Leo Riquelme

Una semana clave inició ayer la Convención Constitucional, cuyos miembros tendrán la misión de aprobar o rechazar los últimos artículos para el borrador de la nueva carta. De hecho, en la jornada trabajaron las comisiones de Armonización, Preámbulo y Normas Transitorias, que cerrarán el último mes de la instancia que se convocó en julio.

Ante el debate por lo que sucederá en el Plebiscito del 4 de septiembre, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, criticó que se plantee la opción de una tercera via si es que se rechaza el texto definitivo.

"Los chilenos somos bien respetuosos por las leyes. El Acuerdo por la Paz (de noviembre de 2019) es súper claro en todos los procesos de inicio, desarrollo y fin. No me parece adecuado que se estén levantando grupos, no sé de dónde vendrá esta idea, de cambio a lo que ya tenemos claro sobre las reglas del juego", dijo a radio Universo.

Quinteros añadió que ni siquiera la normativa internacional lo recomienda. Por lo mismo, a su juicio, la "tercera vía" "atenta contra el proceso democrático que hemos levantado como país".

La última encuesta Cadem arrojó que un 48% está por el Rechazo y un 35% por el Apruebo.

Las comisiones de Armonización y Normas Transitorias ayer no lograron acuerdo para definir sus coordinadores en la mañana. La primera deberá velar por la redacción final de todo lo aprobado, para evitar incongruencias y faltas de redacción y ortografía; mientras que la segunda deberá proponer una transición entre la Constitución vigente y la propuesta.

Para la de Preámbulo sí se aprobó la representación de Adriana Cancino (ind-PS). Ésta comisión deberá redactar el inicio del borrador, que tendrá que recoger el espíritu de la Constitución.

Ayer el Pleno discutió los últimos artículos del sistema político y para mañana se esperan las votaciones para las segundas propuestas de derechos fundamentales y de ahí los derechos de pueblos indígenas, las relacionadas con sistemas de justicia y para el sábado las normas de medio ambiente.

Ante el revuelo que generó en familiares de víctimas de la violencia en la Macrozona Sur y la oposición, ayer la ministra de Justicia, Marcela Ríos, debió aclarar su postura sobre el condenado Celestino Córdova, machi que purga una pena con beneficio dominical por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrido el 2013 en la quema de su casa en Vilcún.

En una entrevista publicada el domingo en El Mercurio, la autoridad fue consultada sobre si consideraba a Córdova como un homicida o un "preso político". Ríos respondió que no le competía pronunciarse "respecto de la calificación específica que tengan los casos. Creo que como Estado tenemos un conflicto con el pueblo mapuche que genera conflictividad y que genera protestas", añadió.

Ayer, ante las críticas y los recordatorios de que el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha dicho que en Chile no hay presos por sus posturas políticas, Marcela Ríos debió aclarar sus dichos. "Tanto para este ministerio como para esta ministra, se trata de un preso común, que está condenado por un homicidio", dijo. "En ningún caso, desconocer la condena de 18 años de esta persona por homicidio e incendio", agregó.

Con carros lanzaguas, gases y carabineros con escudos, el Gobierno desalojó ayer los cinco accesos de la planta de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) en el Biobío, que estaban bloqueados hace ocho días por trabajadores subcontratistas que exigen mejores condiciones.

La orden fue firmada por la delegada presidencial regional, Daniela Dresdner, a requerimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) por el riesgo de desabastecimiento que existía para la zona centro sur, según alertó la propia compañía la semana pasada, lo que generó el colapso de bencineras en varias ciudades.

En la mañana el gobernador Rodrigo Díaz había pedido al Ministerio de Energía un "rol más activo" para destrabar el conflicto.

Luego de tres llamados por altavoces que no fueron atendidos, los carabineros usaron la fuerza para desalojar a los movilizados.

"Así nos paga el Gobierno, el mismo Gobierno por el que ustedes votaron. Nos paga con represión, todos los que votaron por (Gabriel) Boric esto están recibiendo a cambio", dijo el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados (Fenatrasub) de ENAP, Victor Sepúlveda.