Mirian Mondaca Herrera

"¡Asesinos!", fue el desgarrador grito que se escuchó de manera espontánea una vez finalizada la audiencia de lectura de sentencia en la causa por el secuestro calificado con resultado de muerte del colectivero Juan González Farfán, que desapareció el 13 de enero de 2022, mientras trabajaba en su vehículo. Esa escueta pero potente palabra significó un desahogo para la familia y amigos de este trabajador, después de un largo proceso de un año y cuatro meses de búsqueda sin hallar su cuerpo y más de un mes desde que se inició el juicio en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar.

Finalmente, para el condenado que se desempeñó como líder del plan para retener a González, Óscar Cantillano López, el tribunal decretó la pena más alta que establece la legislación chilena: presidio perpetuo calificado, por lo que tendrá que esperar a cumplir 40 años tras las rejas si desea solicitar algún beneficio carcelario.

En el caso del otro condenado mayor de edad, quien actuó como ejecutante de las órdenes del primero, Daniel Silva Huerta, el TOP viñamarino decretó la pena de presidio perpetuo simple. Esto quiere decir que no podrá pedir beneficio antes de cumplir 20 años en prisión.

En tanto, el adolescente de 17 años, identificado como F.A.S.O., fue sentenciado a 9 años de internación en régimen cerrado. En este último caso, podrá ser trasladado a una cárcel una vez cumplida su mayoría de edad, aunque a un módulo especial en el cual habitualmente se envía a quienes han sido condenados siendo menores de 18.

Respecto a la diferencia en las penas para los dos adultos, la magistrada Andrea Santander explicó que se debe a que Daniel Silva Huerta, a la fecha de comisión del delito, no contaba con antecedentes penales anteriores, "por lo que se hizo beneficiario de la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, y esto motivó que se le impusiera una pena más baja en relación a Cantillano López".

Luego de reunirse de manera íntima en el exterior del tribunal con el abogado querellante tras la lectura de sentencia, los familiares de Juan González expresaron su conformidad con las penas impuestas a los tres sujetos. Sin embargo, dejaron en claro que es solo una etapa la que se cerró, ya que resta encontrar el cuerpo del colectivero.

"Sé que hay muchas personas que tienen temor de hablar, pero que lo hagan a través de terceros (...) Si saben dónde dejaron a Juan, ya basta de hacernos sufrir, que nos digan dónde está, por favor, se los ruego", fue el desgarrador llamado de Elizabel González. En la instancia, además apuntó a que existe un involucrado que aún está libre, que sería el líder de una banda criminal y que siempre han tenido la corazonada que el cuerpo de Juan estaría junto al de otra víctima fatal que estuvo en la "casa cautiverio" de El Crisol el mismo día 13 de enero y de la cual no hay rastro.

Tras la lectura de sentencia, el abogado de la familia, Cristian Canifrou confirmó que existe una investigación paralela que se mantiene, precisamente también en relación a esta otra desaparición. "Esa es una causa que está y se está tramitando en la Fiscalía de Valparaíso. Hay investigaciones paralelas y que dicen relación también con la búsqueda del cuerpo de Juan, independientemente del resultado de hoy", finalizó el abogado.

40 años, de cárcel deberá cumplir Cantillano antes de solicitar algún beneficio. Silva tendrá que esperar 20 años.

A la Contraloría recurrió el concejal de Viña del Mar, René Lues, para que se indague la razón por la cuál el municipio no hizo el cobro de la boleta de garantía por el fallido show de fuegos pirotécnicos Año Nuevo en el Mar 2023, acción que en su momento, incluso mediante los medios de comunicación, la alcaldesa Macarena Ripamonti, señaló que si se realizaría.

Lues detalló que "presenté en la Contraloría Regional un requerimiento para que, en el marco de la auditoría que dicha Entidad de Control llevará adelante sobre el fallido show pirotécnico del año 2023 en Viña del Mar, se investiguen también las razones del no cobro de la garantía que, de acuerdo a las bases, debió entregar el proveedor por fiel cumplimiento de contrato por un monto de $214 millones".

El concejal además indicó que busca que se indague qué sucedió con dicho documento, con su cadena de verificación, revisión y custodia, y las eventuales responsabilidades administrativas que debieran hacerse efectivas, conforme a los hechos denunciados.

Desde el municipio dijeron que se solicitó la ampliación de la querella presentada a comienzos de enero contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del delito de estafa, por hechos relativos al fallido servicio de pirotecnia.

"El objetivo de la acción judicial es investigar eventuales responsabilidades e inició de un sumario administrativo interno con el propósito de recabar antecedentes que permitan poner en conocimiento de la justicia, la problemática que se originó con el cobro de la boleta de garantía y la ejecución del contrato.

"Toda esta información se sumó a la carpeta investigativa en la que la municipalidad busca esclarecer los hechos", añadieron.

214 millones es el monto de la garantía que debió entregar la firma a cargo de realizar la fiesta de Año Nuevo en el Mar.