Muni de Valpo tuvo su propio cambio de mando
Alcalde Sharp anunció nuevos jefes de área e informó la destitución del sumariado exdirector Carlos Soto.
Un verdadero cambio de mando se vivió en la municipalidad de Valparaíso. Ayer, en sesión ordinaria del Concejo, el alcalde Jorge Sharp anunció una serie de cambios en diferentes direcciones de área, además de la futura creación de la Dirección de Medioambiente, Políticas de Género y Vivienda.
"Hemos tomado la decisión de reorganizar a parte de nuestros equipos a fin de avanzar en el cumplimiento en estos próximos años del programa de inversiones por más de $124 mil millones, que hemos llamado 'Valpo al 100'. Este es un proyecto de carácter colectivo, que pone en el centro el bienestar y el buen vivir de los habitantes de Valparaíso".
Parte del nuevo organigrama es el siguiente: Administración Municipal será dirigido por el ingeniero industrial Daniel Ramírez; la Secretaría de Planificación Comunal (Secpla) estará a cargo el antropólogo Alejandro Escobar; la Dirección de Administración y Finanzas será liderada de forma provisoria por la asistente social Cecilia Ugalde. Mientras que en la Dirección de Operaciones su director será el abogado Christian Órdenes; en la Dirección de Salud estará la enfermera Mónica Riveros; como encargado de Espacios Públicos estará el licenciado en Psicología Ubaldo González; y como Delegado Territorial el trabajador social Paulo Gómez.
Además, el Concejo Municipal deberá discutir la creación de la Dirección de Medioambiente, que estaría a cargo de la Ingeniera Civil Ambiental Alina Moya; la Dirección de Políticas de Género, sería liderada por la socióloga María Ignacia Banda; y en la Dirección de Vivienda su jefe sería el arquitecto Luis Álvarez.
Destitución
Ayer también se informó sobre la destitución del director de finanzas nombrado por la administración de Jorge Castro, Carlos Soto, a quien se le responsabiliza de la contratación de la cuestionada empresa Total Transport durante los años 2015 y 2016 por las sumas de $40.498.735, por concepto de mantención de bateas inexistentes, y de $11.984.642, por el arriendo de un set de equipos complementarios a mini cargadores, en circunstancias que tales implementos habían sido devueltos por desuso a la maestranza de dicha firma.
Un sumario realizado por la Contraloría Municipal, determinó que Soto infringió obligaciones funcionarias y contravino el principio de probidad administrativa.