Belén Velásquez - La Estrella de Valparaíso

Hoy, viernes 9 de diciembre, se cumplen dos años de uno de los episodios más traumáticos que le tocó vivir a D.F., una mujer que mientras ejercía labores de secretaria en la clínica Los Leones de La Calera denunció haber sido abusada sexualmente por uno de los doctores del recinto, quien ya se encuentra formalizado por el Ministerio Público luego de que la PDI realizara diligencias al respecto.

Los hechos, dice la imputación de cargos, ocurrieron durante la mañana del 9 de diciembre de 2019.

Sin consentimiento

En aquella fecha, la víctima se desempeñaba en el área de gerencia del centro de salud, circunstancias en que "llegó el imputado Marcelo Paine Hernández, quien se desempeña como médico cirujano -o por lo menos en esa época del establecimiento médico- quien de manera rápida y sorpresiva y sin mediar el consentimiento debido de la víctima introduce sus manos bajo el blazer de la víctima" efectuando tocaciones de "connotación y relevancia sexual en su pecho", hecho que a juicio del Ministerio Público constituye un presunto delito de abuso sexual impropio.

De esta manera, consultada la Fiscalía local de La Calera indicaron que "el imputado, quedó con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y firma mensual. Se fijó un plazo de investigación de 90 días, por ello la causa se encuentra vigente con diligencias en curso".

Luego de lo ocurrido, D.F. cuenta que de alguna manera fue acogida por el recinto en donde trabajaba y que al tiempo, el médico abandonó el lugar tras negociar con la clínica.

Pasado cerca de un año -entendiendo el proceso que conlleva asumir ser víctima de este tipo de hechos- D.F. presentó una querella contra el profesional, el que fue formalizado en octubre pasado.

"no es justo"

D.F. relata que con el ahora presunto autor de los hechos, "siempre nos llevábamos bien, nunca tuvimos un problema, pero no sé qué fue lo que le pasó que lo llevó a hacerme lo que me hizo, pero me dejó la grande... no es justo", se lamenta la víctima quien aportó a la investigación mensajes del imputado en donde pide disculpas por lo ocurrido asegurando que "pensé que era un juego mutuo".

D.F. agrega que su salud mental se ha visto deteriorada tras la situación y con la demora del proceso judicial: "No puedo estar así. Imagina lo que es andar por la calle mirando a todos lados por si me lo topo, esto no puede ser... No quiero ni pensar que haya más víctimas", confiesa la afectada.

Al respecto, el abogado querellante representando de D.F., Felipe González, sostuvo que "es sumamente lamentable el abuso en un contexto laboral. En definitiva, la querella nace a propósito de la invisibilización de las víctimas de abuso en el contexto laboral por personajes como el imputado, por lo que esperamos que se presente el requerimiento correspondiente y se pueda arribar a una condena".

Asimismo, el jurista comentó que "ni el imputado ni la defensa se han acercado para, por lo menos, tratar de mejorar la situación".

Consultado el abogado José Andrés Peirano, quien figura en la causa como defensor privador del imputado, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

2 años exactos han transcurrido desde la ocurrencia del abuso sexual contra D.F.

Dos mujeres de 42 y 20 años, madre e hija entre sí, resultaron con heridas por arma de fuego y por arma blanca luego de ser atacadas por un grupo de sujetos en la plaza Bilbao de Valparaíso.

Según información policial, el hecho ocurrió a eso de la medianoche de miércoles para jueves, cuando según lo que denunciaron las víctimas, un grupo de cuatro individuos las abordó mientras se encontraban al interior de la mencionada plaza porteña.

Lo anterior luego de que los antisociales descendieran de un vehículo para luego golpear con pies y manos, apuñalar y balear a ambas mujeres, luego de lo cual los desconocidos escaparon del lugar.

Las víctimas, quienes mantienen antecedentes policiales, fueron trasladadas hasta el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso. En el lugar, la madre fue identificada como M.F.M., diagnosticada con heridas por proyectil balístico y por arma blanca en uno de sus muslos, mientras que la hija fue individualizada como K.P.F., diagnosticada con lesiones de similares características, ambas fuera de riesgo vital.

El procedimiento fue adoptado por la Primera Comisaría Sur de Carabineros, sin embargo, luego el fiscal de turno ordenó diligencias a la Brigada de Homicidios.