Leo Riquelme

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió presentar una querella contra Héctor EspInosa, quien era hasta junio oficiaba como director general de la Policía de Investigaciones (PDI). El organismo le imputa a él y a quienes resulten responsables los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, y lavado de activos.

El hoy exfuncionario es investigado por la fiscalía por la compra de un departamento de 398 millones de pesos en Las Condes, operación que realizó en abril de 2018 junto a su cónyuge.

De acuerdo a una investigación periodística de Ciper, el inmueble se compró con transferencias bancarias y un crédito hipotecario por 143 millones que no fue incluido en la Declaración de Intereses y Patrimonio del entonces jefe policial.

El CDE indicó que la indagatoria del Ministerio Público "da cuenta de variados y cuantiosos depósitos en efectivo efectuados en las cuentas corrientes del exdirector de la PDI y de su cónyuge, sin justificación".

"La acción penal buscará determinar las eventuales responsabilidades relacionadas con la sustracción de los fondos reservados manejados por el ex director, como asimismo las falsificaciones documentales verificadas al rendir cuenta de los mismos", agregó en un comunicado.

La pesquisa en el Ministerio Público está a cargo del fiscal regional de Magallanes, Pedro Campos, quien también investiga el millonario fraude cometido en Carabineros.

A través de un comunicado, la PDI expresó su "compromiso irrestricto con el principio de presunción de inocencia (...) mientras no exista una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada", pero también aseguró que tiene un "compromiso con la transparencia y la entrega de toda la información que le sea solicitada".

El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, valoró en radio Cooperativa la decisión del CDE, pues "es una señal correcta" para esclarecer el caso.

Con los votos a favor de los senadores opositores Pedro Araya, Alfonso de Urresti y Francisco Huenchumilla, y en contra de los oficialistas Luz Ebensperger y Rodrigo Galilea, la comisión de Constitución aprobó ayer en general el proyecto que pretende indultar a los detenidos durante la revuelta social iniciada el 18 de octubre de 2019, que será revisado en las próximas semanas en la sala del Senado.

Araya, presidente de la instancia, reconoció que la iniciativa tiene "una mala factura técnica" y una "serie de inconvenientes", pero agregó que eso "no puede ser impedimento para que tomemos una decisión que es de carácter político, que es, a mi juicio, de qué manera contribuimos a buscar y alcanzar paz social con justicia".

Durante la votación se registraron protestas en Santiago y Valparaíso protagonizadas por familiares de los apresados. La madre de uno de ellos, Paloma Palomera, festejó la decisión y sostuvo que el indulto "tiene que ser una decisión política porque se dio en un contexto político.

La senadora Ebensperger (UDI) rechazó el proyecto argumentando que la Constitución garantiza el derecho a la manifestación pacífica y los detenidos se encuentran en esa condición "porque cometieron delitos comunes" y no por sus ideas.

Hoy la sala de la Cámara de Diputados discutirá la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, libelo motivado por su persistencia de lograr el retorno a clases, lo que llega a esta instancia con el rechazo de la comisión revisora.

Tres parlamentarios de la UDI y uno de RN votaron ayer en contra del pedido iniciado en la oposición; mientras que el único respaldo lo dio la PC Marisela Santibáñez.

"Es un wantán jurídico. No tiene carne ni fundamentos. Invoca que el ministro infringió la Constitución o las leyes y que las dejó sin ejecución, sin embargo, no se indica cómo las infringió", dijo el gremialista Guillermo Ramírez.

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, llamó a aprobar la acusación, pues, dijo, "las comunidades hoy están sufriendo partir del actuar de este ministro".

La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados acordó que el 1 de septiembre votará el cuarto retiro de las AFP, cuya discusión partió ayer.

La instancia definió ese plazo para oír a expertos y fundir en una sola las mociones, que consideran giros por entre 10 y el 100%.

El presidente de la instancia, Marcos Ilabaca (PS), dijo que esperan en las próximas dos semanas atender a ministros y tener cifras reales sobre el impacto del Ingreso Familiar de Emergencia.

El RN Frank Sauerbaum agregó que esperan tener un debate "más reposado" que los anteriores, considerando los impactos que puede tener en la inflación; y el UDI Juan Antonio Coloma adelantó que buscarán "proteger los dineros de afiliados" de futuros intentos de expropiación.