable en los grifos.

-Hay una alta expectativa respecto de los derechos sociales que una nueva constitución podría garantizar a los chilenos, cuya consolidación sin duda implicaría un cambio en el modelo económico. ¿Qué transformaciones cree usted se pueden plasmar en el texto constitucional que permitan pensar en una cambio efectivo del modelo?

-Los derechos sociales van a estar en la próxima Constitución y lo estarán no solo declarados, sino también garantizados. Sin garantía efectiva cualquier derecho corre el riesgo de transformarse en letra muerta escrita en un papel. ¿Qué los derechos sociales cuestan dinero? Todos los derechos fundamentales cuestan dinero, mucho dinero. Los derechos civiles, incluido el derecho a la propiedad, obligan a mantener todo un poder del Estado -el Judicial-, una Fiscalía Nacional, una Defensoría Penal Pública, un servicio de gendarmería, etcétera. Los derechos políticos exigen financiar servicios y tribunales electorales, elecciones periódicas, partidos políticos, campañas. ¿Y acaso alguien va a poner en duda tales derechos solo porque demandan grandes recursos del Estado?